EL UNIVERSAL

 

 

Alistan estructura de coordinación de gobierno federal
Lizbeth Flores/Corresponsal

4-5 minutos

oaxaca@eluniversal.com.mx

Oaxaca.— Nancy Ortiz Cabrera, designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como delegada estatal de su gobierno en Oaxaca —denominada superdelegada por partidos de oposición—, será la única que coordine la función pública federal en la entidad y tendrá a su cargo a 15 subdelegados regionales y representantes de dependencias.

Tras la creación de la figura de delegados estatales, el 30 noviembre de 2018, desaparecieron los anteriores delegados que estaban al frente de dependencias federales en las entidades. Ahora serán encabezadas por “representantes”, quienes estarán bajo la coordinación de Ortiz Cabrera.

En Oaxaca tienen presencia 18 de estas dependencias federales, pero sus futuros representantes aún no han sido nombrados.

“La delegada estatal va a coordinar la función pública del gobierno federal, lo que antes eran delegaciones, ahora van a ser representaciones. Delegada sólo va a ser una, que soy yo; esas representaciones tienen que coordinarse conmigo”, explica la exdirigente de Morena y quien se encargará de vigilar la implementación de los programas federales de desarrollo.

Lo que sí existirán serán 15 subdelegados regionales: cinco son mujeres y 10 son hombres, quienes estarán en las ocho regiones del estado —en algunas habrá dos— para representar al gobierno federal. Aún no son contratados formalmente, pero ya comenzaron su capacitación, detalla.

“Van a coordinar varios programas en sus regiones, van a hacer mesas de seguridad, estarán en la coordinación de la función pública federal y en el tema del censo”, indica Ortiz Cabrera sobre sus funciones.

De esta forma se constituirá la estructura del gobierno de López Obrador a nivel nacional: coordinación general de programas integrales de desarrollo, delegados estatales con subdelegados, representaciones de las diferentes secretarías y “servidores de la nación”. Respecto a los representantes de las dependencias federales, la delegada estatal señala que aún no se nombran, ya que está en revisión qué secretarías se mantendrán y cuáles ahora serán dirigidas directamente por ella, a fin de reducir gastos, como renta de inmuebles.

“Es también para que se concentren en una sola área para poder coordinar, algunas como la Sader [Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural] y la SCT [Secretaría de Comunicaciones y Transportes] sí tendrán su representación, que vamos a coordinar, pero hay otras más chiquitas que pueden estar acá [delegación estatal], serían como unas cuatro”, destaca.

Reducir gastos. Este ajuste en la estructura gubernamental, asegura la funcionaria, es para eliminar gastos innecesarios y lograr una función pública eficiente en beneficio de la población, para que una sola instancia maneje directamente los nueve programas federales que se aplicarán en la entidad.

“Es reducir el costo de la actividad pública porque era mucho, primero en plantilla, segundo en rentas y también para tener la coordinación de todas las dependencias para que no se dupliquen los programas, una sola ruta”.

Uno de los ejemplos de gasto excesivo, señala, era la entonces llamada Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que en la entidad tenía una plantilla de 398 trabajadores para cada programa social. Por ello, dice, en esta reestructuración habrá recorte de personal en instituciones federales.

En contraste, además de la contratación de los 15 subdelegados, también emplearán a 732 personas denominadas “servidores de la nación”, quienes además de la realización de los censos de la Secretaría de Bienestar, serán los responsables de entregar de forma directa los recursos a los beneficiarios de todos los programas sociales en los 570 municipios del estado.

Con esta estrategia, considera Ortiz Cabrera, se reducirán los gastos para la entrega de apoyos de los programas que en otros sexenios se duplicaban en cada dependencia, pues se requerían viáticos para trasladar a los funcionarios a cada localidad.

La constitución de esta nueva estructura se concluirá en los primeros 180 días de gobierno de López Obrador, de acuerdo con la funcionaria.

Hasta el momento, en el estado sólo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de su Consejo Técnico, ha nombrado nueva delegada. Se trata de Concepción Rueda Gómez. Aunque está “encargada” de la dependencia, su nombramiento no es definitivo, puesto que aún está por determinarse su permanencia en calidad de representante.

 

 

A Bienestar sólo llegan la titular y 20 empleados
Redacción

3minutos

Nancy Ortiz Cabrera, delegada estatal de los programas federales, señaló que la mudanza de la Secretaría de Bienestar a Oaxaca no será total. Especial

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en su gobierno la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora de Bienestar, se mudaría a Oaxaca, a 93 días del inicio del sexenio, Nancy Ortiz Cabrera, delegada estatal de los programas federales, adelantó que la mudanza no será total.

