Comparecencia ante el pleno del H. Congreso del estado: Rubén Vasconcelos Méndez Fiscal General del Estado de Oaxaca

La procuración de justicia es un trabajo técnico, no político, que requiere la fijación de estrategias, directrices y líneas de acción para cumplir su objetivo: reducir la impunidad y con ello fortalecer el estado de derecho.

Bajo el conocimiento de esta finalidad de la procuración de justicia, me parece importante comenzar esta intervención fijando tres premisas, sustento de lo que a continuación diré: primero, las Fiscalías no prevenimos delitos, les damos respuesta, no tenemos como función la seguridad ciudadana sino el combate a la impunidad. Contribuimos a la seguridad ciudadana y a la prevención del delito combatiendo la impunidad. Segundo, a las Fiscalías no se les puede achacar el incremento de los delitos (realmente a ningún órgano del sistema penal), lo que se les puede reclamar es no dar respuesta a los casos de que conocen. Y tercero, para poder adoptar una auténtica y efectiva política de seguridad y de persecución penal hay que partir de indicadores objetivos, del conocimiento del comportamiento criminal y del análisis de los contextos. Las políticas de seguridad y procuración de justicia son temas muy serios que no pueden utilizarse políticamente ni construirse basándose en datos sin sustento, sin conocer de fondo los problemas sociales que ocasionan los delitos y sin tener certeza de lo que se quiere resolver.
 
I. REORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
Bajo las anteriores premisas, en el último año hemos procedido a la reorganización de la Fiscalía General en todo el estado. Nuestra apuesta es por un cambio total del modelo de gestión de asuntos en la institución que nos lleve a servir mejor al público y a ser más eficientes en la determinación y resolución de casos. La necesidad de este cambio tenía muchas formas de manifestarse pero creo que particularmente se podía apreciar en dos rubros: el enorme rezago de investigaciones que había a principios de 2017 (212,567 averiguaciones previas en rezago y 5,422 procesos penales en trámite) y en el bajísimo número de casos determinados y judicializados, que en promedio oscilaba en el 8% del total. Ante esto, era imperioso cambiar la organización y gestión de casos en la institución con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.

El rediseño de la institución que estamos realizando tiene cinco ejes principales: 1) la resolución de asuntos a través de decisiones tempranas; 2) la utilización de los MASC para resolver casos sin llegar a la instancia judicial; 3) el fortalecimiento de la investigación de aquellos delitos que hemos considerado prioritarios y requieren ser judicializados; 4) la consolidación de los servicios periciales y forenses; y, 5) la profesionalización de la policía de investigación. A estos cinco temas me referiré brevemente a continuación.
 
1.- ORIENTACIÓN, DENUNCIA Y DETERMINACIÓN INMEDIATA
Ninguna denuncia que se presente ante la FGE puede dejar de tener una respuesta. Frecuente era la queja de la población de que pasaba el tiempo y no había determinación de los asuntos.

Antes esto, era necesario dar y organizar las respuestas. Para ello creamos el Centro de Orientación, Denuncia y Determinación Inmediata (CODDI). Este Centro, que sustituyó al CAT, es el primer contacto con los usuarios y su función específica es discriminar los casos que se van presentado para que dependiendo del delito o de su posibilidad de ser investigado se tomen determinaciones inmediatas o se canalicen a las áreas de justicia alternativa o investigación.
Empezamos a operar con este nuevo órgano en un proceso de tres fases: la primera, inició en agosto de 2017, en la capital del Estado; la segunda, inició en enero del 2018 con su funcionamiento en los distritos de la Zona Centro; y, el tercero, inició el 01 de agosto del 2018, cuando lo implementamos en todas las regiones del estado. Hoy tenemos 20 Unidades del CODDI en todo el Estado. Para hacer funcionar dicho órgano también creamos una nueva figura, los fiscales orientadores, y hoy tenemos 43 en la entidad.

