EL PAÍS

Oaxaca.- Desde la salida de San Cristóbal de las Casas hasta Pocolum, un trayecto de apenas 50 kilómetros en Chiapas, se han contado 167 puntos de venta donde se puede comprar coca-cola. “Es el producto más accesible, si buscas tortillas o frutas tienes que caminar más”, dice Marcos Arana, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Zubirán. Y dice más: “El 3% de los niños de menos de seis meses beben refrescos embotellados en Chiapas, según un estudio de 2016″. Los datos estremecedores no acaban ahí. Son parecidos a los que se dan en Oaxaca, otro de los Estados más pobres y con mayor población indígena de México, donde un cuarto de los niños de 5 a 11 años padece sobrepeso u obesidad. Esta semana, el Congreso oaxaqueño ha prohibido la venta, distribución, regalo y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, una medida que ha saludado el Gobierno federal, que lleva algunos meses repitiendo públicamente que estos productos son “veneno”, algo que no es fácil oír a los gobernantes con tanta claridad, habida cuenta del poder económico de las grandes empresas productoras.

La pandemia del coronavirus ha traído a colación un asunto que venía desde lejos preocupando a las autoridades sanitarias: México es país del mundo donde más refrescos se consumen y el segundo en tasas de obesidad. La diabetes es la segunda causa de mortalidad, con más de 106.000 decesos al año, según las estadísticas oficiales. En 2000 fueron 46.000. Esta es una de las enfermedades que colaboran más eficazmente con el coronavirus. En 2016, la alta prevalencia de estas patologías llevó a la Secretaría de Salud a declarar la emergencia sanitaria en todo el país, ratificada en 2018. Pero las cifras no paran de crecer.

En Oaxaca preocupa además que siete de cada 10 niños están mucho más gordos de lo saludable. “Hemos prohibido la venta de estos productos a menores de 18, lo mismo que con el alcohol y los cigarrillos. No así a los padres, bajo su tutela podrán tomarlo si quieren, pero estamos lanzando un mensaje de que están siendo envenenados con esta ingesta, la gente suele pensar que si están permitidos son buenos”, dice por teléfono Magaly López, la diputada de Morena, el partido del Gobierno federal, que ha insistido en esta medida, desde 2008, hasta lograrlo. “Para las transnacionales no hay camino difícil para envenenar a nuestras comunidades”, añade sin temor.

La diputada es consciente de que falta trabajo por hacer, pero señala que el proyecto legal lo han firmado 73 organizaciones y cuenta con el respaldo de la FAO, Unicef, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos y otros, en cuyas recomendaciones para la salud y la nutrición infantil se han apoyado para redactar esta norma, que establece sanciones a su incumplimiento.

Legislar es solo un primer paso en México, donde el recorrido de las leyes suele ser muy corto. En 2014 entró en vigor otra norma que prohibía la distribución de estos productos, bollería, refrescos, en todos los centros educativos, pero solo hay que darse un paseo por las escuelas para ver que las cosas siguen casi como siempre. Aunque muchos de los consultados para este reportaje ven en el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador la voluntad de que esto cambie. La enfermedades antes señaladas, la diabetes, sobre todo, equivale a la mayoría del presupuesto que se maneja para Salud en todo el país. En el caso de Oaxaca, la vigilancia para que la nueva norma se cumpla queda ahora en manos de la Secretaría de Salud de ese Estado.

Los refrescos y las chucherías de toda clase se venden en cada esquina y hasta en las farmacias. Los estantes de los supermercados son una fiesta de colores, bebidas azules, rosas, naranjas, verdes y oscuras. No será fácil para el dueño de una tienda determinar qué productos puede vender o no, aun cuando la medida entre en vigor en Oaxaca, porque la norma federal de etiquetado y los sellos que indican que esos productos están por encima de las calorías admisibles no estará hasta diciembre, frenada ahora por un amparo judicial. Además, la normativa oaxaqueña, que ya miran otros Estados, como Tabasco, corre el riesgo de enfrentarse a las compañías productoras por defectos de forma.

“Hay inconsistencias semánticas”, empieza Germán Santillán, consejero directivo de la Asociación de Chocolateros de Oaxaca. “Es demasiado general, nos preocupa que eso afecte a los productos tradicionales, nada nos asegura que no será así y eso irá en contra de los pequeños productores, que han hecho un esfuerzo por profesionalizarse, por diseñar un envase, por darle una marca a su producto, por tratar de competir en el mercado. ¿Acaso ahora tener un empaque es algo malo? Es complicado ser emprendedor en este país”, se queja. “Siempre nos toca a los mismos, a la economía formal, la que paga impuestos”, añade.

“Hay 40.000 muertes asociadas a las bebidas azucaradas en México cada año y el 70% del azúcar añadido en la dieta de los mexicanos proviene de estos refrescos”, dice Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor. Recurre a un estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el que se recoge que el mexicano consume de media 264 kilos de estos productos al año. Así son las medias. Pero lo cierto es que las poblaciones más afectadas son las más pobres, donde los índices de obesidad y enfermedades asociadas son más graves. En México eso tiene una traducción sencilla: las comunidades indígenas, cerca de 25 millones de personas de un total en el país de 127 millones.

Hay un dicho extendido: hasta esas comunidades no llega el agua potable, pero sí el camión de Coca-cola. Y es cierto. En lo más alto de la montaña de Guerrero, los tlapanecos desayunan su pozole de maíz salido del caldero en la lumbre y lo acompañan con refrescos de toda clase. Millones de niños desayunan, comen y cenan con estas bebidas azucaradas. “Es cierto que en muchas comunidades no hay agua potable para beber en casa y eso es responsabilidad del Estado. La principal acción de salud, más importante que las vacunas y la asistencia alimentaria sería llevar el agua a esas comunidades. Se reducirían sus principales causas de muerte”, afirma tajante el investigador Marcos Arana.

