El pasado viernes por la mañana, de manera imprevista, un grupo de conocidos vecinos de esta ciudad y empresarios me externaron su preocupación por la ola de actos delictivos que están ocurriendo en este municipio y en los conurbados, mismos que se materializan en el robo de bienes a casas habitación agravado por la violencia a las personas que ponen en riesgo la integridad física y vida de los miembros de las familias, por parte de delincuentes armados que, como rasgo distintivo, llegan en vehículos de marcas reconocidas y bien vestidos, los cuales se incrementan sin respuesta adecuada de las autoridades que investigan y persiguen, ni de las que previenen.

Lo relevante es que, de acuerdo con la versión de los afectados, se advierte que no todos los que los cometen son de Oaxaca como debe constar en alguna de las carpetas de investigación que se han abierto; estas conductas anómalas, están afectando a los que habitamos la ciudad, máxime que se enlazan con las extorsiones telefónicas que se sustentan en el temor que provocan en las personas de no cumplir con la entrega de dinero mediante depósito en cuentas que luego desaparecen.

Las causas de estas acciones en el nivel nacional las justifica el Presidente de la República en la deficiencia de los gobiernos pasados de Felipe Calderón y Peña Nieto, en los que asegura, no fueron combatidas, sin embargo, las medidas decretadas por el gobierno de la cuarta transformación no han disminuido el quehacer de la delincuencia organizada ni de la no organizada, a pesar de que hizo vigente la Guardia Nacional como una policía nacional, para sustituir a otras corporaciones que aseguran no han funcionado.

Nos preocupa a los que vivimos en el Municipio de Oaxaca de Juárez y alrededores que los atracos se incrementen y que estos conlleven el uso de armas por parte de los delincuentes que agreden y maltratan física y psicológicamente a las familias que experimentan con desasosiego la inacción de las autoridades del ramo que solo responden con palabras y estadísticas que no alcanzan el objetivo de restablecer la confianza en la ciudadanía que ahora se ve obligada a buscar otras opciones para salvaguardar su vida y patrimonio, ante la ineficacia de los que tienen a cargo esa responsabilidad.

La responsabilidad de brindar seguridad a los habitantes de este municipio, de sus zonas conurbadas, son los gobiernos federal, estatal y los municipales sin que puedan pretextarse cuestiones de competencia de cada uno de los tres niveles de gobierno, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como una facultad y obligación de ellas que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actúan bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. Es decir el imperativo de estas actividades públicas está a cargo de las hoy fiscalías y de las policías que incluye a la guardia nacional, la conocida como preventiva del estado o estatal y la municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez, al no hacer distinción alguna el precepto.

La norma amplia el diseño y contenido de la actividad protectora de la seguridad, paz y tranquilidad de los que habitamos este municipio, así como la forma de realizarla para garantizar nuestros derecho humano a la seguridad pública como una función (forma) a cargo del Estado por medio de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, tendiente a salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. El mandato no se ha cumplido ni en pasado ni en el presente.

Como se ve el contenido de la seguridad pública se debe garantizar a través de la prevención, investigación y persecución de los delitos. La actuación de las instituciones de seguridad pública (policías y fiscales) se rige por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

De lo establecido en la Constitución deriva que las corporaciones de seguridad pública, sin distinción, deben garantizar y proteger, con eficiencia y eficacia nuestro derecho a exigir que lleven a cabo acciones preventivas para reducir los delitos y disuadir a los delincuentes. El término se aplica específicamente a los esfuerzos de los gobiernos para disminuir los actos delictivos, aplicar la ley y mantener la justicia penal. Los criminólogos proponen diversas medidas de orden social, económico y de programas de formación.

La realidad imperante en Oaxaca como en tras entidades de la República puede tener como causas todas las que podamos imaginar, pero es una situación objetivamente palpable, que la austeridad república tiene, como consecuencia el desempleo en nuestro país, que se profundiza en estados como el nuestro en que el gobierno es la mayor fuente de oportunidades de trabajo.

Como quiera que sea la sociedad oaxaqueña exige respuestas congruentes por parte de las autoridades de seguridad, tangibles, apreciables y confiables que le reintegren el ejercicio de su derecho humano a vivir con tranquilidad y paz respecto a su persona, familia y bienes, así como de tener a quien recurrir, en un momento dado de urgencia, para que le otorgue sin dilaciones, la protección adecuada.

Sería conveniente que la población se organice por zonas en defensa de su derecho a la seguridad pública, como herramienta ciudadana para exigir y proponer a las autoridades del Estado y del Municipio y conurbados instalen módulos mixtos de atención inmediata a las que la ciudadanía acceda sin obstáculos burocráticos y obtenga respuesta positiva de prevención, investigación y persecución de delitos y delincuentes.

En el municipio de Oaxaca de Juárez es necesario que opere el Consejo de participación Ciudadana y en específico el de seguridad y derechos humanos con espacios en agencias y colonias como instrumento de acceso a las políticas públicas para que sean escuchados los requerimientos, propuestas y seguimiento por parte de los tres niveles de gobierno con el fin de que abandonen la opacidad e insularidad en que se encuentran.

Los gobiernos de las tres transformaciones del pasado y la cuarta del presente no han cumplido el mandato de proteger, garantizar y tutelar de manera eficaz y eficiente la seguridad pública.

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