Explicó que sólo se prevé el traslado de la titular, María Luisa Albores González, y de 20 trabajadores de confianza, pero aún no hay una fecha para su llegada. Los demás empleados de base permanecerán en la Ciudad de México.

Datos de finales de 2018 de la entonces Sedesol indican que en la capital del país laboraban 2 mil 33 trabajadores, de los cuales 34 son mandos superiores, 640 mandos medios, 201 trabajan en área de enlace, 188 son de confianza y 970 son operativos de base.

A la fecha, el edificio de la antigua Sedesol, ubicado en Santa Lucía del Camino, que ya luce la nueva imagen de Bienestar, es ocupado de manera provisional como oficina de la delegada y no cuenta con funcionarios de oficinas centrales.

Se queda en el anuncio. En Oaxaca, el 8 de enero de 2019 la secretaria Albores González hizo el anuncio oficial del traslado de la dependencia durante la presentación del cambio de imagen y confirmó que desde ahí desplegará programas y políticas públicas para combatir la pobreza.

La funcionaria federal destacó la importancia de que en este estado estuviera la Secretaría de Bienestar, debido a que de los 570 municipios de la entidad, en unos 532 el 50% de la población vive entre carencias, por lo que se estima que 418 mil oaxaqueños padecen pobreza y 170 mil, pobreza extrema.

En la entidad, el gobierno federal aplicará nueve programas: pensiones a adultos mayores, becas bienestar a jóvenes estudiantes y a personas con discapacidad, el plan nacional de reconstrucción tras los sismos de septiembre, el de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la modernización de 50 caminos rurales que beneficiaría a 74 cabeceras municipales, atención médica y medicamentos gratuitos, el de desarrollo de la refinería de Salina Cruz, créditos a ganaderos y la creación de 11 universidades.

El programa de descentralización de la administración pública federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, propuesto desde 2017, planteó que las dependencias se mudaran de la Ciudad de México hacia los estados.

 

 

Estrenan “gimnasio fifí” en Congreso de Oaxaca
Corresponsales de EL UNIVERSAL

4minutos

Inés Leal Peláez. Foto: TOMADA DE FACEBOOK

Estrenan “gimnasio fifí” en Congreso de Oaxaca

Desde Oaxaca, nos cuentan, los diputados locales parecen muy contentos, luego de estrenar un gimnasio en las instalaciones del Poder Legislativo. Y aunque, nos precisan, la apertura de este “lujito” fue promovido hace cinco años por la anterior Legislatura, hoy los congresistas —de mayoría morenista— disfrutan el espacio que su compañera Inés Leal Peláez (Morena) impulsó a reabrir. En ese sentido, nos recuerdan, la edificación del gym fue severamente criticada por la ciudadanía debido a su costo, el cual ascendió a 720 mil pesos, y por la falta de transparencia con que se realizó la obra. Tal fue el escándalo que, nos explican, el inmueble quedó en desuso y como símbolo de una Legislatura banal y llena de derroches. Sin embargo, nos dicen, los diputados de Morena ya se olvidaron de la polémica y no dudaron en reabrir el gimnasio para estar en forma, en vez de donarlo o ponerlo a la venta, como lo haría su mismísimo mandamás, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fiscalía de Puebla, en la mira

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nos platican, lanzó una bomba de tiempo a la Fiscalía General de Puebla, encabezada por Gilberto Higuera, en torno al accidente en el que murió la gobernadora panista, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle (PAN). El motivo, nos hacen saber, es que durante los últimos años este organismo ha sido criticado por navegar en la opacidad y ahora su titular no sabe qué hacer con la petición del mandatario para hacer públicos los videos de la vivienda, propiedad del empresario Pepe Chedraui, donde despegó el helicóptero. Habrá que ver, nos dicen, si don Gilberto está dispuesto a abrir sus expedientes.

Le hacen el fuchi a secretario de Seguridad Pública

Nos cuentan que a poco más de dos meses de que Jorge Aguirre Carbajal fue ratificado como secretario de Seguridad Pública en Tabasco, las presiones al interior de la dependencia para que sea separado del cargo aumentan. Los motivos, nos explican, son algunos hechos sin resolver, como un presunto robo en la dependencia, aunado a la difusión de varias imágenes desde el interior de los penales del estado; tal es la inconformidad que hasta los diputados tricolor insisten en su salida. Pese a ello, nos comparten, el gobernador del estado, Adán Augusto López (Morena), arropó a don Jorge asegurando que éste no se va y que únicamente necesita seis meses para cambiar los índices de inseguridad en la entidad. Al parecer, nos señalan, don Adán decidió jugársela en un tema tan sensible con la misma carta de la administración del perredista Arturo Núñez. ¿Le funcionará?

