MILENIO

OAXACA.- Según las denuncias, que también fue presentada ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR) entre los años 2008 y 2014 las administraciones de Francisco Martínez Neri, Rafael Torres Valdez y Eduardo Martínez Helmes, en la rectoría de la UABJO, recibieron aportaciones extraordinarias por parte de los gobiernos federal y estatal por 811 millones 648 mil pesos.

Señalaron que de tal cantidad sólo ejercieron 448 millones, y de los 109 millones 11 mil pesos restantes se utilizaron para engrosar los saldos de los estados de cuenta de la universidad, mientras que 254 millones 159 mil se encuentran, a la fecha, sin solventar.

A las irregularidades denunciadas se suma la operación financiera que se aplicó entre las administraciones de la UABJO, del año 2016 a lo que va de 2020.

La denuncia en poder de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la legislatura federal, fue signada por el líder sindicato de la universidad, Enrique Martínez, y los catedráticos Juan Gopar, Eliseo Reyes, Jorge Sánchez Toledo y Emanuel Cisneros, que han solicitado a las autoridades federales una revisión y fiscalización de los fondos aportados a la UABJO y se revise la nómina, al advertir la presencia de aviadores, además de que hay triangulación de pago de nómina, al estar inmiscuidas empresas de las que no se disponen referencias de domicilios fiscales.

Además, se acusó de la presencia de empresas factureras fantasmas como lo es el Corporativo en Servicios Integrales Nakser S.A., Especialistas en Administración Kapao, S.A. y Corporativo Tuxame S.A.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había colocado sobre la mesa ineficiencias administrativas en la UABJO. En 2018 se auditaron los subsidios para Organismos Descentralizados Estatales que alcanzaron a esa universidad los mil 11 millones de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 935 millones 604 mil pesos y en ese entonces se concluyó que 502 millones 850 mil pesos quedaban por aclarar en el rubro de remuneraciones a servidores públicos por concepto de sueldos, prestaciones no ligadas, prestaciones ligadas y estímulo a carrera docente.

De esa cantidad no se presentó documentación comprobatoria por 366 millones.