A través del CODDI, en 2018 fueron atendidos un total de 37,109 usuarios, se dieron 12409 asesorías y se iniciaron 8177 investigaciones. Del total de carpetas iniciadas, fueron derivadas a las áreas de investigación de la Fiscalía General un total de 2,124, al Centro de Justicia Alternativa 2,311, se resolvieron vía un mecanismo discrecional 4656 y 6137 se enviaron a algún área de investigación. De todas las CI iniciadas vía fiscales orientadores, al día de hoy solo 69 están en trámite en todo el estado. Es decir, hay respuesta, en menos de quince días, a casi todas las denuncias presentadas ante la Fiscalía General. Ahora los usuarios pueden tener la confianza de que sus denuncias son atendidas con mayor diligencia y eficacia. Reitero, hemos eliminado el rezago en las carpetas de nuevo inicio.

Esta estrategia de la FGE para la atención de casos tiene varias líneas de acción en lo sucesivo. Pretendemos que el CODDI sea la única puerta de entrada a la Fiscalía; que inicie el 60% de las investigaciones que ingresan a la institución; que se incremente el número de determinaciones a través de facultades discrecionales y de derivaciones al Centro de Justicia Alternativa, (el propósito es derivar 48% de los asuntos iniciados por los fiscales orientadores) y que sigamos reduciendo el tiempo de espera de los usuarios para ser atendidos por el Ministerio Público (El tiempo promedio actual es de 7 minutos y el tiempo que se desea lograr es inmediatamente a la llegada del usuario).
 
2.- LA JUSTICIA ALTERNATIVA
Hemos fortalecido nuestro Centro de Justicia Alternativa, área encargada de aplicar los mecanismos alternativos de solución de controversias (mediación, conciliación y juntas restaurativas) en aquellos casos iniciados por delitos que la ley permita resolver mediante un acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso, facilitando el dialogo entre los involucrados en un conflicto penal para la resolución de asuntos por la vía no jurisdiccional.  

Actualmente ya tenemos 35 facilitadores en todo el estado: 3 en la Mixteca; 2 en la Cuenca; 1 en la Sierra Sur; 4 en la Costa; 6 en el Istmo; y 19 en Valles Centrales. De esos 35 facilitadores, 22 están certificados. Además, el Centro ya cuenta con 3 invitadores que cubren las actividades de las unidades ubicadas en Oaxaca de Juárez (Arista y Ciudad Judicial).
Durante 2018, se iniciaron en el Centro de Justicia Alternativa 7251 expedientes y se celebraron 3175 acuerdos reparatorios, recuperándose a través de estos, la cantidad de: $46,200,350.90 (CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS CNCUENTA PESOS CON NOVENTA CENTAVOS) por concepto de reparación del daño a favor de las víctimas. De los 3,175 acuerdos reparatorios celebrados, se han cumplido 2294; 75 están en proceso de cumplimiento y 806 se incumplieron, lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 74%.

El total de expedientes iniciados en el Centro de Justicia Alternativa representó durante 2018 la atención de 10,064 usuarios. Los delitos que principalmente se llevan a un proceso restaurativo y en los que se ha obtenido alguno de los 3175 acuerdos reparatorios son: lesiones (1230); daños (505); robo (225); y, amenazas (169). Utilizamos diversos mecanismos sobresaliendo la conciliación (2438 casos) pero también la mediación (724) y las juntas restaurativas (13). Las obligaciones pactadas por las partes para la solución de su conflicto penal van desde la compensación económica, la reparación del bien dañado, la entrega de bienes, pases médicos, o el compromiso de respeto.

Cuando llegamos a la FGE se derivaban a justicia restaurativa solo el 1.5% de los casos. Hoy el 27% de los asuntos que llegan a la FGE se derivan a MASC. Esto quiere decir que damos respuesta a las víctimas por vías no judiciales. Estamos creando una justicia dialógica, que tiene como centro la reparación del daño a las víctimas. La FGE se ha convertido así en gestor de conflictos y con ello contribuye a la paz social y al acceso la justicia.
 
