Raúl Rodríguez Cortés

EL UNIVERSAL

Los dos mil millones de pesos que la FGR entregó el lunes pasado al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado —y que se utilizarán para pagar los premios de la rifa del valor del avión presidencial—, fueron recuperados de los cinco mil 88 millones de pesos que, de manera ilegal, si no es que fraudulenta, pagó en 2017 el Infonavit, entonces a cargo de David Penchyna Grub, a la empresa Telra Realty, por la cancelación de los contratos celebrados con el instituto de vivienda para desarrollar el programa Movilidad Hipotecaria.

Dichos contratos se firmaron en 2016, meses después de la salida de Alejandro Murat de la dirección general del instituto en noviembre de 2015 para contender por la gubernatura de Oaxaca. Desde 2014, Telra Realty, de André y Max El-Mann Arazi y Rafael y Teófilo Zaga Tawil, pretendían un contrato exclusivo para desarrollar el programa Movilidad Hipotecaria, mejor conocido como Cambiavit, para atender la legítima demanda de derechohabientes de cambiar de vivienda, ante la modificación de sus necesidades habitacionales, aún sin haber terminado de pagar su hipoteca.

Pero la adjudicación se dio a principios de 2016, cuando Murat ya había dejado de la dirección del Infonavit.

En la investigación realizada por la FGR se establece que fue hasta mayo de 2017 cuando ya bajo la gestión de Penchyna se canceló anticipadamente el contrato por decisión del Consejo del Infonavit y se indemnizó indebidamente a la empresa Telra.

El monto total de la penalización fue de cinco mil 88 millones de pesos, lo que propició una demanda de la FGR, tras la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Santiago Nieto.

Del expediente 110/F/B/646/2020 de la UIF, fechado el 27 de enero pasado, también tuvo conocimiento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la que la FGR solicitó el congelamiento de cuentas de Telra, pero los demandados ofrecieron un acuerdo reparador del daño, a fin de evitar sanciones penales que afectaran al resto de sus negocios.

¿Dónde están y que pasará con los tres mil 88 millones de pesos restantes de la indebida indemnización? ¿Serán fondos por resarcir? ¿Por qué uno de los negocios de los accionistas de Telra (Fibra Uno) rechaza haber tenido negocios con proyectos de vivienda social o relacionados con el Infonavit? Por lo pronto, si nos atenemos a las fechas establecidas en la investigación de la UIF, queda claro que esta maniobra con tufo de fraude ocurrió tras la salida de Murat y que su sucesor, Penchyna, en cuya gestión ocurrió, pretende escurrir el bulto.

ACOSO EN LA UNAM.

Hoy podrían tomar un camino de solución las protestas contra la violencia de género en la UNAM que, hasta el momento de escribir esta columna, mantenían en paro a once de sus escuelas y facultades, pero que habían llegado a tener a dieciséis en tal situación y sin clases a unos sesenta mil de los más de 300 mil alumnos inscritos, durante los tres meses que lleva esta movilización de algunos grupos estudiantiles.

Este miércoles sesionará por la mañana el Consejo Universitario en el Palacio de la Escuela de Medicina, en el centro histórico de la Ciudad de México. Su Comisión de Género (integrada por consejeros de maestros, alumnos y trabajadores) presentará un dictamen en el que ha trabajado desde diciembre pasado. Le podemos adelantar que su punto medular es visibilizar el acoso sexual y todo tipo de violencia de género desde el Estatuto General de la UNAM e incorporar a éste las sanciones correspondientes, disposición que habrá de llevarse a los contratos colectivos de trabajo de los sindicatos de todo el personal universitario, instancias que, amparadas en esa omisión normativa, protegen o encubren a los acosadores denunciados por sus víctimas.

El dictamen también propone que el Tribunal Universitario (máximo órgano disciplinario de la UNAM) tenga una presidencia tripartita en la que dos de sus miembros sean mujeres. De manera que, a la actual presidencia del decano de la Facultad de Derecho Eduardo López Betancourt (en el cargo desde el 20 de febrero de 2019 y señalado de acoso en el pasado), se sumarían dos prestigiadas juristas universitarias, entre las que suenan Arcelia Quintana Adriano, Sonia Venegas Álvarez y Socorro Apresa Salgado. Otras propuestas son: crear un organismo autónomo de la Rectoría, ya consensuado, para hacer expeditos los procesos de denuncia y resolución; y endurecer el reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios que encabeza la experta en la materia Guadalupe Barrena Nájera desde el 26 de mayo del año pasado.

En su normatividad podría incluirse la figura de la mediación, de manera que acuerdos de reparación de daño eviten alargar los procesos correspondientes. El dictamen de marras incluye también los otros dos de los cinco ejes que el rector Enrique Graue planteó contra la violencia de género en la UNAM: la incorporación en los planes de estudio de asignaturas con perspectiva de género y el fortalecimiento de una cultura del respeto. Estos dos últimos puntos develan que la violencia de género no es exclusiva de nuestra máxima casa de estudios sino un problema social y educativo que las mujeres han sufrido por años de machismo en todo el país.

En la UNAM es de una gravedad tal que el Tribunal Universitario tiene hasta ahora más de 600 denuncias sin resolver, lo que explica el resentimiento y la violencia, atizada por grupos ajenos a la Universidad, con la que se han manifestado las alumnas y alumnos sumados a la causa.

Debe decirse, por otra parte, que la UNAM tardó mucho tiempo en plantarle cara al problema. Hace dos años decidió sumarse a la campaña de la ONU Mujeres “HeForShe”, promotora de la equidad de género.

Quizás desde entonces debió haber empezado a tomar las medidas correspondientes. Desde la Rectoría solo se escuchó un discurso débil y sin liderazgo; desde la secretaría general, ahora encabezada por Leonardo Lomelí Venegas, no se ha logrado asumir el control frente a directores de escuelas y facultades que en algunos casos, según denuncias, también han encubierto a acosadores; y desde la oficina de la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, eslabón tremendamente cuestionado por la propia comunidad universitaria, solo se diseñó un protocolo contra la violencia de género que, se asegura, ni siquiera fue consultado entre los alumnos quienes, por supuesto, no se sienten tomados en cuenta.

Todo eso generó un caldo de cultivo en el que grupos externos, incluso extranjeros, tratan de tomar posiciones dentro del campus. En eso están las alumnas de la Facultad de Filosofía que legítimamente iniciaron el movimiento, pero también grupos anarquistas a cuyos nombres ya nos hemos referido aquí, con el apoyo de mujeres chilenas y uruguayas que han resultado de lo más violento; y el Movimiento de Trabajadores Socialistas, fuera del control sindical, con una agenda de lucha muy parecida a la de la década de los setenta.

Su modus operandi muestra experiencia, disciplina y conocimiento, lo que revela que tras de ellos hay financiamiento e interés político: desde el de grupos fragmentados de Morena con histórica presencia en la UNAM (¿Batres, Sheinbaum, Fernández Noroña?), pasando por grupos de porros ligados al PRI y otras formaciones de la oposición, hasta cárteles del narcomenudeo que, en medio del río revuelto, buscan ganar más espacios para su ilícito negocio.

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