La Fiscalía mexicana fracasa ahora en el caso de los jóvenes asesinados de Tierra Blanca

Nuevo fracaso de la Fiscalía mexicana en un caso de alto perfil. Después de los fiascos en los procesos por corrupción contra los exgobernadores de Veracruz y Chihuahua, Javier y César Duarte, y en el caso contra la lideresa del poderoso sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, el juez ha tumbado ahora la acusación contra los presuntos autores de la desaparición y el asesinato de cinco jóvenes en Veracruz, en enero de 2016.

Son 21 en total, 13 civiles y ocho policías estatales. La Fiscalía federal les acusaba de delincuencia organizada. Con la decisión del juez, los 21 quedarían exonerados de este delito. El abogado de las familias, Celestino Espinoza, dice que la Fiscalía podría recurrir. “Pueden aportar pruebas nuevas, pero es difícil justificarlo ante el juez”. Preguntado al respecto, un portavoz de la Fiscalía ha contestado simplemente que se trata de un asunto de la “pasada Administración”.

Los 21 encaran ahora la recta final del proceso que enfrentan por la desaparición forzada y el asesinato de los cinco jóvenes ante la justicia local. Espinoza dice que podría haber sentencia en tres o cuatro meses.

El 11 de enero de 2016, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz detuvieron a los cinco a su paso por Tierra Blanca, en la parte sur del Estado. Eran cinco hombres y una mujer. Ella contaba 16 años. Volvían a su casa, en el municipio de Playa Vicente. Habían pasado el fin de semana en el Puerto de Veracruz. Los policías los detuvieron y les llevaron con un grupo de mafiosos locales. Estos los condujeron a un rancho a las afueras de Tierra Blanca. Allí los mataron y descuartizaron. Semanas más tarde, las autoridades encontraron lo poco que quedaba de ellos: una mancha de sangre y un trozo de hueso.

Veracruz era entonces una de tantas regiones presas de la violencia y la inseguridad en México. Pocos meses más tarde de la desaparición de los cinco, colectivos de familiares de personas desaparecidas en el Estado, que en aquella época se contaban ya por centenares, descubrirían una enorme red de fosas clandestinas cerca del Puerto de Veracruz. Con el tiempo, las autoridades reconocerían el hallazgo de más de 300 cuerpos allí. El mayor cementerio clandestino del país.

Eran síntomas de una tragedia que no termina. Desde entonces, los secuestros, asesinatos y desapariciones se cuentan por centenares en el estado. El fracaso ahora de la Fiscalía amplía el tamaño del horror y apuntala el miedo de las familias a que el asesinato de sus hijos e hija quede impune. Todo esto ocurre además apenas una semana y media después de que el Estado de Veracruz, en un acto protocolario, pidiera perdón a las familias por lo sucedido y prometiera justicia.

Espinoza culpa a la Fiscalía de la decisión del juez. Argumenta que los investigadores basaron su acusación en las pruebas que recopiló la fiscalía local. Por una cuestión procesal, los investigadores no podían hacerlo. O al menos apoyar la totalidad de su caso en la investigación de otros.

A Espinoza le chirría también la facilidad con que ha escurrido el bulto el presunto líder del grupo de mafiosos de Tierra Blanca entonces, Francisco Navarrete. Fue uno de los primeros detenidos y todo apuntaba a que el caso de los cinco jóvenes ayudaría a desmantelar su red de testaferros y le mantendría en prisión por una buena temporada. De hecho, dos de los trece detenidos, presuntos integrantes de su grupo, le señalaron durante el proceso como el enlace entre ellos y la secretaría de Marina, que entonces trabajaba mano a mano con la policía estatal. Si había algún problema, solo tenían que llamar a Navarrete y este a la Armada para solucionar las cosas. Pero todo se torció.

Navarrete no está acusado por la desaparición o el asesinato de los cinco.”Él está procesado por delincuencia organizada para cometer secuestro en el fuero federal, en un caso distinto, nada que ver con este”, explica Espinoza. “Tenía otro por portación de armas, pero ya lo liberaron porque la defensa demostró que los supuestos policías aprehensores no estaban en el lugar de su detención”.

 

EL PAÍS