3.- INVESTIGACIÓN DE DELITOS
A inicios de 2017 la situación de la procuración de justicia en el estado era grave. La situación se expresaba de forma sencilla en la boca de la gente: la FGE no resolvía las denuncias que se presentaban. Para atender esto, que es nuestra principal labor, teníamos que fijar una política de persecución penal que fijara prioridades y definiera con claridad donde se concentrarían los esfuerzos de la institución en la investigación de delitos. Así lo hicimos. Construimos nuestro plan de persecución penal, establecimos como prioritarios los delitos que más nos afectan como sociedad y procedimos a fortalecer nuestras unidades de investigación, a reforzar la coordinación entre los diversos órganos de la Fiscalía General, a cambiar la metodología de atención de casos, a introducir la utilización de soluciones tecnológicas en las indagatorias, y a incorporar nuevos sujetos, como los analistas criminales, en los procesos de investigación. Estamos avanzando mucho en el número de casos resueltos lo que significa que estamos avanzando mucho en la reducción de los niveles de impunidad en los delitos más graves.

A continuación me referiré a algunos de los delitos más graves (homicidios, secuestros, feminicidios y homicidios de mujeres y desapariciones) para mostrar el trabajo realizado y los resultados alcanzados en la resolución de casos.

HOMICIDIOS
En Oaxaca durante 2018 se abrieron 984 CI por homicidio. 71 más que en 2017 cuando se abrieron 913. Un incremento del 7.4%. A nivel nacional Oaxaca ocupa el lugar número 11 en número de homicidios mismo lugar que ocupó en 2017.

A inicios de 2017 el índice de resolución de casos de homicidio en la FGE era bajísimo. Estudios nacionales ponían a Oaxaca en el último lugar en resolución de casos de homicidios con una impunidad del 98%. Estamos trabajando para que estas tasas aumenten considerablemente y lo vamos consiguiendo. En 2018 obtuvimos 148 órdenes de aprehensión. Tenemos procesados a 133 homicidas.

Obtuvimos 17 sentencias condenatorias.
Para lograr mejores resultados en la resolución de casos de homicidios estamos instalando Unidades de Investigación de Delitos de Alto Impacto en todas las Regiones del Estado. Estas Unidades pretendemos que se conformen con MP, AEI, Peritos, Analistas y personal administrativo y de estadística y que utilice un modelo multidisciplinario para atender los casos. Estamos convencidos que mediante el análisis integral de los asuntos y a través de procesos que lleven al intercambio de información recolectada por todos los intervinientes se pueden esclarecer hechos y dar con responsables.

Esta forma de organización ya la adoptamos en Valles Centrales. Aquí, después de varios cambios en el área dedicada a la investigación de delitos de alto impacto probamos que esta forma de organización y de método de trabajo tiene resultados positivos. Así, durante 2018 se obtuvieron el doble de órdenes de aprehensión respecto a las obtenidas en 2017, se pasó de 12 a 21 mandatos judiciales; se lograron 20 vinculaciones a proceso número muy superior a las 7 obtenidas en 2017; se dictaron 7 sentencias condenatorias, cuando en 2017 solo se obtuvieron 2. Esto se ha logrado, repito, cambiando la forma de organización y los métodos de trabajo.
 
SECUESTROS
Durante 2018, abrimos 27 CI por secuestro. 24 menos que en 2017 cuando se abrieron 51. En 2018 hubo en nuestro Estado un decremento en el número de secuestros del 47.05%. De ser a nivel nacional en 2017 el número 7 en secuestros pasamos a ser durante 2018 el número 12. Estamos muy por debajo de la media nacional de secuestros que es de 67 por año.

En el ámbito de la resolución de casos, es decir, ya propiamente de la procuración de justicia, nuestros procesos de investigación tienen buenos resultados: se brindó asesoría en la negociación para el rescate de las víctimas en 26 de los 27 secuestros que se perpetraron en 2018; se capturó en flagrancia a 7 secuestradores; se obtuvieron y ejecutaron 7 órdenes de aprehensión; se vinculó a proceso a 15 personas y se obtuvieron 4 sentencias condenatorias contra 6 personas. A uno de ellos se le impuso la pena de 50 años de prisión, a otro 33 años y al resto de los secuestradores 80 años de cárcel. Desarticulamos varias bandas en el estado y rescatamos vivas a 29 víctimas, 23 adultos y 6 adolescentes, 8 mujeres y 21 hombres.

