*Estefania Morales Arenas

Durante el proceso electoral 2021, además de renovarse la cámara federal, se renovaron 30 congresos locales, excepto en Coahuila y Quintana Roo, cabe precisar que a recientes días de la toma de protesta de la LXV Legislatura del Congreso Federal, la legislatura saliente realizó importantes reformas al andamiaje jurídico mexicano a fin de definir los linderos a lo que en su momento era el nuevo Poder Ejecutivo, particularmente en un problema tan antiguo y vigente como la seguridad pública en el país.

La LXIV Legislatura – mayoritariamente MORENA – a principios del 2019 reformó la Constitución Federal en materia de Guardia Nacional, a fin de dar origen jurídico a esta nueva Institución de Seguridad Pública.

En dicho Decreto, para ser exactos en el artículo Cuarto Transitorio, fracción III, se instruyó la expedición de Leyes Secundarias, como la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, un gran pendiente en el país, que desde 2015, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH) señalo que en México había ausencia de un instrumento que se apegará a estándares internacionales y que fuera aplicado a todos los cuerpos de seguridad pública (Informe Anual CIDH 2015).

No obstante previo a la publicación de dicha Ley Nacional en el Diario Oficial de la Federación, algunas entidades federativas ya habían emitido leyes en la materia, así como diversos instrumentos normativos que regularan el uso de la fuerza, como lo fue Oaxaca, entidad que desde el 2015 ya contaba con un robusto andamiaje jurídico en el tema y que en las diferentes plenarias de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, sirvió de faro para aquellos que buscaron una carta de navegación cierta en su elaboración.

A más de dos años de su entrada en vigor, es importante mencionar que si bien la LXIV Legislatura Federal hizo su tarea, los congresos locales entrantes deberán retomar este tema y realizar las acciones legislativas suficientes para armonizar la normatividad de los estados a los criterios establecidos en el ámbito nacional, o en su caso, desvanecer ambigüedades que la Ley Nacional contiene, pues a decir de algunos expertos dicha ley se contrapone a las recomendaciones de la CIDH, pero de eso en otro momento detallaré.

En otras palabras, si bien la Ley Nacional implica un esfuerzo normativo en la materia, aún falta mucho por cumplir pues su objetivo es “brindar certeza jurídica y transparencia a la ciudadanía en relación con el uso de la fuerza que realicen las instituciones de seguridad en el ejercicio de sus funciones”. Por ello, los congresos locales entrantes son pieza fundamental para prevenir futuros problemas en el actuar de los cuerpos de seguridad, así como evitar atropellos a los derechos humanos de la ciudadanía mediante una regulación más robusta.