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Cd. de México (30 junio 2019).- En medio de varios frentes abiertos, cuestionamientos, presiones e indicadores económicos y de seguridad preocupantes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador celebrará mañana, 1 de julio, el triunfo electoral que le abrió las puertas de Palacio Nacional.

A un año de que la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) obtuvo la victoria, el Gobierno federal se encuentra emplazado por la Administración de Donald Trump para resolver una crisis migratoria sin precedente, presionado por calificadoras crediticias que ponen en duda el rumbo de la economía y cuestionado por opositores a través de amparos contra sus principales proyectos de infraestructura.

Frente a ese escenario, el Mandatario ejerce un estilo de Gobierno que contiene el gasto público y la inversión en infraestructura mediante estrictas medidas de austeridad operadas desde la Secretaría de Hacienda.

En los primeros siete meses de gestión, el tabasqueño ha gobernado a través de decretos y memorándums, con licitaciones apresuradas y centralizadas e imponiendo la agenda pública tanto a instituciones como empresas privadas desde sus conferencias mañaneras en Palacio Nacional.

A través de oficios, el Presidente ha ordenado la compra de pipas en Estados Unidos, el veto a las farmacéuticas consentidas del sexenio anterior, la prohibición para otorgar recursos a organizaciones civiles, la no aplicación de la reforma educativa, el endurecimiento de las medidas de austeridad -más allá de las limitaciones de ley- y hasta una prohibición expresa del influyentismo y tráfico de influencias.

En materia de contrataciones, el nuevo Gobierno ha privilegiado las adjudicaciones directas en más del 70 por ciento de los casos, mientras que las licitaciones más importantes han sido declaradas desiertas, como la de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco; canceladas, como las rondas petroleras; apresuradas, como en el caso de los libros de texto; y enredadas, como en el tema de los medicamentos, donde el Gobierno tuvo que modificar para incluir también la distribución.

Pese a que sus dos principales banderas han sido frenar la violencia y combatir la corrupción, a la fecha no hay resultados tangibles en ninguna de estas materias.

Las cifras revelan que los delitos de alto impacto como el homicidio, robo con violencia y secuestro van al alza, pese a que el Presidente ha decidido no delegar en nadie esa responsabilidad.

El último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con cierre en el mes de mayo, reportó el inicio de 2 mil 476 carpetas de investigación por homicidio doloso, lo que representa la cifra mensual más alta en el año y también en lo que va de la Administración.

Por otro lado, ningún funcionario público del sexenio anterior o del actual Gobierno ha sido castigado por hechos de corrupción.

En una de las pesquisas más mediáticas, como es la investigación de compras chatarras de Pemex, el principal involucrado, Emilio Lozoya, se encuentra prófugo de la justicia.

Y mientras se viralizan videos del nuevo estilo de vida del ex Presidente Enrique Peña Nieto, el propio López Obrador se ha pronunciado en contra de que se persigan los delitos cometidos en el pasado, con el argumento de que lo más sano para el País es la política del “punto final”.

El estilo de Gobierno

En el arranque de su gestión, el estilo de López Obrador también ha dejado damnificados de fondos públicos, como son los operadores de Estancias Infantiles, algunos beneficiarios de la pensión para los adultos mayores en la Ciudad de México, bastión del obradorismo, los albergues para la atención de mujeres en situación de violencia y miles de becarios deportivos, científicos y culturales.

Además, en su rediseño administrativo, el nuevo Gobierno federal ha prescindido de las Clínicas del IMSS Prospera, del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), ProMéxico y sus 47 oficinas, del Consejo de Promoción Turística, del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed).

En el camino han quedado colaboradores, como Josefa González Blanco, quien tuvo que renunciar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por regresar un avión a punto de despegar para cumplir con su itinerario de actividades públicas; así como el ex panista Germán Martínez, quien por abiertas diferencias con la Secretaría de Hacienda -a la que acusó de emprender medidas de corte neoliberal- decidió dejar la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este año, en la defensa de su proyecto, el Presidente ha descalificado y hasta desmentido a sus propios colaboradores.

Al ex director del IMSS le reprochó su decisión de darse por vencido y al nuevo titular del organismo, Zoé Robledo, lo contradijo por las cifras sobre desempleo.

El Mandatario descalificó también al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, al afirmar que sí encontraron corrupción en el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM); desmintió dos veces al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, por anunciar la posposición de Dos Bocas y tratar de revivir el cobro de la tenencia. Incluso, sorprendió a su propio Jefe de Oficina, Alfonso Romo, quien -a decir del titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar- no sabía de la cancelación de las rondas petroleras.

Las tragedias

El Gobierno de López Obrador también ha tenido que afrontar momentos críticos, siendo la estrategia de combate al robo de combustibles la que marcó la primera parte de su gestión: cierre de ductos, desabasto de gasolina, despliegue de fuerzas armadas y una compra millonaria de pipas para distribuir los combustibles fue el saldo de esa decisión.

En ese contexto, el 18 de enero en Tlahuelilpan, Hidalgo, se registró la mayor tragedia que ha afrontado la nueva administración. La explosión de un ducto provocó la muerte de 135 personas y generó una crisis interna en la que se vieron envueltos funcionarios de Pemex y de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, quienes tuvieron que explicar por qué se tardaron cuatro horas en cerrar el ducto que terminó por estallar.

La muerte de la Gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, la tarde del 24 diciembre de 2018, mientras viajaban en un helicóptero, también provocó un marasmo al interior de la Administración federal.

Representantes del Gobierno federal se apresuraron a aclarar que en el accidente aéreo no hubo explosivos o sustancias ajenas al combustible que causaran la explosión.