La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encontró que, en los últimos diez años, más de 70 mil migrantes han sido víctimas de tráfico y secuestro en México; las entidades con más casos de secuestro son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, y las personas más afectadas son personas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba.

En el Informe Especial sobre la situación que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México 2011-2020, la CNDH detalla las acciones realizadas en ese período por las autoridades migratorias, así como por las encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, relacionadas con la persecución y sanción de los delitos de tráfico ilícito y secuestro en perjuicio de personas migrantes en México.

Para su elaboración, la Comisión Nacional levantó la Primera Encuesta Nacional en 48 Estaciones Migratorias sobre las Condiciones de Viaje en México 2021 de las personas en movilidad, aplicando mil 174 cuestionarios en una muestra representativa diseñada por la Universidad La Salle de México. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estuvo a cargo del desarrollo de un apartado especial sobre el tráfico ilícito de migrantes en México.

De los distintos informes rendidos por las autoridades, la CNDH advierte que México no cuenta con un Protocolo Homologado de Actuación especializado en el tema que garantice un procedimiento de coordinación entre las autoridades para la prevención, investigación, búsqueda y sanción de los delitos de tráfico y secuestro de personas migrantes, así como medidas de asistencia y protección y seguridad a las víctimas que atienda sus necesidades especiales.

A través de este Informe Especial, la Comisión Nacional emitió 13 propuestas generales y 44 propuestas particulares para que las autoridades mexicanas emprendan acciones precisas de coordinación en los tres órdenes de gobierno e impulsar el combate al tráfico y secuestro de personas migrantes en el que se incluya el fortalecimiento de las tareas de prevención del delito, procuración de justicia y el respeto de los derechos humanos.

Entre las propuestas generales, resalta la urgente necesidad de cumplir el deber jurídico que tienen las instituciones del Estado competentes para garantizar la seguridad pública, de prevenir la comisión de conductas delictivas y, en su caso, investigar los delitos que lleguen a cometerse, a fin de identificar a los responsables y lograr que se les impongan las sanciones legales correspondientes, garantizando que no queden impunes. Todo ello acompañado de una política pública específica e integral.

Por su parte, entre las propuestas específicas más relevantes se encuentra aquella dirigida al Instituto Nacional de Migración para que adopte mayores medidas para facilitar el ingreso y tránsito de las personas migrantes de forma regular, a fin de que no recurran a vías clandestinas, de modo que se reduzca el riesgo a ser objeto de delitos y violaciones a sus derechos humanos y fomentar la denuncia.

Fuente: Milenio