El 17 de enero de 2016, el diario El Universal publicó el reportaje: Fideicomisos, las cajas negras de los gobiernos. En el equipo editorial analizaron 614 fideicomisos que existieron en el gobierno federal durante el periodo de 2006 a 2014 y a los que se les destinaron más de 2 billones de pesos. El trabajo trascendió el ámbito periodístico y derivó en un micrositio en el que se podían consultar las bases de datos que contenían los resultados obtenidos de la investigación.
Es importante señalar que aunque en nuestro país existe legislación vinculada a fideicomisos desde 1985, como la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la cual estableció que se pueden constituir dos tipos de fideicomisos públicos, paraestatales y no paraestatales, el reportaje de El Universal afirma que quienes participaron en la investigación sólo tuvieron acceso a datos de fideicomisos a partir de 2006, ya que las dependencias consultadas argumentaban que la información no estaba organizada. 
Para tener un panorama general de la situación de los fideicomisos en el país, el medio impreso recurrió a la opinión de María Marván Laborde, quien se desempeñó como Comisionada del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) de 2002 a 2011 y desde esa posición articuló la recomendación que le hizo en el 2004 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que organizara la información correspondiente a los fideicomisos. 
Como resultado de su entrevista, es la propia Marván, quien aporta una definición de lo que es un fideicomiso público, asociándolo con una “figura bancaria o un instrumento financiero, en donde se dispone de dinero y en el cual, los fideicomitentes le dan órdenes al Comité Técnico de lo que se puede hacer con ese dinero”. Además, agregó que en ese momento los fideicomisos existentes más controvertidos eran los que se habían empleado para construir la nueva sede del Senado, los segundos pisos en la ciudad de México y la línea 12 del Metro. 
En México, la creación de fideicomisos ha estado justificada por uno de sus objetivos fundamentales, brindar estabilidad presupuestaria a las dependencias o a los ramos para los cuales se han creado, siendo los más recurrentes, las pensiones, los subsididios, los estímulos, la infraestructura o los apoyos financieros. 
La suspicacia en torno al manejo de los recursos económicos contenidos en los fideicomisos dio como resultado que en el 2009, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación facultara a la Auditoría Superior de la Federación a imponer sanciones económicas a quienes se negaran a proporcionar información que justificara el manejo de los recursos de los fideicomisos. Incluso, el reportaje de El Universal consigna que existe un registro de 2013, en el que el entonces Presidente de la República, publicó en el Diario Oficial de la Federación, instrucciones para promover la depuración mediante la extinción de aquellos fideicomisos públicos que no fueran estrictamente necesarios.
Es innegable que la implementación de fideicomisos, mecanismo que ahora se intenta extinguir, ha obedecido a las necesidades particulares de la encomienda y tal vez, ha sido la única posiblidad real de concretar los resultados esperados. Muestra de lo anterior, es el Centro Cultural Santo Domingo, que según lo dispuesto en el acuerdo publicado el 10 de noviembre de 1994 en el Diario Oficial, el gobierno federal retiró al ejército del recinto y lo destinó para que el gobierno estatal estableciera el Instituto Oaxaqueño de las Culturas, entre otras instancias. 
La restauración de los 42 mil 768 metros del Centro Cultural Santo Domingo se llevó a cabo de 1994 a 1998 y requirió de una inversión de 117 millones de pesos para recuperar la vida de un recinto que durante el virreinato se dedicó a las tareas de educación y de evangelización. 
Una vez restaurado el complejo arquitectónico, debió iniciar su operación, por lo que el 24 de julio de 1998, el Gobierno del Estado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Nacional para la Cultura y el Artes, un banco nacional y una asociación civil, suscribieron el contrato de fideicomiso irrevocable para administrar los recursos y donativos necesarios para contribuir a su mantenimiento, conservación y desarrollo, razón por la cual destinaron una aportación inicial de un millón y medio de pesos.
Las contribuciones sociales del proyecto fueron promovidas por la lucha incesante de Francisco Toledo, pero tomaron forma de fideicomiso, el cual ha permitido la existencia del Museo de las Culturas, la Biblioteca “Francisco de Burgoa” y el Jardín Etnobotánico, razones por las cuales, este mecanismo financiero destaca como un ejemplo de integración de los diferentes niveles de gobierno con la sociedad civil organizada y la iniciativa privada, con el propósito de proteger el patrimonio artístico y cultural de México.