Opinión: Constitucion. Democracia. Legitimidad y voto.

Una novedosa experiencia vivimos los mexicanos en el segundo día de ejercicio del nuevo gobierno nacional, con la renovada esperanza de un pueblo que aspira a mejores condiciones de vida en los renglones de salud, educación, economía, trabajo, seguridad pública, comunicaciones, honestidad, transparencia y compromiso de los miembros de los poderes legislativo y ejecutivo de la federación que deberán  demostrar, en un corto plazo, con acciones que se traduzcan en avances palpables en esos rubros, ajustados al marco del Sistema Democrático Federal Mexicano, que no impliquen los riesgos de un autoritarismo desmedido enmascarado en la apariencia de la democracia, como lo señala el ministro José Ramón Cossío en su discurso de despedida: “La democracia, en el apoderamiento de los órganos del Estado, está suponiendo que puede hacerse, desde los órganos de Estado, lo que venga en gana porque al final de cuentas se tiene un gobierno legítimo mayoritario.

Los retos de este nuevo gobierno son precisamente consolidar el sistema federal sin caer en los desvíos que se pueden dar bajo en pretexto del apoyo ampliamente mayoritario recibido en las urnas en el mes de julio en favor del hoy presidente  Andrés Manuel López Obrador, que impliquen el uso de ese instrumento como pretexto para trastocar el sentido y alcance de las instituciones que regula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la caracterizan como suprema.

Fernando Enrique Cardoso en el texto denominado “El Nuevo Autoritarismo en America Latina” de David Collier, del Fondo de Cultura Económica, al referirse a las instituciones del autoritarismo cita que, en estos regímenes se organizan las relaciones de poder  en favor del Ejecutivo, mediante su reforzamiento que se refleja en la centralización y de sus capacidades que mina la tradición federal; implica la eliminación, drástica o reducción, del papel de los congresos y el control de la judicatura por parte del ejecutivo.

La descripción que hace el autor se esta reflejando en algunas de las innovaciones que se han hecho en las reformas legales y algunas iniciativas constitucionales que satisfacen el parámetro descrito en lo que toca al fortalecimiento de las facultades del ejecutivo y el control real que ya ejercía como electo y que ahora materializara en toda su intensidad como presidente de la República en funciones. La sujeción real no formal ya se hizo patente en el Congreso de Unión y en una mayoría de las legislaturas de los Estados, conjugada con la sustitución de miembros de la Suprema Corte, consecuencia del retiro de algunos de ellos.

De esta manera hemos transitado ya a un centralismo acentuado justificado por el abuso y actos de corrupción de los gobernadores que se sirvieron con la cuchara grande de los presupuestos asignados para abatir la pobreza o en educación y salud como lo hemos vivido en nuestro Estado. La Coordinadora o Super Delegada como se las denominado Nancy Ortiz en reciente entrevista en el Imparcial, declara que atenderá las zonas de pobreza en Oaxaca para cubrir el vacío del poder del gobierno local; por su parte algún otro miembro del poder aseguró que algunos gobernadores utilizaron los fondos de educación que se les entregaron de manera desviada, como sucede en Oaxaca.

Los extremos de control central y mal manejo de los gobernadores de los presupuestos, se justifican, sin embargo, al igual que lo que ocurre en seguridad pública con la militarización de las policías civiles, implica que los años de construcción y consolidación de la República Mexicana y sus instituciones no han logrado alcanzar los objetivos constitucionales de brindar servicios adecuados al pueblo y pone en duda que la división de poderes haya funcionado como tal con repercusión a la autonomía de la entidades en cuanto a su régimen interior que esta pulverizado.
La Supremacía Constitucional como depositaria de la voluntad del pueblo mexicano no es más que una declaración formal sin contenido al convertirse en un instrumento al servicio, en algún tiempo, de la voluntad del presidente en turno; ahora se ha ido trasladando esa voluntad a los grupos de poder, representado en pactos y en un partido único como gobernante con un líder preponderante, con regresión a la época de la transformación constitucional de un sistema de caudillos al de las instituciones, pero que gira alrededor de un partido hegemónico “Morena”. No hemos transitado a un Estado Democrático de Derecho.

Algún presidente mexicano que la Constitución era la revolución en movimiento para encubrir con las reformas a la misma la orientación que requería su plan de gobierno como expresión de su voluntad, con lo cual suprimió los obstáculos constitucionales y legales que lo impedían, de esta manera suplantó la voluntad popular, la del pueblo por la suya en la carta fundamental que se supone limita en quehacer del poder, para abrir el espacio requerido para hacer su voluntad.

Hoy se reproducen estos esquemas con diversos motivos y causas que lo justifican. En el pasado reciente el motivo fue que la Constitución era la Revolución en movimiento; hoy lo es “que el pueblo así lo expresa en consultas vinculantes sin soporte jurídico”, pero con la supuesta legitimidad del voto de mas de treinta millones de mexicanos, como sustento democrático.

Lo anterior constituye un falso esquema si se parte de que la legitimación implica que el gobernado no solo esta convencido de que un acto de autoridad es adecuado sino que el sustento constitucional y legal esta correctamente aplicado al acto de autoridad; Una cosa es la legitimación que da el voto a una elección y otra es utilizarlo para justificar actos del titular del poder ejecutivo para modificar la Constitución mediante el control que ejerce sobre el Congreso y en un futuro posiblemente de la Suprema Corte, con lo cual los tres poderes son ejercidos por una sola persona.
Como conclusión señalo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, originalmente diseñada como depositaria de la voluntad pueblo y limite al ejercicio del poder, los gobiernos la han convertido en depositaria de la voluntad del presidente en turno y del partido en el poder, usurpando la voluntad del pueblo con las múltiples reformas, que han trastocado las instituciones del sistema federal,  riesgo que hoy se acentúa como lo ha señalado el ministro José Ramón Cossío.

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