Legisladores morelenses, fuera de lugar

En el Congreso de Morelos, nos platican, los diputados de oposición se quedaron con las ganas de interrogar al jefe de la Oficina gubernamental, José Manuel Sanz, como parte de la glosa del primer informe del exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco Bravo (PES), al frente del Ejecutivo estatal. Los legisladores, nos señalan, pensaban echarle montón para exigirle cuentas sobre el presupuesto de la Oficina gubernamental y la operación de las coordinaciones que la dependencia se adjudicó. Sin embargo, nos detallan, las ansias se diluyeron cuando alguien tuvo que explicarles que sólo los secretarios de despacho comparecen ante el Poder Legislativo.

 

Enfrentamiento en Oaxaca deja dos muertos y varios lesionados
Ismael García / Corresponsal

2minutos

Denuncian que el incidente se trató de un ataque armado en contra de pobladores de San Juan Jaltepec
Oaxaca de Juárez, Oax.- Dos personas murieron y varias más resultaron lesionadas por disparos de armas de fuego durante un enfrentamiento este domingo en la zona del Bajo Mixe del estado de Oaxaca.

La organización Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) denunció que se trató de un ataque armado en contra de pobladores de San Juan Jaltepec, del municipio de Santiago Yaveo, por parte de “ganaderos invasores” de San Antonio Jaltepec.

“Hay un número indeterminado de heridos, exigimos castigo a los autores materiales e intelectuales y atención por parte de las autoridades agrarias federales y estatales”, dijo en un breve comunicado.

Otros reportes de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) citaban al menos cuatro personas fallecidas, pero hasta el momento la información no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

Ni la Secretaría General de Gobierno (Segego) ni la Fiscalía General del Estado han dado a conocer las causas del presunto enfrentamiento entre ambas comunidades, como tampoco la atención que se da a la problemática.

 

Cisen vigiló a empresarios, universidades e iglesias
Pedro Villa y Caña

3-4 minutos

Gobiernos priistas espiaron a normales rurales, revelan archivos desclasificados; impulsor de Teología de la Liberación, entre los religiosos investigados

pedrovillaycana@eluniversal.com.mx

El espionaje de los gobiernos priistas llegó a empresarios, aulas e iglesias. Elementos de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y la Dirección Federal de Seguridad (DFS) —antecesora del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)— vigilaron, por lo menos desde la década de los 60 hasta los 80, a organizaciones empresariales, universidades, normales rurales, obispos e iglesias de distintas religiones.

En una revisión hecha por el EL UNIVERSAL al índice de expedientes desclasificados en el Archivo General de la Nación (AGN), se encontró que los aparatos de inteligencia de los gobiernos priistas espiaron a las principales organizaciones empresariales y a sus integrantes.

Elementos de inteligencia de la DFS vigilaron diversas reuniones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), así lo detallan 91 fojas de 1977 a 1981 provenientes de un expediente desclasificado en 2018.

El mismo caso ocurrió con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cuyo expediente, liberado el año pasado, informa que el organismo fue vigilado de 1981 a 1983.

Raúl Baillères, uno de los principales empresarios del país, también fue investigado y seguido por la DFS en 1954; lo mismo ocurrió con Eugenio Garza Sada, hijo del fundador de la Cervecería Cuauhtémoc y quien creó el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

En el largo listado del AGN también se encuentran documentos que indican que casi todas las normales rurales del país fueron espiadas: destacan la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y la Escuela Normal Rural en El Mexe, en Hidalgo, en las cuales estudiaron los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.

Este espionaje gubernamental llegó a universidades públicas y privadas, como a la Universidad Autónoma Chapingo (UAch), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Autónoma Obrera de México, la Universidad de Sonora (UAS), la Universidad Autónoma de Colima (UAC), la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Guadalajara, así como a la Preparatoria Popular Tacuba de la UNAM.

Desde que llegó a la Diócesis de Cuernavaca, Morelos, Sergio Méndez Arceo, impulsor de la Teología de la Liberación, fue espiado por el Estado mexicano, así lo detallan siete cajas en el AGN que abarcan de 1956 a 1985 y contienen al menos 3 mil fojas desclasificadas.

