La institución soy yo

Durante décadas el poder político en México se ha sustentado sobre la capacidad que tienen las personas de influir en las contrataciones y licitaciones en las instituciones, no se trata de quién gana elecciones, sino de quiénes operan al interior de las dependencias y son capaces de colocar el mayor número de recomendados y de controlar la asignación de obra pública. Las instituciones forman parte de los partidos y contribuyen al clientelismo y la corrupción; en algunos casos fungen como apoyo de las campañas políticas y sus recursos son destinados a fines políticos, convirtiéndose en las cajas “chicas” de los partidos y de las y los servidores públicos que las utilizan como trampolín.

Sobrevivientes de la demagogia las dependencias cambian de dueño a la par de las transformaciones del sistema político y el cambio de partido en el gobierno; incapaces de frenar los privilegios que se sustentan sobre su explotación, las instituciones padecen y carecen la falta de autonomía y la separación que debería existir entre lo que representan y quien las encabeza. Tras un sexenio marcado por el escándalo, en México se hace necesario evaluar el comportamiento de las y los servidores públicos, y terminar con la idea de que señalar los errores y omisiones de las personas equivale a debilitar la institución.

La idea de que las dependencias y quien las dirige son “uno mismo”, es arcaica y parece estar sustentada en la lógica del partido hegemónico en que todo y todos se debían al partido y el partido a ellos; aunque las instituciones sobre las que se fundó esta nación se crearon en un afán progresista fueron invadidas por funcionarios del régimen que se creían parte intocable de la vida política y la administración pública; y que trasladaron los “valores” de: lealtad, cohesión, falta de crítica, silencio y omisión a las instituciones, generando y promoviendo la idea de que criticar el actuar de la personas era criticar la organización y que esto dañaba la institución y al gobierno mismo. En pocas palabras, si Luis XIV dijo “el estado soy yo”, los servidores públicos en México dijeron “la institución soy yo.”

Y ahí radica el problema, en creer que por dirigir o ser parte de una dependencia, la sociedad debe guardar silencio ante los errores y omisiones de los servidores (secretarios de estado, directores, gobernadores, jefes de unidad, jefes de departamento, sub secretarios, sub secretarias, secretarias, directoras, etc), asumir que la investidura se vulnera cuando la ciudadanía demanda disculpas, renuncias o soluciones ante actos de abuso de autoridad y corrupción, es un pensamiento propio del siglo XVII e incompatible con la era en que vivimos.

Los poderes del estado y las instituciones existen para poder dar orden a la forma de gobierno que hemos elegido para nuestro país, el ejercicio de sus funciones no debe estar supeditado a una persona. Emanadas del consenso y la pluralidad, las dependencias no representan a un servidor, sino que sirven a los fines que como sociedad le hemos encomendado, su objetivo es procurar el bien común y promover el desarrollo de la nación. Quienes las dirigen y trabajan en ellas no son dueñas de, sino empleados, trabajadores, ciudadanos y ciudadanas que ocupan un cargo público de manera provisional y que al finalizar su encargo no deberían llevarse ni un lápiz de ahí.

Sin embargo, en la realidad algunas personas que se desempeñan al frente de las instituciones se asumen como la institución per se. Y para quienes los nombran y sostienen al frente de las distintas dependencias parece inconcebible “vulnerar” el nombramiento que han otorgado, por el contrario prefieren el silencio cómplice, la impunidad, la desaprobación y el descontento social antes que admitir públicamente que sus “amigos”, “compañeros de partidos”, “compadres”, “aliados políticos” cometieron actos de corrupción a través de las distintas dependencias gubernamentales. Los gobernantes en turno prefieren tener amigos corruptos y guardar silencio, que reconocer sus errores y dar solución a las demandas de justicia; dando muestra de que la sociedad solo importa cuando se trata de buscar votos y que durante el mandato es mejor hacerse de personas que robarán pero “nunca traicionarán” al partido, al Presidente o al Gobernador. Prioridades.

La impunidad y la injusticia se mantendrán como una constante en tanto quienes dirigen la administración pública mantengan prácticas antiquísimas que vulneran el estado de derecho y la procuración de justicia, porque ni Luis XIV era el estado ni los “amigos del gobernador” son los dueños de las Secretarías, al menos no en el país que queremos.

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