Anne Applebaum, la periodista que advirtió la intervención de Rusia en las elecciones de Estados Unidos, escribió una conmovedora y preocupante obra titulada “el Crepúsculo de la Democracia”. En el libro, la autora nos narra la degradación y la deriva autoritaria que afecta a dos países de la Unión Europea: Hungría y Polonia. No estamos hablando de países del África Subsahariana, sino europeos, países que forman parte de esa unión comercial y democrática que es la Europa de los 27. Y a pesar de ello, gobiernos ultraconservadores han arrasado con la independencia de los tribunales, han perseguido a la prensa crítica y a la oposición, y han silenciado a las voces críticas universitarias. La conclusión del libro es que la democracia no es un sistema de libertades que se gana hoy y para siempre, sino que es como una planta que se debe cuidar y regar todos los días. La democracia se puede marchitar y devenir en autoritarismo en poco tiempo. Haciendo un paralelismo con la política monetaria, la democracia sube por las escaleras, pero el autoritarismo baja por el elevador. 

 Manuel Andrès López Obrador hasta hoy no se ha declarado en rebeldía contra las decisiones del Congreso o en contra de aquello que mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La prensa opera correctamente, fiscalizando al poder presidencial, y las universidades han defendido su autonomía frente a los embates del presente. No tenemos la historia democrática de otras latitudes, pero sí un sistema político que, con dificultades, pero más o menos funciona. No obstante, en últimas semanas hemos visto que el Presidente ha decidido cruzar líneas rojas. Es como si frente al inexorable declive del sexenio, López Obrador haya apretado el acelerador y esté dispuesto a tensar al máximo la relación entre poderes y la relación de su Gobierno con la ley. El tiempo pasa y la ansiedad presidencial empuja al jefe de Estado a comprar la máxima maquiaveliana: el fin justifica los medios. Las formas estorban, se llamen leyes, tribunales o procesos legislativos. Lo relevante es cumplir con el pueblo.

 El presidente se asume como bueno por naturaleza y entiende que no debe estar sujeto a los mecanismos de control democrático. Lo decía Carlos Bravo Regidor, y coincido: el presidente cree que “los medios traicionan sus fines”. El decretazo que reserva información de obras prioritarias para el Gobierno Federal es el último escándalo. El decreto presidencial busca mantener en secrecía y opacidad inversiones hasta por 500 mil millones de pesos. El argumento del presidente es altamente preocupante: escondemos información porque no queremos que el estado de derecho opere. “No queremos amparos”; nos estorba la justicia, traduciendo al Presidente no quiere cumplir con la ley, como la tramitación de los estudios de impacto ambiental, que son demorados y toda obra que afecte al medio ambiente, se tienen que elaborar. No se equivoca el Washington Post con su lema: la democracia muere en la oscuridad. Reservar información para limitar los derechos de terceros, sean afectados por proyectos o periodistas que hacen su labor, es cruzar una línea roja. 

Piense en esto conspicua (o) lectora (or). Si los gobiernos anteriores hubieran reservado la información de la presa de El Zapotillo para evitar amparos, hoy los tres pueblos estarían debajo del agua. Los tribunales no son el poder conservador, sino el protector de los derechos y libertades frente a la arbitrariedad del poder. No obstante, el decretazo no es el único tic autoritario que hemos visto en estos días. La alianza política entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas supera el ámbito estrictamente institucional. El discurso del general secretario Luis C. Sandoval es reflejo de una colusión mucho más profunda. El ejército asume como propio el ideario del partido en el poder. No es un ejército para todas y todos sin importar como piensen. Se vuelve una institución de parte y eso es peligrosísimo. Los militares le deben lealtad a la democracia y a la Constitución; nunca a un partido político. Esta misma semana L(í)opez envió una iniciativa al Senado para fortalecer los poderes de Sandoval y el decretazo también protege al Ejército del escrutinio ciudadano. 

A estos dos hechos hay que sumarle el embate contra una institución de prestigio académico como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Decía Jean Meyer, historiador y académico de dicha institución, que la vulneración de la autonomía del centro de investigación es un experimento que luego podría ser replicable en universidades de la talla de la UNAM o la UdeG. El acoso al CIDE ha sido permanente desde el inicio del actual Gobierno, al punto de desfondarlo con la desaparición de fideicomisos o debilitar su plantilla de investigadores, a través de mecanismos draconianos. Incluso, el director de la sede de Aguascalientes, Alejandro Madrazo, fue destituido por defender los derechos de los trabajadores de la institución. El ataque ha llegado a tal nivel que el propio CONACYT ha impuesto a un director interino –que se quiere quedar– que ni siquiera ha sido docente del CIDE. Todo esto por razones ideológicas y de control político: acusan al CIDE de ser neoliberal, cosa que no es. Es una institución plural y crítica, y eso molesta en Palacio Nacional. Podemos seguir relatando hechos inquietantes como la designación de quien fungirá como titular del Banco de México en un proceso desaseado y opaco o incluso el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que tiene nula experiencia en finanzas y sí mucha en política. 

La Corte jugará un rol clave para evitar los abusos de poder y proteger la democracia. Que nadie nos ponga a decidir entre leyes o democracia. Es un debate absurdo. No hay democracia sin Estado de derecho. El único dique frente a la acumulación de poder es la protección legal de nuestros derechos y libertades. Es el Estado de derecho quien debe ponerle un freno a un Presidente que, ahora sí, parece un tractor que quiere pasar esas líneas rojas. 

Jugadas de la Vida

Don Felipe Ángeles Melo , padre del general revolucionario, se sumò a las guerrillas republicanas que defendieron al país de la invasión francesa entrev 1862 y 1867, el general Felipe Ángeles Ramírez, aprendiò de su padre que solo se lograría justicia y progreso cuando fueran redimidas las clases analfabetas.

Twitter: @ldojuanmanuel