El obispo emérito de Tehuantepec, Oaxaca, Arturo Lona Reyes, conocido como el “obispo de los pobres”, también fue objeto de vigilancia entre los años 1973 y 1985.

El fundador de Los Legionarios de Cristo y acusado de pederastia, Marcial Maciel, fue otro religioso espiado por el gobierno mexicano, así consta el archivo creado por la DGIPS el 29 de julio de 1972.

 

 

Damnificados reciben viviendas térmicas
Roselia Chaca / Corresponsal

3-4 minutos

oaxaca@eluniversal.com.mx

Unión Hidalgo.— Los casi 40 grados centígrados no se soportan en el descampado de la colonia Quinta Arena en Unión Hidalgo, pero el calor se mitiga de inmediato cuando se está dentro de las casas térmicas de 60 metros cuadrados que recibieron seis familias damnificadas por el terremoto de 2017.

Elizabeth Betanzos prefiere no salir al patio por el calor. Ella y su hija se resguardan juntas con un grupo de mujeres que asistieron a la entrega de estas viviendas construidas por el Fideicomiso Fuerza México y las empresas Grupo Mía, Clip y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Orgullosa, invita a pasar a su casa. La habita desde diciembre y ya comenzó a pintarla para darle su toque personal. Elizabeth es un ama de casa de 30 años que vio casi colapsada su vivienda aquella noche del 7 de septiembre. Vivió por meses en el garaje de la casa de su madre con sus dos hijos y su esposo.

En 2018 se enteró de que la autoridad municipal estaba buscando a damnificados que no habían salido beneficiados con los apoyos del gobierno federal, para recibir una casa resistente a futuros sismos. No lo creyó, pero aun así se anotó y esperó.

Fue hasta finales de año cuando comenzó a ver que la promesa se materializaba. Durante dos meses vio cómo el Grupo MIA levantó su nuevo hogar, mismo que algún día será la herencia de sus hijos.

A más de un año y medio del sismo que dejó a Unión Hidalgo con 2 mil 800 damnificados, Elizabeth por fin se siente segura. También está agradecida porque la construcción de su nueva casa no le costó un solo peso. Calcula que ella sola hubiera tardado unos 10 años, o más, en volver a tener un techo.

Enrique Aranda Vargas, director general de Grupo MIA; Ricardo Muñoz Rábago, director de Marketing de la empresa Clip, y Ximena Suárez Corzo, directora ejecutiva del Fideicomiso Fuerza México, le entregaron oficialmente a Elizabeth su nueva casa. En total levantaron 75 casas con un costo unitario de unos 160 mil pesos, lo que representó una inversión de 12 millones 375 mil pesos.

De ese total, 3 millones fueron cubiertos por Clip, empresa que se define como “agregador de pagos con tarjetas de crédito, débito y vales de despensa” y 1.4 millones fue el aporte del Banco Interamericano de Desarrollo, ambos donativos a través del Fideicomiso Fuerza México (FFM).

Otros 4.7 millones salieron de la bolsa general del fideicomiso y el resto fue aportado por Grupo MIA, que llevó la construcción.

De acuerdo con Enrique Aranda Vargas, de Grupo MIA, las 75 casas construidas en Unión Hidalgo benefician a 300 personas. Cada vivienda consta de tres recámaras, área común, cocina y baño; miden 2.7 metros de alto, lo que ayuda a la circulación del aire. Además, cuentan con un análisis de riesgos y seguro catastrófico incluido por tres años.

Este grupo construye más de 3 mil viviendas a damnificados de los sismos de septiembre. A través de Fuerza México está involucrado en 2 mil 527 casas en Puebla, Morelos, Chiapas y el Estado de México, mientras que en Oaxaca tiene 600 proyectos. La mitad están en el Istmo de Tehuantepec y el resto, en la Sierra Mixe.

“Así, entre esfuerzos colectivos, continúa la reconstrucción”.

 

Cumple AMLO con Eloxochitlán y liberan a tres presos “políticos”
Ismael García / Corresponsal

3-4 minutos

En un inicio fueron inculpadas 35 personas y a la fecha han logrado la excarcelación de al menos 10 de ellas. Foto: El Universal Oaxaca

De acuerdo con la defensa jurídica, en un inicio fueron inculpadas 35 personas y a la fecha han logrado la excarcelación de al menos 10 de ellas, las tres últimas luego de la amnistía que otorgó el presidente

Oaxaca de Juárez, Oax.- Tres personas del municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, acusadas de homicidio y tentativa de homicidio, así como daños en propiedad ajena, han sido liberadas en los últimos días, tras la amnistía que otorgó el Presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes se consideran “presos políticos” en el país.

