En el mes de mayo de 2018, el juez Décimo primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante sentencias históricas de amparo, ordenó la construcción de las leyes federales y locales de consulta. Estos juicios de amparo fueron promovidos por Litigio Estratégico Indígena. Las autoridades legislativas en vez de cumplir con el deber que la Constitución les asigna decidieron recurrir dichas sentencias. Hoy se aprecia la necesidad de crear la ley de consulta.

Durante los días 30 y 31 de marzo de 2019 se desarrolló en diversos lugares de Oaxaca y Veracruz la primera etapa de la “Consulta Istmo” sobre la creación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. En los medios de comunicación, integrantes de pueblos y comunidades indígenas han vertido manifestaciones de inconformidad con el modo en que se está desarrollando está consulta, pues se argumenta que no se está llevando como lo establece el Convenio 169 de la OIT.

El 23 de diciembre de 2018, el titular del Ejecutivo propuso el Programa que tiene como eje nodal el Corredor Multimodal Interoceánico entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz.

La idea de atravesar el Istmo de Tehuantepec para acortar distancias entre Europa y Asia no es nueva. Desde mediados del Siglo XIX se planteó el inconstruible Canal de Tehuantepec; más tarde, con la visión de Porfirio Díaz se construyó el  Ferrocarril Transístmico (que fracasó por la apertura del Canal de Panamá); luego han habido diversos planes: el Sistema Multimodal Transístmico,  el Alfa Omega, el Sistema Logístico del Istmo y el Plan Istmo Puerto de América.

Nada ha funcionado, Salina Cruz sigue inmerso en la tristeza del subdesarrollo y agobiada por la inseguridad. Ahora AMLO busca la reactivación económica con inversión extranjera. El Programa incuestionablemente afectará territorios de pueblos y comunidades indígenas a los que hay que consultarles.

Hasta antes de la reforma constitucional de 2011, los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales no eran justiciables, pero actualmente sí. Durante la vigencia del régimen hegemónico, México suscribió una gran cantidad de  tratados internacionales con la finalidad de simular ante la comunidad internacional que era una nación respetuosa de los derechos humanos.

Durante la presidencia de Salinas se suscribió y ratificó el Convenio 169 de la OIT, que establece el deber de consultar a los pueblos indígenas sobre las decisiones administrativas y legislativas que les afecte. Este convenio se ha convertido, para el Ejecutivo, en una piedra en el zapato en el desarrollo de los grandes proyectos ejecutivos porque obliga a consultar a los pueblos indígenas; en cambio, para los pueblos indígenas constituye la única herramienta para oponerse al despojo de sus territorios y al apoderamiento de sus recursos.

En México, no tenemos reglas claras sobre cómo deben realizarse las consultas. Más allá del artículo 6 del Convenio 169, de la resolución del caso Sarayaku y de un protocolo elaborado por la CDI, no tenemos una normatividad que establezca de forma precisa como debe desarrollarse la consulta.

Por eso, ante la falta de reglas claras, en el año 2016, Litigio Estratégico Indígena A.C.  promovió diversos juicios de amparo reclamando la omisión del Poder Legislativo de construir la Ley Reglamentaria de la Consulta Previa, Libre, Informada, de Buena Fe y con Pertinencia Cultural.

El Juez Décimo Primero de Distrito, emitió históricas sentencias ordenando al Congreso de Oaxaca y al Congreso Federal que construyan las leyes de consulta previa. Los recursos de revisión siguen en trámite.

Ante la falta de reglas claras, es urgente la creación de la ley de consulta. Los diputados del Congreso de Oaxaca y el Congreso Federal tienen la palabra.