Oaxaca

Controvertidas y cuestionadas decisiones del gobierno de la cuarta transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador inmersas en la conflictiva constitucional ante la Suprema Corte y la crítica de comentaristas que debaten contradictoriamente las políticas públicas que aparecen implementadas y explicadas por el propio ejecutivo en sus entrevistas mañaneras que, además de simpáticas, muestran su buen humor para dar respuesta a las preguntas de los periodistas o explicar de manera amplia su visión de la problemática que se le plantee bajo el esquema de que él cuenta con otros datos o en su caso que los responsables son los conservadores del pasado, el liberalismo y los fifís.

De cualquier manera el periodo presidencial entra precozmente en el periodo de ajuste en que empieza a depurar su equipo de colaboradores, calificados en este tiempo como sus empleados, ya que solo cumplen órdenes, ante la evidencia publica de que son pocos los que pueden tomar determinaciones sin que el presidente las desmienta o modifique al otro día. La reciente renuncia de Carlos Ursúa de la Secretaria de Hacienda pone a flote esa práctica, cuando denuncia que en esa dependencia impusieron servidores públicos improvisados y que son otras personas ajenas a ese rubro quienes fijan la orientación del rumbo de esa importante dependencia; en contraste el poderoso Alfonso Romo, Jefe de Gabinete, aparece en paralelo, en una reunión con el residente y empresarios de Monterrey.

Este proceso natural aunque criticado y sometido a la especulación y controversia judicial. muestra lo que es el Poder Político presidencial que permite justificar, con razón o sin ella, las políticas que hace como parte de la cuarta transformación que incluyen las amenazas veladas a las únicas instancias autónomas e independientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como facultades para controlar la constitucionalidad y legalidad de los actos de los poderes legislativo y ejecutivo, esencialmente lo que es el cimiento del estado democrático, los derechos humanos, a las que se les recorta su presupuesto conjuntamente con las denuncias de corrupción y desvió en los criterios que emiten.

Los asuntos de las guarderías, la austeridad presupuestal república, la limitación de las remuneraciones a los servidores públicos sujetas a la del presidente, la guardia nacional militarizada, la suspensión de la obra iniciada del aeropuerto de Texcoco, la apertura de otro, los proyectos de obras magnas, como el tren maya y la relacionada con Pemex, la política migratoria restrictiva sujeta a violaciones de derechos fundamentales, están afectando la economía, los servicios de salud, de empleo y seguridad de los mexicanos, a pesar de los informes en contrario que tiene el presidente.

Se desmantela la policía federal a que el presidente califica de coco confiable por la protesta que están llevado a cabo en defensa de sus derechos, bastante frágiles por cierto, lo que propiciara, como ya sucedió en el pasado, que los elementos que sean despedidos, separados o liquidados se integren a los grupos organizados de la delincuencia y crezca la inseguridad con personas que conocen como funcionan los aparatos policiacos y sus sistemas de inteligencia. Este fenómeno ya se dio cuando en algún periodo presidencial, cuando un procurador general de la República pretendió depurar profundamente esa corporación.

Los frentes abiertos por quien dirige la cuarta transformación crecen día a día incrementándose con cuestiones relevantes que ponen a flote un funcionamiento opaco y deformado del manejo de operaciones financieras, previsiblemente bajo la influencia, protección y beneficio del poder, como son los casos de Emilio Lozoya, ex Director de Pemex y del abogado Juan Collado y la cita que se hace como implicados de los expresidentes Peña Nieto, y Carlos Salinas.

La espada puesta a Lozoya muestra cierto rasgo de venganza de alguien poderoso, pues se incluye en los mandamientos de aprehensión y aseguramiento de bienes a sus familiares; en el caso de Juan Collado ello aun no trasciende pero se enmarca en esa ruta, al menos mientras no se demuestre objetivamente ante la opinión pública que con culpables y no muestras sexenales del poder para cobrar cuentas políticas, como ha sucedido en otros casos.

La orden de aprehensión librada en contra de Juan Collado y otros, es por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, sustentada en innumerable datos aportados en la carpeta de investigación que comprenden una serie de empresas y sus movimientos en la adquisición y venta de inmuebles, así como transferencias de dinero a los imputados, aduciéndose que esta estrategia, comprar, vender y transferir recursos de esas operaciones, a través de prestanombres mediante el sistema bancario actualiza presumiblemente hechos constitutivos de esos delitos y se presume la participación la participación de Juan Collado.

Estos frentes son los retos de la cuarta transformación que desde luego conjuntados con las entrevistas mañaneras ya implican una metamorfosis que nos mantiene pendientes permanentemente a los mexicanos, muchos preocupados por mensajes alarmantes, otros optimistas invocan la paciencia y el tiempo para valorar y un tercer sector amplio de la bolsa de votantes que sin limite aun creen en las buenas intenciones del Presidente.

El Fiscal General Gertz Manero, contrario a la práctica del pasado, no ha hecho pronunciamiento alguno sobre estas investigaciones, lo cual permite elucubrar sobre la causa de este silencio. Puede deberse a que no esté de acuerdo con los determinado en la investigación por razones jurídicas, ya que es un reconocido profesional derecho con experiencia; en otra ruta, la causa puede ser porque Coello Trejo abogado de Juan Collado, ha fungido como abogado del fiscal en asuntos personales; o quizás la mas seria es que no quiere que suceda lo que paso con Murilo Karam y Ayotzinapa cuyo protagonismo escénico fue un fracaso o por último que las decisiones sobre estos asuntos estén siendo manejados y operados sin su participación.

Como se aprecie la conclusión es que quien decide el rumbo de la cuarta transformación y el alcance de las políticas que corresponden a cada una de las áreas involucradas es la del presidente; los secretarios de estado, salvo excepciones muy contadas, únicamente fungen como figuras representativas, denominados por algunos críticos “empleados”, concepto que es en el nivel de los gobernadores una realidad en sus gabinetes. Esa es la realidad de la cuarta transformación, todo cambia para seguir igual en el sistema federal presidencial.

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