Oaxaca.- Nunca más una Pandemia tan devastadora que en diciembre nos dejó el mayor número de muertos cada día desde que inició. Así lo indican los reportes de la SSA, pero a muchos políticos no les importó. Sus dominaciones exhibieron sus excesos. 

Legisladores, presidentes municipales y funcionarios del Morena como nunca han tenido poder, hoy que el efecto López Obrador los encumbró, roban, abusan e incurren en ilegalidades con avidez.

Una banda de presidentes municipales jaristas de la zona del Istmo cerraron la carretera más de cuatro días entre el azote brutal de Covid19. Los diputados locales que encabeza la Morenista Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, sin el menor pudor por la reciente muerte de su colega Othón Cuevas víctima del Covid19, organizaron verdaderas bacanales como aquellas “fiestas en honor al dios Baco o Dioniso, en las que se bebía sin medida. Las sacerdotisas organizadoras de la ceremonia se llamaban bacantes y el nombre ha quedado asociado a las orgías”.

SANA AMBICIÓN

La primera en romper las recomendaciones sanitarias con su amontonamiento en las fiestas decembrinas con los diputados fue la presidenta de la JUCOPO Delfina Elizabeth Guzmán. Siguieron con los bloqueos de carreteras del Istmo la presidenta municipal de Tehuantepec, Vilma Martínez Cortés; Juan Carlos Atecas de Salina Cruz y Antonino Morales de San Blas Atempa, entre otros. En plena contingencia por el Covid19 para nada se vio entre estos personajes la sana distancia que recomiendan las autoridades de Salud. Al contrario, enseñaron virulenta “sana ambición”. Son cosas que solo pasan en Oaxaca. Inconcebible que las primeras autoridades de esos municipios sitien sus pueblos. La nueva clase en el poder que ofreció ser “diferente”, es la instigadora, pero ¿Quién los mueve?

La mano negra que acicatea tanto a los diputados morenistas del Congreso local como a la banda de presidentes municipales de la franja del Istmo que operan con actitudes mafiosas, está bien identificada. Su fin es el dinero fácil.

Los mueve el senador Morenista Salomón Jara Cruz. En el Congreso por medio del incendiario Flavio Sosa a través de su hermano el diputado Horacio recién relevado de la presidencia de la JUCOPO. Lo mismo hace con el clan de presidentes municipales a través del edil de San Blas Atempa, Antonino Morales. Todos se identifican por el desvío del presupuesto de sus respectivos ayuntamientos por lo que no tuvieron dinero para pagar aguinaldos y otros adeudos de fin de año.

Diestros en la presión y el chantaje político, planearon con el senador Jara una especie de “operación pinza”. Desde la Cámara apretarían los diputados en vísperas de aprobar la Cuenta Pública y, con los bloqueos de carreteras, los presidentes municipales harían lo suyo. Los legisladores pretendían reordenar partidas presupuestales para que los Ayuntamientos que maneja Jara tuvieran reasignaciones por unos 300 millones de pesos más para tapar sus raterías. A eso se debe la tardanza en la aprobación del presupuesto.

Mi fuente indica que el Ejecutivo tuvo que aceptar algunas negociaciones, como el famoso “pago por evento”, para que votaran los diputados morenistas que tienen mayoría avasalladora, pero no dieron a conocer cifras exactas. Todo indica que las reasignaciones que pedían esos ediles, por injustificadas, no fructificaron. Esto se deduce porque, por ejemplo, el edil de Salina Cruz, Juan Carlos Atecas, el fin de año no tuvo para pagar aguinaldos ni servicios de limpia. Un verdadero caos en ese municipio.

LE LIMAN LAS UÑAS

En medio de un grotesco episodio más de corrupción entre diputados y presidentes municipales, el jurista Eduardo Castillo da a conocer un intento más por acotar la deshonestidad que priva en el (peor) Congreso del estado, con todo y que los morenistas se llenan la boca diciendo “no somos iguales”.

Se reformó el artículo 31 constitucional, párrafo segundo, para incluir el concepto austeridad en el manejo del presupuesto del Poder Legislativo y su obligación de rendir cuentas. “La administración con autonomía deberá ser con apego a lo que ordena el artículo 137 de la Constitución”.

Se indica que, con datos de la Encuesta Nacional sobre Impacto Gubernamental, en Oaxaca la confianza ciudadana para con los diputados locales es apenas del 20.04 por ciento. Solo dos de cada10 ciudadanos le tiene cierta confianza. Hasta en documentos oficiales como el periódico oficial de Oaxaca, se dan a conocer cifras inciertas de cuánto es lo que realmente gastan los diputados cada año. Una de mis fuentes fidedignas afirma que pasa de los mil cien millones de pesos anuales, aunque la Cámara dice que no pasa de los 700 millones de pesos. Lo cierto es que está calificado como el Congreso estatal más improductivo y dispendioso.