Quiero destacar que la Unidad de Combate al Secuestro de la FGEO constituye uno de los más claros ejemplos de buena organización, especialización y eficiencia. Esto se reconoció en la Reunión Nacional de UECS que se efectuó aquí en Oaxaca el año pasado. Esta Unidad desde su creación ha detenido a 872 secuestradores.
Sin embargo, y aún frente a los resultados positivos, tenemos que seguir fortaleciendo nuestra Unidad contra el secuestro para no bajar la guardia en el combate a este terrible flagelo (este mes de enero ya tuvimos 5 secuestros). Pero hay que tener claro que enfrentar este delito plantea múltiples y complejas exigencias: requiere el empleo de inteligencia, el fortalecimiento de capacidades operativas, la obtención y conformación de sistemas de información y, entre otros elementos, la realización de acciones de prevención y promoción de la denuncia. Hemos trabajado arduamente para satisfacer estas exigencias. Este año, debido a que consideramos la atención de este delito como una de nuestras prioridades, obtuvimos, vía recursos FASP, importantes instrumentos para su investigación: licencias de geolocalización para equipos telefónicos móviles, equipos de extracción de información de telefonías, kits de manejo de crisis y negociación, entre otros instrumentos. Pero requerimos mucho más si queremos enfrentar profesional y decididamente este delito. Requerimos vehículos, cámaras, micrófonos, drones, binomios, en general tecnología.

Es imposible enfrentar la criminalidad sin considerar lo complejo que resulta hacerlo sin los instrumentos adecuados. Ciertos delitos y determinadas expresiones de la criminalidad no pueden resolverse sin tecnología. Se acabaron los tiempos de la lupa y la libreta para resolver casos. Hoy necesitamos invertir en equipos técnicos si es que realmente tomamos en serio el combate a la delincuencia.
 
MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES
La investigación de las MVM es una prioridad en el trabajo que realiza la FGE. Durante 2017 se iniciaron 121 CI por muertes violentas de mujeres. 51 por feminicidio (más 4 por tentativa de feminicidio) y 70 por homicidio doloso. En 2018, se iniciaron 116 CI por MVM, 29 por feminicidio (más 9 en grado de tentativa) y 87 por homicidio doloso. En 2017 fueron asesinadas en Oaxaca129 mujeres y en 2018,127.
Quiero destacar algunos datos importantes respecto a este tema.
A) El número de muertes de mujeres por feminicidio disminuyó en 2018 respecto a 2017 al pasar de 51 CI a 29. Estamos muy por debajo de la media nacional que es de 49 casos. Oaxaca ha pasado a ser en casos de feminicidio el número 10 entre los estados del país, cuando en 2017 fue el número 4.
B) Hay un aumento del número de carpetas de investigación abiertas por homicidios dolosos de mujeres. Pasamos de 70 que hubo en 2017 a 87 en 2018. Un crecimiento de más del 20%.
En los últimos dos años hemos trabajado con exhaustividad todos los casos de muertes violentas de mujeres. Repito, esos casos son una prioridad para la FGEO. Y a diferencia del pasado, hoy podemos decir que estamos teniendo resultados en el trabajo de investigación que efectuamos.

Antes, muy pocos casos llegaban ante la justicia y obtenían sentencias condenatorias. Hoy estamos poniendo cada vez más casos ante los jueces después de diligentes y exhaustivas investigaciones y obteniendo sentencias condenatorias. Es decir, estamos haciendo justicia a las mujeres muertas, a sus familias y a la sociedad. Me permito destacar al respecto los siguientes datos.

Judicializaciones. De las 55 CI por feminicidio abiertas en 2017 ya hemos judicializado 31. Y de las 38 CI abiertas en 2018 ya hemos judicializado 29. Quiero destacar que antes de 2017 el índice de CI de investigación judicializadas no rebasaba el 8%. Ahora, de los casos de 2017 ya judicializamos y encontramos un probable responsable en el 60% de los casos de feminicidio y en los de 2018, en el 75%. A la pregunta de cuantos casos de feminicidio resolvió la FGE de los casos de feminicidio que se produjeron en 2018, la respuesta es el 75% de los mismos.

