Oaxaca. Integrantes de la fracción de Morena en el Congreso de Oaxaca presentaron una iniciativa de ley con el objetivo de homologar el marco normativo local con las leyes federales que desde 2016 autorizan el aborto en casos donde las mujeres hayan quedado embarazadas producto de una violación sexual. 

La iniciativa promovida en la entidad busca adicionar un artículo 130 BIS a la Ley Estatal de Salud con el fin de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo producto de una violación sexual, en sincronía con la Norma Oficial Mexicana (NOM) sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterior para la prevención y atención.

El documento, firmado por Elisa Zepada, pretende obligar a todas las instituciones oaxaqueñas vinculadas con el sector salud a prestar los servicios necesarios con el objeto de que la peticionaria pueda materializar la extracción del producto, bajo protocolos médicos adecuados que garanticen su integridad física.

Para ello, agrega la iniciativa, bastará que la solicitante sostenga por escrito que ha sido víctima de una violación, sin la necesidad de que ésta sea sometida a algún tipo de método para confirmar tal versión.

“La modificación a la norma también determina que no es necesario corroborar el dicho de la solicitante, lo que anteriormente se hacía mediante la confirmación de una denuncia de agresión.

“Esto, como la propia modificación señala, deriva de la definición de ‘buena fe’ establecida en el glosario del artículo quinto de la Ley General de Víctimas”, explica.

Al respecto se subraya que “los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derecho de las víctimas no deberán criminalizarlas o responsabilizarlas por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera…”.

También señaña qiue el Grupo de Información en Reproducción Elegida informó que, según el Inegi, en 2017 se registraron en el país 390 mil 80 casos de mujeres menores de 20 años que se convirtieron en madres; de ellas, 9 mil 748 eran niñas menores de 15 años y 380 mil 341 adolescentes de entre 15 y 19 años.

Para la asociación civil, el elevado número de embarazos entre niñas y adolescentes debe asociarse, entre otros factores, con los altos índices de violencia sexual que afronta aquel sector.

Al respecto, el Inegi informó que el 10 por ciento de las mujeres que dijeron haber tenido un embarazo adolescente, también reportaron haber sufrido algún tipo de violencia sexual. La misma encuesta destaca que el 80.39 por ciento de las niñas y adolescentes que fueron víctimas de alguna agresión sexual en su infancia por la que resultaron embarazadas, fueron atacadas por sus familiares, lo que hace urgente garantizar el derecho de niñas y adolescentes a una vida libre de violencia física y sexual.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.