El pasado 19 de febrero fue otorgado el auto de libertad a Alfredo Bolaños Pacheco, al considerar el Poder Judicial de la entidad que el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado no acreditó debidamente la probable responsabilidad del imputado en el delito de tentativa de homicidio en contra de la hoy diputada local por Morena, Elisa Zepeda Lagunas.

Los hechos sucedieron el 14 de diciembre de 2014 en ese municipio de la región Cañada del estado, cuyo enfrentamiento entre dos grupos de pobladores dejó como saldo dos personas fallecidas y daños materiales a vehículos y viviendas.

De acuerdo con la defensa jurídica, en un inicio fueron inculpadas 35 personas y a la fecha han logrado la excarcelación al menos 10 de ellas, las tres últimas luego de la amnistía que otorgó el Presidente López Obrador.

Este viernes 1 de marzo fueron puestas en libertad otras dos personas, Fernando Gavito Martínez y Herminio Bonfil Avendaño, tras el fallo del Poder Judicial con base en la causa penal 02/2015, al considerar desvanecimiento de datos de su presunta participación en el asesinato de Manuel Zepeda.

No obstante, poco después de haber sido liberados, personal de la Fiscalía General del Estado los volvió a capturar, presuntamente por órdenes de la diputada Elisa Zepeda Lagunas, según denunció la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón, que demandó se respete la determinación de amnistía del Presidente López Obrador.

Por su parte, la organización Consorcio para el Diálogo de Oaxaca denunció “el actuar corrupto del Poder Judicial del Estado”, a través del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla, por ordenar la liberación “de los responsables del intento de feminicidio de Elisa Zepeda Lagunas, por el supuesto desvanecimiento de datos”.

Expuso que lo anterior pone en entredicho la impartición de justicia, pese a la Alerta de Género decretada en la entidad en materia de feminicidios e impunidad.

 

 

MILENIO

 

 

Estados desviaron 304 mil mdp de fondos federales
Rafael López

6-8 minutos

Los 32 gobiernos estatales no han podido aclarar el gasto de 304 mil 570 millones de pesos entre los años fiscales 2003-2017. Son recursos provenientes de diversos fondos federales que no se recuperaron en esos 15 años.

Esta cantidad representa 64.4 por ciento de los 472 mil 361 millones de pesos malversados por entes fiscalizados, incluyendo dependencias federales, universidades públicas, instituciones autónomas y gobiernos municipales y estatales.

Es decir, que al menos seis de cada 10 pesos malversados en 15 años en todo el país son imputados a gobiernos de los 32 estados.

Las entidades que representan un mayor daño al erario son Veracruz, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua y Chiapas. En esas ocho se desvanecieron 211 mil 128 millones de pesos, 44.8% de lo perdido en todos los gobiernos y entes fiscalizados.

En las cuentas públicas con mayor monto por recuperar o aclarar figuran administraciones encabezadas por gobernadores que ya dejaron el cargo, como los priistas Javier Duarte (Veracruz) y Eruviel Ávila (Estado de México), pero también hay mandatarios en funciones, como Silvano Aureoles (PRD), de Michoacán.

Uso libre de los recursos
Cada año los estados reciben recursos públicos provenientes de fondos federales para el apoyo de infraestructura, deuda pública, aportaciones a seguridad social y “provisiones salariales y económicas para fines concretos”. Sin embargo, a pesar de que ese dinero aparece etiquetado, las administraciones estatales hacen uso libre de los recursos para subsanar otros proyectos o simplemente desviarlo para “usos ajenos al bien social”, de acuerdo con lo que ha encontrado la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El caso más abultado es el de Veracruz: acumula 63 mil 774 millones de pesos sin comprobar. La mayoría de los desfalcos en esta entidad se dieron durante la administración de Javier Duarte, ya que entre las cuentas públicas 2011 y 2016 no se hizo un buen uso de 62 mil 607.7 millones de pesos, es decir, 98.1 por ciento del dinero total que debe aclarar la entidad.

La red de corrupción que se creó durante el gobierno de Duarte consistía en crear empresas con un domicilio fiscal falso para registrarlas como proveedoras del gobierno con un amplio margen de facultades para poder vender casi cualquier producto. Al quedar establecidas y registradas en el servicio público, éstas recibían diversos contratos mediante adjudicaciones directas o licitaciones cerradas con la ayuda de funcionarios cercanos al entonces gobernador. Las firmas simulaban la compra de productos que se pactaban en los convenios y con el dinero obtenido la empresa cerraba operaciones.