En el caso de los homicidios dolosos de mujeres, de las 71 CI abiertas en 2017 hemos encontrado responsables en 19 casos, y de las 87 abiertas en 2018 en 25 casos. Es decir, nuestras tasas de judicialización son del 28% y 30% en 2017 y 2018.

Ordenes de aprehensión. Hemos obtenido en los últimos dos años 104 órdenes de aprehensión contra feminicidas y homicidas de mujeres provenientes de 89 carpetas de investigación iniciadas. Los casos en los que ya contamos con OA datan de 2015 a 2018. Dos son casos de 2015, 7 de 2016, 46 de 2017 y 47 de 2018. 56 de dichas órdenes son por feminicidio y 48 por homicidio doloso. Quiero destacar que solo en 13 de los 104 casos los imputados fueron detenidos en flagrancia, en el resto, las OA son resultado de la labor de investigación efectuada en la FGE. Hemos ejecutado 59 órdenes de aprehensión de las 104 que obtuvimos. Trabajamos actualmente para la captura de 43 sujetos probables responsables prófugos.

Personas procesadas por feminicidio u homicidio doloso. La FGE actualmente tiene en proceso a 42 personas por feminicidio y homicidios de mujeres en los distintos juzgados del estado. A 19 les hemos imputado feminicidio y a 23 homicidio doloso. Estos procesos están en diversas etapas procesales: 27 están en investigación complementaria; 7 en audiencia intermedia; y, 8 en audiencia de debate. Los procesos se tramitan en las diversas regiones del estado: 14 en la Costa; 5 en el Istmo; 6 en la Cuenca; 9 en Valles Centrales (incluye Valles centrales, FEADM y FEDAI); 4 en la Mixteca; 3 en la sierra Norte y Sur; y uno en los juzgados de adolescentes. Todas las capacidades de investigación y litigación de la FGE están puestos en estos casos.

Sentencias condenatorias obtenidas. La FGEO ha obtenido 45 sentencias condenatorias por feminicidios y homicidios dolosos de mujeres en los años 2017-2018. En 2017 se lograron 21 y en 2018, 24. De estas 45 sentencias condenatorias, 17 son por feminicidio y 28 por homicidio doloso. De las 17 sentencias por feminicidio, 10 las obtuvimos en 2018. Las sentencias por feminicidio y homicidio doloso de mujeres que ha logrado obtener la FGE durante los años de 2017-2018 se han dictado en los diversos juzgados de la entidad. Destaco el Istmo, donde hemos obtenido 6 sentencias condenatorias por feminicidio y los Valles Centrales donde hemos obtenido 8 sentencias condenatorias por homicidio doloso. Las penas que se han obtenido en las 45 sentencias condenatorias dictadas van de 9 a 210 años. 31 de las 45 sentencias condenatorias obtenidas rebasan los 30 años de prisión. En el caso de los feminicidios, 10 de las 17 sentencias rebasan los 40 años de cárcel. Estamos solicitando castigos ejemplares ante estos tremendos hechos de violencia.

Estrategia seguida para la atención de los casos de MVM
Hemos reorganizado y cambiado los métodos de trabajo en la FGE para lograr eficiencia en sus labores de investigación de los casos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres. Este cambio lo guiamos a través de un esquema de trabajo que denominamos Plan para la Inclusión de la Perspectiva de Género en la Fiscalía General del Estado y que contiene diversas medidas que hemos estado ejecutando, entre ellas las siguientes:
a) Capacitación de 701 servidores públicos en temas relacionados con Derechos Humanos de las Mujeres y Género, para garantizar investigaciones realizadas con perspectiva de género que permitan a las mujeres acceder a la justicia cuando viven algún tipo de violencia.
b) Creación de la Unidad de Género de la FGEO para asegurar la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de igualdad sustantiva en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas que impactan en todas las unidades administrativas de la Fiscalía General y garantizar la coordinación institucional.
c) Mejoramiento de las áreas de atención a víctimas de la FGE, tanto del Centro de Atención a Víctimas como del CEJUM.

