La supervivencia del Sistema Federal Mexicano está sometido a una severa prueba frente a la cuarta mutación que pregona el Presidente Andrés Manuel López Obrador que sustenta su gobierno bajo el dogma de que todas las instituciones del país están inmersas en la corrupción y en la impunidad que, a su juicio,  las directrices, proyectos y programas que impulsa y difunde, con esa base, son los que acabaran con los males de la República, de manera tal, que toda la crítica que se le hace a sus planteamientos de transformación, asegura que son de aquellos que persisten en mantener la corrupción e impunidad.

En este contexto se advierte un claro afán centralizador del poder en el Ejecutivo Federal que conlleva al control cerrado de los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial, así como de los órganos autónomos que forman el aparato de gobierno federal, que une con la restricción de las libertades de los habitantes de la República Mexicana, mediante reformas constitucionales que no están sujetas al escrutinio del control constitucional de la Suprema Corte, como sucede con la reforma a la educación propuesta por la cuarta transformación, la guardia nacional, la ampliación de los supuestos de la prisión preventiva oficiosa.

Las muestras motivadores de este proceso centralizado del ejercicio del poder están cimentadas en dos palabras que, reiteradamente son pronunciadas y aplicadas a situaciones específicas que, a juicio del Presidente López Obrador, justifican las reformas constitucionales y legales que están en el horno y que sirven precisamente para abrir el espacio de que la voluntad presidencial de un hombre y un poder sea preponderante a la del pueblo, incurriendo en las mismas prácticas que los gobiernos de la época hegemónica prevaleciente hasta el año 2000.

Los riesgos son mayores que los beneficios pues desde ahora se proyecta un aparato omnímodo incontrolable para mantener a un grupo de interés en el poder homologado en todo el país y monopolizar con ello la voluntad del pueblo, mediante el control político- electoral, apoyado por un aparato represivo de los procesos de renovación de los poderes, cercando con ello el ámbito de libertad de las personas y del goce de sus derechos humanos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, enfoca su quehacer en contra de la Suprema Corte, encargada de controlar que los otros dos poderes no se aparten de la Constitución y proteger los derechos fundamentales de los gobernados, cuando Corte suspende la aplicación de la ley de remuneración de los servidores públicos, cuestionando, como representante del poder ejecutivo, la decisión de ese alto tribunal, afirmando que “no es posible que haya funcionarios públicos en el país, habiendo tanta pobreza, que ganen 600 mil pesos mensuales; es una ofensa al pueblo de México y es un acto de deshonestidad” “están dando un mal ejemplo quienes deberían de impartir justicia; se equivocaron, porque no están entendiendo la nueva realidad, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y se olvidan de Juárez, quien decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía, deberían quitar su retrato de ahí”

Estas declaraciones públicas van más allá de la incompatibilidad del presidente con el criterio de la Suprema Corte, pues implican un ataque que debilita, sin que el presidente, como autoridad máxima del gobierno de la república este facultado constitucional o legalmente para hacerlo públicamente,  máxime que se trata de la  institución garante de los derechos del hombre en México y del equilibrio constitucional de los poderes, al imputarles ganar sueldos exorbitantes, contrarios a la Constitución ofendiendo al pueblo que es pobre frente a un gobierno rico; que deberían quitar el retrato de Juárez por no vivir en la justa medianía, tachándolos de deshonestos. Palabras que lesionan profundamente la independencia y autonomía del Poder Judicial Federal.

En cuanto a los órganos autónomos también los tildo de ” organismos supuestamente autónomos, independientes, toda una constelación de organismos independientes, autónomos, otro gobierno para operar el saqueo, para facilitar el robo, para entregar contratos, permisos a empresas particulares” sujetos a grupos de interés empresariales que, afortunadamente pronto tendrán cambio de titulares tales organismos.

Tanto en lo que se refiere a la Suprema Corte como a estos órganos autónomos el presidente se encaminara al control de los mismos, con el objeto de contar con entes afines a su proyecto centralizador y controlador de un poder hegemónico que permita que el proyecto de mantenerlo por largo tiempo se finque en ello, en la implementación de un equipo afín que fracture  la pluralidad política pulverice lo que queda de los partidos políticos, hasta en tanto el desgaste natural provoque un respuesta contraria quizás de la misma magnitud en el futuro, posibilidad que ahora se visualiza muy lejana.

Otra muestra de este proyecto, es el aparato represivo legal y de fuerza que se esta proponiendo, que puede alcanzar su objetivo, sin contar con ese aparato institucional que en este caso lo es la Guardia Nacional militarizada para el tema de seguridad publica vinculado a la reforma al artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que meriten la prisión preventiva oficiosa y legal, debilitando la presunción de inocencia, como derecho humano de todos los mexicanos, tornando regresiva la reforma constitucional penal del 2008, y restringiendo con ello el ámbito de libertad de las personas.

Lo Justifica afirmando que la contrapropuesta es de “Puros expertos, puro diagnóstico, pero no se hace nada por cambiar las cosas y el pueblo, ojalá y los legisladores, le hagan caso a la gente, al final de cuentas son representantes del pueblo, porque siempre son los expertos, los que deciden o los integrantes de la llamada sociedad civil y el pueblo raso, no es tomado en cuenta como si no existiera, como si no supiera y el pueblo es sabio.”; concluye que son unos cuantos los que opinan y que esto es una simulación (se supone que se refiere a los foros en el senado) pues  “nomás haciendo análisis de la sociedad, sin transformarla, ya que se acabe el elitismo, unos cuantos opinando por todos.”

Hoy debemos reflexionar sobre la afirmación presidencia de que nadie debe estar sobre la ley y que la excepción es el presidente que es preponderante sobre la Constitución y los Poderes Legislativo y Judicial, bajo un sistema Federal que está operando en sentido contrario a la División y Autonomía de los Poderes, restringiendo el ámbito de las libertades de las personas. La corrupción también es distorsionar el régimen institucional del Estado Mexicano.

En el libro “El Sexenio me da Risa” del Fisgón y Helguera pagina 60 cita: “Lo más viejo y antidemocrático del sistema mexicano es el poder absoluto del presidente durante seis años. Una modernización real ( cuarta transformación) tendría que afectar al presidencialismo y devolverle autonomía a los poderes legislativo y judicial, así como a los estados de la federación”

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