La ASF reporta que los montos anuales por desfalco al erario público en la entidad se realizaron de la siguiente manera: en la cuenta pública de 2011 solo faltan 300 millones de pesos, pero para 2012 las auditorías comprobaron malos manejos por 5 mil 753 millones. A partir de la cuenta pública de 2013 se observa un aumento importante de los desvíos: 11 mil 108 millones de pesos. En 2014 el desfalco subió hasta 16 mil 803 millones y en 2015 bajó a 10 mil 9 millones.

Aunque en 2016 Javier Duarte dejó anticipadamente su cargo como gobernador para evitar su aprehensión, en ese año se presentó el mayor daño al erario por parte de un gobierno estatal en la historia del país: la Auditoría reportó que hubo un mal manejo de 18 mil 633 millones de pesos.

El pasado 26 de septiembre, el ex gobernador de Veracruz fue sentenciado a nueve años de cárcel y una multa de 56 mil pesos tras declararse culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Michoacán

Las administraciones estatales no han podido resarcir 41 mil 641 millones de pesos durante el periodo 2006-2017. Una buena parte de esos recursos se concentran en los dos últimos años, ya en la administración de Aureoles. La auditoría hecha en 2016 reveló que en ese año se hizo un mal manejo de fondos públicos por 3 mil 561.6 millones de pesos. Para 2017 las inconsistencias se dispararon a niveles nunca antes vistos para esta entidad: 14 mil 561.9 millones de pesos fueron desviados, robados, o usados para fines distintos a los que se tenían previsto.

Administraciones anteriores también registraron montos sin aclarar. Entre 2012 y 2015 el gobierno estatal, encabezado por priistas, tuvo un mal manejo de 19 mil 647.2 millones de pesos. En enero de 2017 la Secretaría de la Contraloría de Michoacán presentó una decena de denuncias penales por peculado, fraude y abuso de sus atribuciones contra ex funcionarios públicos que se desempeñaron en ese lapso.

Durante ese periodo Michoacán estuvo gobernado por tres personas: Fausto Vallejo tomó posesión en febrero de 2012, pero tras casi un año en el cargo pidió una licencia por problemas de salud, dejando el puesto a Jesús Reyna (actualmente en prisión) durante algunos meses de 2013. En junio de 2014 Vallejo volvió a dejar el cargo, ahora en manos de Salvador Jara, quien fue elegido por el Congreso local como gobernador sustituto.

Estado de México

Es la tercera entidad con mayor monto por aclarar: 25 mil 42.7 millones de pesos de las cuentas públicas de 2012 a 2017, periodo en que fue gobernador el actual senador priista Eruviel Ávila.

Las administraciones mexiquenses transparentaron o repusieron cada peso que la Auditoría les cuestionó entre las cuentas públicas de 2004 y 2011. A partir de 2012, la historia fue distinta: en ese año se no se comprobaron gastos por 440.1 millones de pesos. Para 2013 el monto creció a 2 mil 385 millones. En 2014 fueron 6 mil 38.7 millones y en 2015 la cifra bajó a 3 mil 308.4 millones de pesos.

En los primeros cuatro años de la administración de Eruviel Ávila, el gobierno estatal acumuló observaciones por malos manejos de dinero público por 12 mil 172.5 millones de pesos, de los cuales mil 960 están en proceso resarcitorio, es decir, podrían regresar a las arcas públicas.

Los números no mejoraron en los dos años posteriores. En 2016 la Auditoría señaló que el gobierno del Estado de México no hizo buen manejo de 5 mil 178.6 millones de pesos y para 2017, año en que se realizaron las elecciones para gobernador, las irregularidades ascendieron hasta 7 mil 691.7 millones de pesos.

Entre los gobiernos estatales de Veracruz, Michoacán y Estado de México suman 130 mil 459 millones de pesos malversados, casi la mitad de todos los recursos desviados en las 32 entidades del país.

 

 

Lado B con el presidente del consejo de administración de Grupo Lala
Luis Carlos Valdés

4-6 minutos

En este 2019, el Maratón Internacional Lala celebra su 30 aniversario de realizarse año tras año por las calles de la Comarca Lagunera (Torreón, Gómez Palacio y Ciudad Lerdo).

