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Oaxaca.- Abril Pérez Sagaón fue asesinada el 25 de noviembre de 2019, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cuando ocurrió el crimen, ella ya había interpuesto una denuncia e iniciado un proceso judicial contra su pareja, quien presuntamente trató de asesinarla en enero de 2019. El hombre la habría golpeado con un bat mientras ella dormía.

Abril incluso tenía medidas cautelares, pero días antes del homicidio el hombre fue liberado de prisión por decisión de dos jueces y un magistrado, quienes consideraron que lo sucedido no fue intento de feminicidio, sino “lesiones y violencia familiar”. Días después, dos sujetos dispararon contra ella y la asesinaron.

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En ese, como en la mayoría de los casos de violencia, dice Fátima Gamboa, coordinadora del área legal de la organización Equis Justicia para la Mujeres, el Estado falla, “porque no solo tiene la obligación de detener la violencia feminicida, tiene la obligación de detener cualquier posible situación de riesgo para una mujer, no se debe esperar a que su vida esté comprometida”.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 31 de enero de 2020, se tienen registradas 197 mil 693 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer.

Mientras que según cifras del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), se han emitido 63 mil 464 órdenes de protección, aunque no se precisa en qué periodo.

Animal Político contactó al Banavim para conocer el periodo en que se emitieron las órdenes. La persona que contestó dijo que el Banco no cuenta con área de comunicación y que desconocía el dato solicitado, pero después señaló que las 63 mil 464 órdenes de protección se han emitido desde el inicio de Banavim, que fue en 2010.

Más allá de las cifras, el problema no es si se otorgan o no las órdenes de protección, “sino que sea de la forma adecuada y que se les dé seguimiento”, subraya María de La Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Sobre el desconocimiento de datos, Estrada lamenta que el Banavim haya invertido recursos en una plataforma que no funciona como debería, y que es el reflejo del poco interés que hay en las órdenes de protección.

Gamboa también señala un dato: “hemos tenido talleres con jueces y uno de ellos nos decía que de 100 órdenes de protección que emite solo le llega el informe sobre cumplimiento y seguimiento de cinco de estas”.

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Sin denuncia

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una orden de protección se emite justo para proteger, y deben otorgarse por una autoridad competente —ministerio público o juez—, en cuanto se conozcan hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.

Para emitir estas órdenes, contrario a lo que se les hace creer a las mujeres, solo basta con su palabra, no se necesita una denuncia previa ni tener evidencia como llegar golpeada.

“Basta con el dicho de la mujer para que las autoridades otorguen la orden de protección, ya después pueden investigar, pero primero deben protegerla”, asegura Rodolfo Domínguez, coordinador general de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género AC.

Esto porque, además, señala Estrada, ir a denunciar pone en mayor riesgo a las mujeres. “El agresor se va a enterar, porque lo van a notificar, y los hombres cuando sienten que la mujer los acusa se vuelven más agresivos”.

Tampoco es necesario, dice la abogada de Equis Justicia, que la mujer tenga golpes visibles o que esté en el hospital: ante su solo dicho, el Estado debe activar los mecanismos necesarios para protegerlas.