Respecto a éste último, actualmente realizamos labores de ampliación y mejoramiento de nuestro CEJUM de Valles Centrales con el objeto de tener instalaciones dignas para atender a las víctimas de violencia y hemos terminado la construcción del CEJUM Juchitán, en el que se invirtieron en su última etapa 9.8 millones de pesos y donde se espera brindar atención integral a aproximadamente 1500 mujeres al año.
d) Instalación, como lo informé antes, en cada una de las Regiones del Estado, de Unidades de Investigación de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género.
e) Integración del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Feminicidio, como instancia técnica de examen y seguimiento a la aplicación del Protocolo en toda investigación de muertes violentas de mujeres; así también, instalamos el Comité Interinstitucional de Evaluación y Seguimiento, cuya instancia se conforma por representantes del gobierno y la sociedad civil y que tiene la facultad de analizar y evaluar la aplicación del Protocolo; estos organismos favorecen el seguimiento puntal de las investigaciones de feminicidio y transparentan el actuar de las Autoridades involucradas en las indagatorias.
 
PERSONAS NO LOCALIZADAS Y DESAPARECIDAS
La FGE hace labor de investigación y de búsqueda en el caso de ausencias de personas en dos situaciones: cuando están no localizadas y cuando están desaparecidas. En el primer caso, la ausencia no está relacionada con un delito y, en el segundo caso, el de las desapariciones, si está relacionado con un delito. No es lo mismo una persona no localizada que una persona desaparecida. El trabajo en el primer caso lo realizamos a través de la DNOL y el trabajo de investigación en el caso de desapariciones lo realizamos a través de la Unidad de Personas Desaparecidas que creamos en agosto de 2017.
 
Personas no localizadas. Durante 2017, la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas tuvo registro de 295 personas reportadas como no localizadas, 187 mujeres y 108 hombres, de las cuales, después de los trabajos de búsqueda, fueron recuperadas 293, todas las personas con vida, faltando por localizar 2 personas (1 hombre y 1 mujer). Durante 2018, fueron reportadas 212 personas como no localizadas, 124 mujeres y 88 hombres, recuperando 205 por lo que se continúa con la búsqueda de 7 personas (3 mujeres adolescentes y 4 hombres adultos). Quiero destacar la eficiencia de nuestra área de búsqueda de personas no localizadas. En 2017 fueron localizadas el 98% de las personas reportadas y en 2018, el 95%.
 
Alerta Rosa Oaxaca. Derivado de las reformas realizadas el 8 de diciembre de 2017, a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, se creó, un Programa de Búsqueda denominado “Alerta Rosa”, aplicable en caso de desaparición o no localización de mujeres dentro del territorio del Estado. Las reformas a la Ley antes mencionada establecen que dicho programa deberá contar con un Protocolo de actuación que permita la inmediata localización y recuperación de mujeres que pudieran estar en riesgo inminente de sufrir un daño grave en su integridad por motivo de su no localización. De igual forma, la Ley establece un Comité Estatal, el cual será presidido por el Fiscal General del Estado de Oaxaca, quien por conducto de la Coordinación Estatal será la autoridad competente para evaluar, analizar y, en su caso, activar la “Alerta Rosa” en el Estado de Oaxaca.

El 17 de abril del 2018, en sesión solemne, instalamos el Comité Estatal Alerta Rosa en el Estado de Oaxaca, conformado por las siguientes Dependencias: Sistema DIF Estatal, Secretaría de Seguridad Pública, Instituto Estatal de Educación Pública, Secretaría de Asuntos Indígenas, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Salud y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión de Oaxaca. El Fiscal General del Estado de Oaxaca funge como Presidente del Comité y el titular de la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas como Coordinador Estatal. El 02 de mayo de 2018, el Comité Estatal Alerta Rosa, aprobó por unanimidad de votos el Protocolo Alerta Rosa para el Estado de Oaxaca, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 01 de junio de 2018.
Desde la instalación de la Alerta Rosa y hasta el 31 de diciembre de 2018, activamos 23 Alertas Rosas en la entidad, logrando la recuperación de 18 mujeres de las cuales 2 son niñas, 12 adolescentes, y 4 adultas (una sin vida y una de nacionalidad israelí), faltando por localizar 4 mujeres; 3 adolescentes y 1 mujer adulta.
 
