Admite juez amparo contra la ley que crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas

El pueblo originario de El Contadero, en la alcaldía de Cuajimalpa, exige una ley constitucional que reglamente los derechos indígenas. El pasado día 18, una juez admitió un amparo que tramitó la comunidad contra el decreto por el que se abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y se crea la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI, Diario Oficial de la Federación, 4/12/18).

El Contadero sostiene que ninguno de sus miembros fue convocado por el Congreso de la Unión ni otras instancias del Estado para participar en una consulta previa, libre e informada en términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para dar el consentimiento a la Ley del INPI.

El Estado mexicano está obligado a consultar a los pueblos y comunidades indígenas cada vez que prevea medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarlos. Ello –argumentan los pobladores inconformes– para garantizar la participación de las personas originarias en la toma de decisiones relativas a cualquier medida estatal que afecte sus territorios.

Los instrumentos internacionales determinan que la consulta a dichas comunidades debe realizarse mediante procesos especiales y diferenciados, y a su vez respetar el sistema particular de cada pueblo, para que pueda entenderse como un procedimiento adecuado y efectivo entre éstos y las autoridades estatales u otros actores.

Y añaden: “La supuesta ‘consulta’ del Poder Legislativo federal fue regional, no particular, y meramente informativa, abstracta y difusa, sin apegarse a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. El Contadero enfatiza en que Ley del INPI es un instrumento arbitrario con el que los poderes Ejecutivo y Legislativo federales pretenden definir los nuevos lineamientos de las políticas públicas para transformar la calidad de vida de los pueblos y comunidades, algo que únicamente compete a las personas indígenas en función de sus derechos a la autodeterminación, el autogobierno, al territorio y sus recursos naturales.

El escrito de El Contadero insta el amparo ante el Poder Judicial de la Federación, haciendo ver que la ley impugnada pretende regular los procedimientos de consulta previstos en el Convenio 169 de la OIT, cuando el Congreso de la Unión ha omitido legislar la ley constitucional que reglamente los derechos de pueblos y comunidades originarios previstos en los artículos 2, 27, 115 y otros de la Constitución, lo que es una omisión legislativa absoluta.

Señala que es momento de regular los derechos indígenas y sentar bases de interlocución entre estas entidades de interés público y el Estado, ante “la relación iuris vinculum creada de manera voluntaria por el Estado ante los pueblos indígenas”. Y concluye: La Ley del INPI está en disonancia (porque impone y no propone) con la postura fijada por Andrés Manuel López Obrador el primero de julio de 2018 en términos que los inconformes recuerdan ahora: Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y olvidados, en especial a los pueblos indígenas.

En la reforma al artículo 19 constitucional, la Cámara de Diputados analiza una petición del Senado para restituir delitos que fueron excluidos de la minuta que amplía el catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa.

En el texto que envió el Senado se incluyeron: abuso o violencia sexual contra menores; feminicidio; robo de casa habitación; robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades; desaparición forzada y desaparición de personas a manos de particulares; delitos en materia de arma de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; robo de hidrocarburos, corrupción con fines de enriquecimiento ilícito y uso de programas sociales con fines electorales.

No obstante, la bancada de Morena decidió que sólo se incluyeran estos últimos tres y dejó fuera los primeros seis. El coordinador de la fracción, Mario Delgado, informó que se recibió una comunicación de la Junta de Coordinación Política del Senado donde se pide que la Cámara de Diputados apruebe la minuta en sus términos.

Cuando terminamos el periodo extraordinario sin abordar el artículo 19, quedamos con los coordinadores parlamentarios en que íbamos a respetar la ley; por tanto, debe dictaminarse y, en su caso, aprobarse en la primera sesión, que ocurrirá el 5 o 6 de febrero, cuando tendrá que agendarse.

–¿Vendría completo, con los tres delitos que se tenían previstos?

–La Comisión de Puntos Constitucionales dictaminó solamente los tres originalmente propuestos por el Presidente: corrupción, delitos electorales y robo de combustible.

La Comisión de Puntos Constitucionales va a tomar en cuenta la petición del Senado y vamos a ver finalmente qué acuerdo construimos; es muy probable que el dictamen original de tres delitos sea modificado para incluir más.

 

La Jornada