“Narcomenudeo”

“Las grandes compañías subsanan el alto contenido en azúcar con edulcorantes artificiales, que pueden constituir una amenaza semejante, como los edulcorantes no calóricos, el aspartame y otros de consecuencias terribles. Son un veneno, sí”, prosigue Arana. Él conoce de cerca el caso de Los Altos de Chiapas, “donde el precio de estas bebidas es más reducido en las pequeñas comunidades que en otras ciudades, y las tienditas en los pueblos rurales tienen multitud de refrigeradores donde se venden estas botellas, con tarifas eléctricas subvencionadas para aliviar la carga económica a la población indígena. Así que están vendiendo bebidas frías con dinero público”. Hay otras prácticas que el investigador compara sin ambages con el “narcomenudeo”. “Las compañías regalan sus productos a las familias consumidoras y les convencen para que vendan a los vecinos. Eso genera una dependencia terrible. No hay producto más accesible”, dice.

Numerosos estudios señalan el gran poder adictivo del azúcar, en el que han caído millones de niños desde temprana edad. “No deberían tomarla hasta después de los dos años, pero están muy expuestos y cuando van creciendo rechazan todo aquello que no sea azucarado o salado. Son personalidades adictivas. Este mismo año, en febrero, la OMS, Unicef y la revista médica Lancet señalaban tres grandes amenazas mundiales: el cambio climático, la contaminación ambiental y las presiones comerciales que incentivan hábitos de vida no saludables. Todas ellas generan a su vez amenazas de violencias y guerras”, prosigue Arana.

Pero la industria y los comerciantes niegan la mayor. Cuauhtémoc Rivera, portavoz de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), considera que “los mexicanos están gordos porque comen muy sabroso, es una identidad cultural, comen donas, tacos, tortas, tamales, tlacoyos, tlayudas, churros”. Añade que es también una cuestión de pobreza: “La gente no come lo que debe y cuándo debe, sino lo que puede y cuándo puede”. Sin embargo, dice que en Las Lomas, uno de los barrios más adinerados de la Ciudad de México, “también hay gordos”. De nuevo la cuestión sabrosa y cultural. “Lo de la diabetes es porque la sociedad está estresada por no saber qué va a ocurrir. Prohibir no arregla nada, solo empeorará la situación económica. No deberíamos estar ni hablando de esto”, dice, “sino de qué vamos a hacer si gana [Joe] Biden [en Estados Unidos]. Esos son los grandes temas del país”.

Rivera dice que “prohibir, como ha hecho Oaxaca, no soluciona nada, asumen que los jóvenes no tienen capacidad de discernir sobre su consumo y solo están atacando al mensajero, que es el que hace los mandados a la familia, el que va a la tienda”. Ya, pero antes de prohibir la venta de cigarrillos a menores, muchos niños iban a la tienda a comprarlo dizque para sus padres… “Yo soy liberal, apuesto por esos errores. Creo que deben vivir su vida en libertad. [Lo de Oaxaca] es un mensaje autoritario y sin razón. Va a ser más fácil en este país comprar mariguana que un refresco”, se irrita Rivera.

Un estudio en 2016 determinó que el 90% de los niños y niñas de primaria tiene caries. “De esto no se suele hablar y es el mismo problema, el azúcar. La caries está normalizada. Hace 30 años eso no pasaba entre la población indígena. Recuerdo un estudio en los años 70 de una californiana que fotografiaba a los niños de esas comunidades con unas sonrisas anchas llenas de dientes blancos y cuando volvió en los 90 se quedó sorprendida. Las caries fueron una de las razones por las que se emprendió la regulación del azúcar en Estados Unidos”, dice Alejandro Calvillo.

¿Es tarde ya para tomar medidas como las de Oaxaca? ¿Cuántas generaciones están afectadas ya por la adicción al azúcar? “Llegamos tan tarde que ahí están los índices de obesidad y diabetes. Estas medidas son urgentes para que las nuevas generaciones no se críen igual, bebiendo coca-cola desde bebés”, sostiene Arana.

Decir Femsa es lo mismo que decir Coca-Cola en México. Femsa es la embotelladora de la chispa de la vida más grande del mundo, así lo indica su página web, con ramificaciones del negocio en varios puntos de Latinoamérica. No hay forma de hablar de bebidas azucaradas o de obesidad sin que el poder de esta empresa salga a relucir en boca de todos los consultados. Es, además la propietaria de las tiendas OXXO, miles de ellas en todo México, en cada esquina, donde se comercializan estos productos cuya venta prohíben ahora a los menores en Oaxaca. Femsa envía para este reportaje un comunicado que expresa una posición templada.

“Coincidimos con la intención del Congreso del Estado de Oaxaca de fomentar la salud entre los niños y jóvenes por lo que reiteramos nuestra apertura al diálogo y a medidas adecuadas para el contexto en el que vivimos”, dicen, pero advierten de que esta prohibición “podría tener efectos adversos en la economía oaxaqueña en su conjunto”. Aguardan a que la legislación termine sus trámites y esperan compartir con todos los sectores la búsqueda de “alternativas que permitan construir proyectos en beneficio de la niñez oaxaqueña y atender temas de salud”. No hay tiempo que perder, las cifras de mortalidad en México asociadas al azúcar son inequívocas. Y con la pandemia se va a pagar un alto precio.