Oaxaca.- Lo realizan desde el Congreso local los miembros de la comisión de procuración de justicia que encabezan las diputadas Morenistas Elisa Zepeda Lagunas y Magali López Domínguez.

Por cierto, la primera legisladora fue rechazada en su intento de reelección por los electores que bien conocen su ruindad.

En lo superficial, perece que este grupo de “espurios” lo que quiere, solamente, es eternizarse en el cargo, pero el fondo político es que Alfredo Lagunas Rivera persiste en mantener su cacicazgo y para ello necesita incólume el bloque de esos seis magistrados que maneja a su antojo contra sus homólogos colegiados. Como resultado del primer amparo que perdieron, dos “espurios” aceptaron su jubilación. Lo raro es que hoy vuelven a incluir sus nombres en la nueva controversia.

Atendiendo consignas del magistrado Lagunas y de su tío el diputado Ericel Gómez Nucamendi, estas diputadas siguen calentando la controversia desde la Cámara. La intención de estos dos personajes es clara: fortalecer su control en el Poder Judicial por encima de reglas políticas y normas legales. El poder que mantienen allí es indiscutible. Al manejar el bloque de los “seis” imponen su juego. Empezaron a controlar todo en el TSJ a partir de que el entonces gobernador Gabino Cué permitió que designaran el bloque de seis magistrados por encima de las normas constitucionales y sin la aprobación del Congreso. Pruebas de todas estas ilegalidades fueron el sustento para que un juez federal desechara el primer amparo judicial que interpusieron los “espurios”, pero ahora vuelven a la cargada con otra controversia.

GRAN CORRUPCIÓN

Han sido severas las críticas sobre la corrupción en la administración de justicia del Poder Judicial de la Federación. Vienen del propio presidente López Obrador y por eso sorprende que un asunto tan manoseado como el de los “espurios” siga litigándose entre sospechas.

A propósito de escrúpulos, la contraparte ve con malicia que la nueva demanda de amparo haya sido admitida por el juez Amado Chiñas Fuentes cuando existe una resolución del consejo de la judicatura federal que dispone que cuando exista identidad en cuanto a las partes o actos reclamados, la nueva demanda tendrá que ser turnada al mismo juzgado que conoció, primeramente, o en su defecto, el juez actual tiene que declinar su competencia.

Al ser desechado el primer amparo de los “espurios” y su padrino, con la intención de no ser removidos de sus cargos, dos de ellos aceptaron ser jubilados. Aun así, promovieron otro amparo contra el Congreso para que no les quieten el cargo.

Entre esas sospechas una de las partes pregunta porque el Juez 3 de distrito Amado Chiñas Fuentes y su secretaria Citlalli Cruz García, admitieron ese amparo bajo el número 651/2021. Saben que estaban violando las disposiciones del Consejo de la Judicatura Federal que ordenan la obligación de turnar ese amparo al juzgado que previamente conoció del asunto. Además, dicen que este juez violó la ley de amparo que prohíbe la admisión de demandas, cuando se trate de resoluciones emitidas por Tribunales Colegiados.

Todo un embrollo jurídico que evidencia la gran podredumbre del Poder Judicial y que debe llevarnos a recapacitar sobre lo siguiente:

La Corte Suprema de nuestro país ha definido en su jurisprudencia el siguiente veredicto: “los litigantes sin escrúpulos son aquellos que dan una versión deformada de los hechos, con el evidente propósito de lograr que los jueces federales de amparo no tengan una idea exacta de la naturaleza de los actos materia del juicio, y obtener alguna ventaja con el entorpecimiento de la administración de justicia”.

No se avizora aún el resultado final de esta controversia. Son muy oscuras y poderosas las fuerzas que se mueven en esta cruda disputa por el control del Poder Judicial de Oaxaca. Intereses perversos mueven a las juezas locales Erika María Rodríguez y Jesica Maribel Arango Bravo y sus abogados Carlos Morales Sánchez y Eduardo Baños Garnica. Alegan incoherencias como la paridad de género cuando en la designación de los “seis” hubo solo una mujer. Invocan legalidad cuando su magistratura no fue avalada por el Congreso. Por eso perdieron el primer amparo.

Con argumentos jurídicos rebatibles demandan nuevamente el amparo de la Federación. Y como dice la crítica: dan versiones deformadas de los hechos para lograr confundir a los jueces federales. Pueden caer en diferentes delitos por su insistencia por obtener ventajas procesales como el hecho de que les admitan su demanda.