Tal y como lo hemos venido señalando, la consulta impulsada por Manuel Andrés López Obrador MALO para realizar el día de la próxima jornada electoral, a celebrarse el domingo 6 de junio de 2021, una “Consulta Popular” tendiente a juzgar a los  ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, será, sin duda alguna, declarada inconstitucional. Al menos, así se desprende del proyecto de sentencia publicada, cuyo ponente es el  ministro Luis María Aguilar Morales, a quien por razón de turno le correspondió dicha encomienda. En un impecable proyecto concluye, entre muchos puntos más, que el documento del presidente “es un concierto de inconstitucionalidades” y continuó diciendo: “No es procedente una consulta popular para hacer exigibles estos derechos (humanos), pues la Constitución y las leyes establecen, en forma tajante, los derechos de todas las personas y sus garantías de protección, por lo que, en caso de que exista conocimiento y se dé noticia de que se ha violado un derecho o se han realizado violaciones generalizadas de derechos humanos o crímenes contra la humanidad, es obligación del Estado mexicano investigarlas, perseguirlas y, en su caso, sancionarlas conforme a los principios esenciales del debido proceso y a las garantías de la persona imputada”. 

En otras palabras: Si existen delitos, ¡denúncialos López! Corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificar la constitucionalidad de este tipo de procedimientos, por lo que será sometida a votación el próximo 1 de octubre, sesión que podremos seguir en la transmisión en vivo del “Canal Judicial”. Ahí veremos si en realidad las nuevas Ministros, que llegaron impulsados por MALO, están dispuestas a impartir verdadera justicia o votarán conforme las órdenes de quien los propuso. Cuando éste se enteró de este proyecto, solo dijo: “no solo interviene un Ministro”.  

Las críticas de inmediato inundaron las redes sociales acusando al Ministro de no querer llevar a juicio a quienes estuvieron al frente de la presidencia de México entre 1988 y 2018 acusando de proteger la corrupción en el país. No nos equivoquemos, el Ministro Luis María Aguilar no pretende que no se enjuicien a los ex presidentes, lo que proyecta es la protección de todos los mexicanos a verse expuestos a una clara violación a sus derechos humanos y al debido proceso judicial Si hay pruebas de corrupción y de violación flagrante a las leyes por parte de los ex presidentes ni siquiera se requiere una consulta, el Ministerio Público debe de actuar inmediatamente que se presenten las denuncias correspondientes acompañadas de las pruebas de cargo necesarias. Afortunadamente hoy el Poder Judicial es un contrapeso que ha parado algunas iniciativas polémicas del Ejecutivo y funciona (por el momento) como debería de funcionar el Poder Legislativo, a favor de las acciones de beneficio del país y en contra de ocurrencias que podrían afectar. 

La decisión de los ministros respecto a esta iniciativa debe seguir lo propuesto por el Ministro Aguilar y no puede basarse como se les ha pedido en el sentir del pueblo, pues en efecto el pueblo está sediento de justicia y del castigo a la corrupción pero por las vías ya sentadas por la Constitución y las leyes vigentes y no por la vía de la venganza lo que nos haría cómplices de esa corrupción que se dice quieren combatir. 

Sin duda, el presidente está enterado de que dicha petición y más por los motivos que aduce, es improcedente, pero le urge que en la boleta electoral esté un recordatorio subliminal de su gestión, para apoyar a los candidatos de Morena, partido que no tiene, con honrosas excepciones, gente capaz para proponerlos como candidatos a la elección de diputados federales en esa elección intermedia, por ello y por la pésima gestión del gobierno federal, es muy probable que ese “partido político” pierda la mayoría en la Cámara de Diputados. López lo sabe, e intenta, mediante una serie de maniobras electoreras, aparecer indirectamente en la boleta electoral. “Morena” es él,  sus candidatos aisladamente no ganan la elección ni de concejal en un salón de clases.

La decisión de los ministros respecto a esta iniciativa debe seguir el dictamen propuesto por el ministro Aguilar y no puede basarse como se les ha pedido en el sentir del pueblo, pues en efecto el pueblo está sediento de justicia y del castigo a la corrupción pero por las vías ya sentadas por la Constitución y las leyes vigentes y no por la vía de la venganza lo que nos haría cómplices de esa corrupción que se dice quieren combatir. 

Amén que no todo el pueblo aprueba sus arrebatos, tan sólo se reduce a sus feligreses, que le creen a pie juntillas, como la farsa de estampar sus firmas que fueron tan sólo 2.5 millones, supeditada su validez por el INE.  Que con su verborrea demagógica incrementa el odio para hacer un linchamiento contra los Ministros, dejando al garete el contrato social al que ahí sí, todos estamos obligados a acatar en aras de fortalecer las Instituciones de México que tanta sangre se derramó para instaurarlas , por eso vivimos en un Estado de Derecho. Porque la personificación del justiciero que mucho denuncia de palabra y poco actúa por la vía judicial, envilece la lucha contra la corrupción y dispara expectativas que habrán de derivar en un nuevo desencanto. Y no es la justicia selectiva, o sea como en las estaciones de radio, tal cual la consulta no es complacencia musical.

Jugadas de la Vida

Durante la Segunda Guerra Mundial, los médicos prescribieron el ron como antídoto contra los efectos del gas venenoso. 

Twitter: @ldojuanmanuel