ANIMAL POLÍTICO

Oaxaca.- Alumnos de la escuela de Derecho Ponciano Arriaga, que forma parte de las 100 Universidades del Bienestar Benito Juárez, iniciaron un paro de labores el lunes 17 de febrero en demanda de certeza en los procesos académicos, luego de cambios a la currícula, despido de profesores, y falta de reglamentos hasta para la titulación.  

Se trata de una de las universidades que creó y sostenía el partido Morena desde 2016, pero que a partir de 2019 se integró al principal proyecto de educación del presidente Andrés Manuel López Obrador: poner en operación 100 universidades en todo el país.

Su pliego petitorio consta de 21 puntos, entre ellos la emisión de constancias oficiales que avalen los estudios, garantía de libertad de expresión, y acceso universal a las Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro de Educación Superior. Foto: Alejandro Ponce.

Alumnos explicaron a Animal Político que el paro fue la culminación de una serie de inconformidades por las decisiones de la directora del plantel, Verónica Castro, y de la coordinadora nacional del programa, Raquel Sosa, pero sobre todo porque tienen miedo de que todo sea un fraude.

“Nos genera mucha incertidumbre porque invertimos tiempo, incertidumbre, nos desgastamos, hacemos mil sacrificios para terminar en tiempo y resulta que cuando llega el momento de finalizar, no hay nada seguro para titularnos”, dice América López, alumna de la escuela.

Ser de gobierno les quitó calidad

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, abrió 19 universidades públicas en la Ciudad de México, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Campeche desde 2016, mismas que eran administradas como una “asociación civil” y mantenidas con la donación de un porcentaje del salario de diputados y senadores de la agrupación política.

La Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, una de las universidades impulsadas por el gobierno del presidente López Obrador, se fue a paro el pasado lunes. Foto: Alejandro Ponce.

La Universidad Ponciano Arriaga fue una de las tres universidades que sí obtuvieron el Reconocimiento de Validez de Estudios (RVOE) emitido por la SEP al acreditar que tenían instalaciones adecuadas en un edificio de dos pisos en el Centro Histórico, un plan de estudios de calidad y profesores con el perfil académico necesario. El director era Netzaí Sandoval y entre los maestros estuvieron Bernardo Bátiz, Jaime Cárdenas, Juan Luis González Alcántara Carrancá, entre otros.

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La carrera de Derecho estaba orientada a los Derechos Humanos y con el Registro de Validez, los estudiantes egresarían con un título universitario reconocido por la Secretaría de Educación Pública. Por eso es que más de 600 estudiantes que forman la matrícula en tres turnos encontraron en esta escuela -que no aplica exámenes de admisión- una opción para estudiar una licenciatura.

Los estudiantes piden la destitución de Raquel Sosa, así como de la directora del plantel, Verónica Castro Flores, una vez concluida la auditoría e investigación respecto de la operación de la escuela. Foto: Alejandro Ponce.

Sin embargo la situación cambió a partir de la decisión de que serían parte del Gobierno Federal. Los cambios subsecuentes en lugar de mejorar sus condiciones fueron en detrimento de la calidad, aseguran los estudiantes.

El primer cambio fue renunciar al RVOE, es decir, la universidad dejó de pagar derechos del mismo por cada alumno matriculado y examen extraordinario realizado en la escuela. Esto porque al ser absorbidas por el gobierno Federal en automático forman parte de las instituciones de Educación Superior de la SEP.

Apenas el 20 de diciembre, un año después del lanzamiento del Programa de Universidades del Bienestar, se registró como institución educativa a la Universidad Ponciano Arriaga ante la Dirección General de Profesiones de la SEP, con la clave 090886, según el oficio de trámite obtenido por este medio, pero eso ni siquiera fue informado a la comunidad, ni tampoco saben cuáles son los reglamentos que derivarían de ello.

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Como parte de la transición para ser una institución gubernamental, encabezada por Raquel Sosa, también decidieron cambiaron la currícula, eliminaron el enfoque de Derechos Humanos y le quitaron coherencia al plan general, lo que afectó sobre todo a los alumnos de la primera generación inscritos en 2016 y que concluyeron la carrera en 2019.

“Eliminaron materias y eso afectó hasta nuestro promedio. También nos pusieron materias que ya habíamos visto en otros trimestres y no hay reglamentos para la titulación”, asegura Karime Villarreal, estudiante de octavo semestre.