En términos generales, la noción de seguridad se ha asociado con la protección y la evitación de peligro o riesgo.

La mayor parte de los especialistas dedicados a este campo se refiere a la “seguridad nacional” como la capacidad de un Estado-nación para defenderse de ataques extraños, y la habilidad de este Estado-nación para defenderse sus intereses nacionales entendidos fundamentalmente como la inseguridad territorial y la soberanía territorial.

Estudiosos y expertos en el tema se han enfrascado en una intensa discusión sobre la necesidad o los peligros de expandir los limites semánticos de la definición se seguridad.

Aquellos en favor de una versión amplia, insisten en la miopía de la definición convencional y en su incapacidad para dar cuenta de los nuevos problemas de seguridad nacional e internacional de naturaleza distinta a la militar.

Por su parte, los proponentes de una versión restringida advierten de los nuevos peligros de relajar los límites de la definición que llevaría a cometer el error de incluir como problemas de seguridad a muchos que no lo son.

Desde hace algún tiempo, los proponentes de la versión amplia han abogado por la incorporación de una lista larga de fenómenos hasta ahora excluidos de la problemática de seguridad que incluyen no solo problemas de supervivencia política, sino también de bienestar general como son: los problemas ecológicos, el agotamiento de recursos naturales no renovables, la migración internacional ilegal, el narcotráfico, y otros más.

En el caso de nuestro país, donde la disciplina ha mostrado una grave incapacidad para lidiar con los problemas de seguridad que surgen de los múltiples conflictos internos, se ha insistido en la necesidad de adecuar el significado de la noción de seguridad a la realidad de los problemas nacionales, en la que la pobreza, salud y la desigualdad, así como la ausencia de consenso político y el recurso a la violencia interna son graves amenazas para la paz y la seguridad nacional.

A veces el simplismo oficial y ciudadano olvida que las relaciones de poder no pasan sólo por la política y las relaciones internacionales, sino que también tiene derivaciones en la estabilidad de los países. Y hablar de estabilidad por razones de guerras, cárteles y salud es referirse a la seguridad nacional.

La doctrina militar de seguridad se asume en las siguientes consideraciones vigentes del Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018:

“Al ampliar el concepto de seguridad nacional en el diseño de las políticas públicas de nuestro país, se podrán atender problemáticas de naturaleza diversa a las estrictamente relacionadas con actos violentos que vulneran los derechos fundamentales de la población mexicana.

“Además de cumplir con la obligación del Gobierno de la República de restablecer la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, a través del combate a toda manifestación de violencia y delincuencia de alto impacto, se debe transitar hacia un modelo de Seguridad Nacional más amplio y de justicia e inclusión social, de combate a la pobreza, de educación con calidad, de prevención y atención de enfermedades, de equilibrio ecológico y protección al ambiente, de promoción del desarrollo económico, social y cultural, así como de seguridad en las tecnologías de la información y la comunicación.

“De este modo, la Seguridad Nacional adquiere un carácter multidimensional que la hace vigente y fortalece el proyecto nacional”.

Y como misión se define así:

“Promover la seguridad del Estado mexicano por medio de una política multidimensional que anticipe aquellas tendencias internas y externas que pueden poner en riesgo nuestro proyecto de nación, salvaguardando así la libertad, los derechos humanos y la seguridad de nuestros ciudadanos”.

Las epidemias-pandemias constituyen problemas de seguridad nacional en tanto que atentan contra la población y generan protestas de diversos grados.

El mapa de riesgos nacionales del viejo Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hoy llamado Centro Nacional de Inteligencia, cuyo director es el general de brigada en retiro Audomaro Martínez Zapata, tabasqueño incondicional del Presidente Andrés Manuel López Obrador, asumía la salud como un asunto de seguridad nacional, no sólo por las protestas, sino también por la afectación de comunidades completas.

Ante los problemas de salud pública, las instituciones tradicionales de seguridad nacional quedaban fuera del contexto, solo las analizaban.

Si bien el plan DN-III implementado por la Sedena y el plan Marina por la Armada de México contemplan en forma coordinada la contención de epidemias, en México se carece de los recursos para detectar y contener este tipo de retos sanitarios, además de que las epidemias, tal y como lo menciona la Ley General de Salud en México, son competencia de las autoridades civiles en materia de salud.

Un sistema responsable y capaz de enfrentar un reto de este tipo, requiere de una profesionalización del sistema de vigilancia epidemiológica, así como de gran capacidad para evaluar nueva información. Al igual que muchos países del hemisferio, México está todavía en vías de desarrollar esta infraestructura como lo vemos actualmente.

Hasta ahora, la pandemia de coronavirus se ha asumido desde el gobierno como un asunto de salud pública aislado y atendido sólo en función del número coyuntural de afectados.

Sin embargo, en otras naciones la respuesta ha sido de seguridad nacional: el cierre de fronteras y el vaciamiento de las calles, con las fuerzas armadas vigilando las posibles y futuras protestas sociales.

La seguridad nacional no es una doctrina militar de guerra, sino un elemento de estabilidad interna para la consolidación del Estado, la democracia y las relaciones sociales.

En los Estados Unidos de Norteamérica la salud forma parte de la estrategia de seguridad nacional, no sólo por el uso de virus como arma sino por el consenso estable interno.

En este tenor, las fuerzas armadas, llámese Ejército, Marina y Fuerza Aérea, han mostrado disposición para combatir pandemia y son hasta el momento el apoyo disponible de los sistemas de salud nacionales.

En ese sentido, están dispuestos a que más de 20 mil elementos castrenses y navales, entre médicos y enfermeras y tropa y materiales de apoyo, para atender la contingencia y que adicionalmente se contratará a más personal civil, como médicos y enfermeras, para robustecer las capacidades de las fuerzas armadas.

México entró en la fase tres de la pandemia de coronavirus Covid-19, al pasar de la contención a la mitigación de casos de origen comunitario.

El compromiso que se tiene de las fuerzas armada a través del Plan DN-III y el Plan Marina es dar seguridad y bienestar al país. 

El personal militar y naval se mantiene en capacitación constante para aplicar estos planes y siempre dispuestos a ayudar a nuestra nación con toda su capacidad humana, material y en este caso hospitalaria, porque después del término de la contingencia, la salud será un el tema de seguridad nacional y no exclusivamente civil.