Este año la derrama económica por esta justa deportiva se estima en al menos 50 millones de pesos, aunque el beneficio que deja esta empresa enfocada en la industria de alimentos va más allá.

Esta firma láctea cuenta con más de 65 años de presencia en el mercado en la producción, comercialización de leche, derivados lácteos y bebidas.

Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala, asegura que esta actividad deportiva se ha convertido en “la fiesta de los laguneros”, para 2019 se cuenta con el registro de 5 mil 800 maratonistas.

Sin dejar la formalidad que le caracteriza y ataviado con una chamarra alusiva disfruta con su familia de la feria deportiva previa, casi pudiera pasar desapercibido a grado tal que nadie imaginaría que el hombre de presencia y trato sencillo, egresado de la carrera de Ingeniero Agrónomo Zootecnista por el Tecnológico de Monterrey y nacido en agosto de 1963, que de adolescente inició su primer negocio de un criadero y venta de pollos y luego se dedicó a la compra-venta de ganado lechero, es quien encabeza la empresa que tiene operando 31 plantas de producción y 176 centros de distribución en México, Brasil, Estados Unidos y Centroamérica y más de 38 mil trabajadores.

Son 30 años de este Maratón Lala, ¿Cuál es su sentir como lagunero sobre esta justa?
Esto se ha convertido en una fiesta lagunera y en este año recordando a un gran amigo que se nos fue y que dio toda su vida por el deporte, por el Maratón, un lagunero comprometido, ejemplar que lo recordaremos siempre con mucho cariño, don Ramón Iriarte Maisterrena.

Dejó huella, dejó mucho cariño en todos los que lo conocimos y una cantidad de proyectos en los que participó, se involucró e intervino en La Laguna que ahí están y quedarán para siempre.

¿Cuáles considera sean los sentimientos que se generan en torno a este Maratón?
Cuando se pone usted en la meta y ves llegar a las personas, pues te das cuenta que cada uno de ellos tiene un proyecto, un sueño, una ilusión, algo que quizá lo hayan ofrecido y participan en el Maratón, usted ve gente llorando de emoción, otros ofrecieron la carrera por un familiar, por alguna causa, es algo muy bonito.

Si el Maratón Lala ha dejado huella en la vida de muchos corredores ¿Cuál ha sido esa huella que ha dejado en usted este deporte?
Bueno, pues parte de la huella que ha dejado es lo que vemos durante el desarrollo en este Maratón, donde hemos desde hace muchos años, se ha decidido seguir apoyando y promoviendo, aún en los tiempos en que la inseguridad era un tema que nos preocupaba muchísimo en la región, había quienes decían que sí valdría la pena seguir adelante y el Maratón Lala siempre siguió adelante y va a estar aquí durante muchas décadas, esperemos.

¿Y cómo ha sido el Maratón que Eduardo Tricio ha corrido a lo largo de su vida?
Cada uno de nosotros tiene su propio Maratón. En mi caso este Maratón ha estado enfocado siempre en el trabajo y la familia. Este ha sido el Maratón que he corrido y así quiero que siga siendo por el resto de mi vida.

¿Alguna meta que quisiera seguir alcanzando?
Le pido a Dios y espero que yo vaya aún en la parte relativamente inicial de este Maratón de vida y que nos quede mucho que recorrer, pero esto no está en nosotros.

La verdad estoy muy agradecido con la vida, muy feliz de lo que se ha logrado y creo que aún hay mucho que podemos lograr hacia adelante.

Lala es una empresa que promueve el deporte ¿Cuál es el deporte que usted practica?
Normalmente hago elíptica, así como bicicleta que me gusta mucho, pero además me gusta mucho el futbol, aunque no lo juego pero me gusta mucho, además Lala ha sido promotor incansable del equipo Santos Laguna y de la Selección Mexicana.

¿Cuál es su platillo o alimento preferido?
Aunque no lo creas lo que más me gusta son los lácteos, desayuno con Lala 100 y cereales como la avena. En la comida incluyo crema y algún tipo de queso y ceno siempre quesadillas de queso Oaxaca, todos los días. Así que soy un consumidor intenso de productos lácteos.

¿Cuál fue el último libro que ha leído?
Tengo muchos libros a medias, pero el último muy bueno que acabo de leer se llama “The one thing”, se los recomiendo, buenísimo.

¿Alguna película que haya tenido oportunidad de ver?
Me gustó mucho Roma y The Wife.

¿Cuál es el principal valor en el que gira su vida?
Para mí la familia es lo más importante, Mi maratón es el trabajo y mi familia.