Personas desaparecidas. Respecto a las investigaciones que tenemos iniciadas por la desaparición de personas, estas se trabajan en nuestra Unidad Especializada en casos de Desaparición cuya creación se publicó el 16 de agosto del año 2017, en el Periódico Oficial del Estado, y cuyo objeto es la búsqueda de personas, la investigación y persecución de delitos en materia de desaparición de personas.
A partir de que creamos esta Unidad especializada concentramos ahí todos los casos de personas desaparecida en el estado. Hoy tenemos trabajando en dicha Unidad 77 CI, 6 por desaparición forzada y 71 por desaparición por particulares. En ellas son víctimas 28 mujeres y 59 hombres. Además de labores de investigación, en esta Unidad efectuamos labores de búsqueda en todos los casos y en los asuntos en los que se tengan datos objetivos de posibles lugares donde encontrar a las víctimas se realiza el correspondiente plan de búsqueda.
 
4.- LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES
La AEI debe ocupar el importante rol que le corresponde en la consolidación del SPA y efectuar su función de investigación de delitos de forma eficiente, honesta y profesional. Debemos tener una policía de investigación profesionalizada y en adecuada coordinación con el MP, peritos y todos los operadores del sistema penal. En eso estamos trabajando intensamente.

Hemos reorganizado la forma de trabajo en la AEI y logrado objetivos importantes. La AEI es ahora una de las corporaciones de policía del país con más altos índices de eficiencia la ejecución de órdenes de aprehensión.
Hemos también privilegiado la capacitación para tener una policía profesionalizada. Por primera vez en la historia de la FGE hemos entregado a 64 elementos de la AEI el Certificado Único Policial (CUP) que es el documento que acredita a los policías aptos para ingresar o permanecer en las Instituciones de Procuración de Justicia y que cuentan con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo. Con esta entrega de CUP avanzamos en instituir la profesionalización dentro de la AEI con el aval del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de servicio civil de carrera en el perfil de policía o agente de investigación. Este año 2019, durante este trimestre, entregaremos otros 100 CUP a igual número de agentes estatales de investigación.
 
5.- EL INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES
La labor de investigación de casos es imposible si no se cuenta con adecuados servicios periciales y forenses. Por ello, al llegar a la FGE nos propusimos hacer del Instituto de Servicios Periciales un órgano a la altura de los mejores del país. Estamos haciendo esfuerzos y caminando para lograrlo.

El ISP realiza al año más de 50 mil dictámenes periciales y 2 mil necropsias, entre otros estudios y actividades. Esto requiere preparación profesional y científica de sus integrantes y adecuado equipamiento de sus laboratorios. Por ello, estamos efectuando el proceso de acreditación de nuestros laboratorios forenses bajo las normas, ISO 17020 y 17025, a través del Programa de Apoyo a los Laboratorios Forenses Estatales y Federales del Programa Internacional para la Capacitación y Asistencia en la Investigación Criminal de la Agencia de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos de Norteamérica (ICITAP-INL). Dentro de este proyecto, durante el segundo semestre del 2018, acreditamos las áreas de Criminalística, Planimetría, Tránsito Terrestre, Fotografía, Forense, Balística, Antropología Forense y Retrato Hablado, concretando así la capacitación y certificación bajo estándares internacionales de la mayoría de especialidades con las que cuenta el Instituto.

Actualmente realizamos trabajos de adecuación en los espacios que ocupan los laboratorios de Lofoscopía y Química Forense; fortalecemos las Subdirecciones Regionales con más personal pericial; trabajamos en el proyecto para construir un recinto provisional de cadáveres no identificados, y estamos concretando espacios en los panteones municipales para la inhumación de cuerpos no identificados.