 

 

 

 

EXCELSIOR

 

 

En riesgo, atención al cáncer y VIH; extinción del Seguro Popular
7-8 minutos

Hasta el año pasado, el IMSS contaba con 350 hospitales de segundo nivel y 36 de alta especialidad.

CIUDAD DE MÉXICO.

La extinción del Seguro Popular dejaría a la población que no tiene IMSS ni ISSSTE sin acceso a tratamientos especializados para enfermedades como cáncer, VIH o padecimientos metabólicos.

Al aplicar el programa para universalizar los servicios de Salud en ocho estados, los usuarios de ese programa deberán acudir a las unidades del IMSS Bienestar, que brindan atención de primer y segundo nivel (primer contacto, medicina interna, cirugía general), mientras que el Seguro Popular tiene Unidades Hospitalarias de Alta Especialidad para tercer y cuarto nivel (patologías complejas, trasplantes).

Desaparecer el Seguro Popular es una decisión que se da dentro de los primeros 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 14 de diciembre firmó un convenio con ocho estados.

José Ángel Córdova, exsecretario de Salud, alertó que esta acción quitaría la posibilidad de que personas sin recursos accedan a tratamientos y cirugías que son parte del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Se perdería

Al desaparecer el Seguro Popular se dejaría de brindar atención en:

Cuidados Intensivos Neonatales.
Enfermedades metabólicas en menores de 10 años.
Trastornos quirúrgicos, congénitos y adquiridos en menores de 18 años.
Cáncer
Enfermedades infectocontagiosas: VIH/SIDA.
Alta especialización, en riesgo

La estrategia para universalizar los servicios de Salud no prevé el acceso a hospitales de tercer y cuarto nivel de atención.

La desaparición del Seguro Popular pone en riesgo el acceso de personas no derechohabientes a tratamientos especializados en caso de enfermedades como cáncer, VIH o padecimientos metabólicos.

El plan del gobierno federal para universalizar los servicios de Salud en ocho estados del sureste mexicano implica que los beneficiarios del Seguro Popular ahora sean atendidos en unidades de IMSS Bienestar, las cuales sólo brindan servicios de primer y segundo nivel (primer contacto, medicina interna, cirugía general), mientras que  el Seguro Popular, a lo largo de 16 años de existencia, desarrolló infraestructura y personal médico de Unidades Hospitalarias de Alta Especialidad para tercer y cuarto nivel de atención (patologías complejas, trasplantes, etc.).

La extinción del programa de salud, proyecto creado por Julio Frenk Mora durante la administración panista del expresidente Vicente Fox, es una de las principales decisiones tomadas por el gobierno federal, dentro de los primeros 100 días de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 14 de diciembre, el presidente López Obrador anunció la desaparición del Seguro Popular y firmó un convenio de colaboración con ocho estados —Guerrero, Oaxaca, Campeche, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán— para federalizar los servicios de salud.

Al respecto, José Ángel Córdova, exsecretario de Salud, alertó que desaparecer al Seguro Popular para integrarlo al programa IMSS Bienestar quitaría la posibilidad de que personas sin recursos puedan tener acceso a tratamientos y cirugías que son parte del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Córdova consideró que el planteamiento de la actual administración por descalificar al Seguro Popular es un error, pues se creó con la finalidad de ser un modelo de justicia social y darle acceso a la población sin recursos a tratamientos inalcanzables en su condición.

El exfuncionario estimó que el IMSS no cuenta con la capacidad para atraer los servicios que ya otorga el Seguro Popular. Sin embargo, cree que el Seguro Social y la Secretaría de Salud podrían encargarse de las compras consolidadas para evitar la corrupción en los estados, que ha sido evidenciada por la actual administración.

Plantean mantener infraestructura
La coordinadora de Salud y Finanzas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Judith Méndez, opinó que, lejos de desaparecer al Seguro Popular, la estrategia de federalización de la salud será una fusión de los sistemas actuales, para dar cobertura a las poblaciones sin seguridad social, debido a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se le asignó 71 mil 215 millones de pesos.

Sin embargo, ya que las unidades de IMSS Bienestar, que se prevé que reciban a quienes eran atendidos por el Seguro Popular, sólo dan servicios de primer y segundo nivel, Méndez planteó que se tendría que seguir haciendo uso de la infraestructura y personal del Seguro Popular para la atención de tercer y cuarto nivel, esto es, en el caso de que los pacientes requieran atención altamente especializada, como trasplantes o neurocirugías.