Hemos obtenido, después de diversas gestiones realizadas ante la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América en México, la donación a través del esquema de colaboración Iniciativa Mérida, de equipo muy importante y adelantado para los laboratorios de Documentos Cuestionados, Balística Forense, Criminalística, y Química Forense. Quiero destacar que nuestro laboratorio de Genética Forense recibió un equipo de Extracción y Purificación de ADN (AUTOMATE EXPRESS), así como un termociclador en punto final, que lo coloca como uno de los mejores equipados del país.
Seguiremos trabajando para tener un ISP a la altura de las exigencias del sistema penal y de las necesidades de nuestras investigaciones ya que comprendemos que sus opiniones conclusivas de carácter técnico o científico son determinantes para sostener las imputaciones o acusaciones que presentamos ante los jueces.
 
Lo que he señalado anteriormente son algunas de las estrategias, acciones y resultados de la procuración de justicia en el estado en los últimos 18 meses.  Como he descrito, hemos avanzado mucho en diversos temas pero principalmente en la consagración de lo que nunca antes se había formulado en Oaxaca: una política de persecución penal con directrices claras en torno a la resolución de casos y al combate a la impunidad. En la actual procuración de justicia de Oaxaca ya no se improvisa, ni se recurre a las ocurrencias para establecer planes y acciones. Tampoco son los intereses políticos o las presiones mediáticas las que conducen los trabajos de la institución. El único interés que nos impulsa es el de las víctimas de delitos y el de la sociedad que exigen que su representante, el Fiscal General, procure justicia y aplique la ley firme e igualitariamente.

Actualmente existe consenso en todo el país de que uno de los principales problemas que nos aquejan es la impunidad. Y todos quienes ostentamos la titularidad de un órgano o representamos a la sociedad somos responsables de adoptar medidas que enfrenten contundentemente esa problemática. En Oaxaca, hay que reconocerlo, durante décadas no hubo decidido a la procuración de justicia, quizá porque no había proyecto institucional, quizá porque se consideraba a esta parte del poder político, quizá porque se procuraba una justicia selectiva normalmente dirigida contra los pobres. Hoy que tenemos una clara visión sobre la procuración de justicia, que actuamos con absoluta autonomía técnica y que nuestras acciones se dirigen a la protección de los grupos más vulnerables, me parece que es momento de cambiar esa inercia histórica y hacer en los hechos, no en el discurso, una prioridad a la procuración de justicia.

Lo anterior lo señalo conociendo a fondo los problemas y condiciones de la procuración de justicia en nuestro estado. Y lo afirmo también conociendo que muchos de ustedes saben la situación que enfrentamos, principalmente en las regiones. Muchos de ustedes no desconocen que la investigación de delitos no es una función política sino técnica, saben los esfuerzos que se hacen para integrar una carpeta de investigación y obtener una sentencia condenatoria, conocen que la Fiscalía General tiene este año menos presupuesto asignado en gastos operativos que en 2014 y que, entre otros problemas, los salarios de nuestro personal, a pesar de las largas jornadas de trabajo que enfrentan, no se condice con su profesionalismo. A muchos de ustedes en sus regiones, en los distritos que representan, les ha tocado, estoy seguro, lidiar con la escasez en las oficinas del ministerio público, reclamar por las víctimas, enfrentar la corrupción. Conozco, porque he platicado con varios representantes que saben que en el transcurso de los años hemos creado leyes muy buenas pero que no se traducen en la realidad y que para nuestra gente esas leyes buenas son una hoja en blanco al momento de ser víctima de un delito.

Por el conocimiento que tenemos de nuestra realidad, por el compromiso que compartimos de combatir la impunidad, porque sé que todos aquí creemos en los valores del estado de derecho, es que les propongo respaldar el viraje que estamos produciendo a la procuración de justicia en el estado y para ello respetuosamente destinar recursos suficientes para concretar proyectos que permitan tener una Fiscalía General del Estado fortalecida. Construyamos juntos, de la mano de todos los oaxaqueños, la justicia que nos merecemos, que se merecen las generaciones que nos suceden. Lo importante es que hoy podemos asegurar que sabemos cómo levantar ese monumental legado. Hagámoslo por todos quienes habitan en Oaxaca pero, sobre todo, hagámoslo por quienes tienen dolor, por quienes exigen justicia, por quienes claman un solo derecho, el de la verdad.
 
Muchas gracias.
 
 
San Raymundo Jalpan, Oax., 5 de febrero de 2019.
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