Jorge E. Franco Jiménez.

Recibí datos sobre una iniciativa de reforma a la ley de amparo que impacta el rubro de las medidas cautelares que en forma inmediata puede dictar un Juez Federal para preservar la protección de los derechos humanos y sus garantías que el gobernado estimé afectados por los actos de la autoridad, como son la suspensión de plano, de oficio o a petición de parte como se han descrito por la Suprema Corte que operan en el caso de las vacunas de menores recientemente.

Se trata de una iniciativa que, en mi opinión, tiende a restringir el ámbito de protección del gobernado frente al quehacer de la autoridad, cuando los considere arbitrarios y fuera del orden constitucional y legal a fin de que un Poder Judicial Autónomo, como lo es la Suprema Corte, sus magistrados y sus jueces, mediante el juicio de amparo defienden lo que les propio sus derechos humanos a la dignidad, libertad, seguridad jurídica, legalidad y respeto a la Constitución

Este gobierno al concluir su cuarto año de ejercicio enorme del poder, ha ido inhabilitando, todos aquello que se opone a la cerrada voluntad del presidente que siempre tiene una respuesta para distorsionar una realidad evidente que, en situaciones específicas, le es adversa, como lo hizo en la reciente contestación que dio respecto a las posibles sanciones que se impondrían a México a nivel internacional, con la parte de una canción que dice “huy que miedo”. En otros países de sistemas parlamentarios democráticos el presidente o primer ministro hubiere renunciado, como acaba de suceder en Inglaterra, aquí nos dio risa y distrajo; a los políticos contrarios, los mantiene al margen, ocupados en los problemas internos que alienta con el su aliado, el brazo poderoso de la fiscalía.

En la Cámara de Diputados se incentiva una reforma a la Ley de Amparo, herramienta protectora de los Derechos Humanos de todos los mexicanos y habitantes de la República, para evitar que la suspensión de sus actos y proyectos no sean afectados por esa medida como sucedió con el tren maya. Pretende el Poder legislativo Federal y su mayoría, adicionar el artículo 128, para prohibir tajantemente se otorgue dicha medida cuando se trate de “Los actos de poderes, órganos y entidades públicos en materia de áreas estratégicas, bienes del dominio directo de la nación y del Plan Nacional de Desarrollo que se prevén en la Constitución. Los mexicanos no podemos suspender estos actos, expresión de la omnímoda voluntad presidencial, de aprobarse, se legaliza la arbitrariedad de estos actos.

Con motivo de los actos del Poder Federal que contaminan a los Gobiernos Locales con las mismas prácticas, es trascendente el pronunciamiento que hizo público la Presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Claudia E. del Buen en la que “expresa su profunda preocupación por las expresiones del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Por un lado, con relación a una supuesta investigación iniciada al titular de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; y por el otro lado, declarando como “asunto de seguridad nacional” la construcción del Tren Maya, a fin de transgredir la suspensión definitiva decretada por un juez de Distrito, toda vez que se violenta la independencia judicial y se quebranta el estado de derecho.

Agrega que, nuestro Colegio rechaza categóricamente la realización de estas actividades por parte de la administración pública federal. Exige que se respeten los canales institucionales para expresar inconformidad en contra de las decisiones de los órganos jurisdiccionales; que la mención de la realización de investigaciones personales dirigidas a funcionarios jurisdiccionales, compromete la independencia judicial, y debilita los cimientos de un estado constitucional de derecho, con el cual nuestro Colegio confirma plenamente su compromiso de seguir contribuyendo para su consolidación.

Los actos que distinguen la cuarta transformación tienen a minar profundamente la vida institucional, formalmente del Estado Mexicano Democrático de Derecho, desde el principio de su gestión, ha sido minar todo lo que se le opone, mediante acciones de facto, reformas constitucionales y legales, así como el brazo de la fuerza de una fiscalía y una Suprema Corte que transita en una autonomía degrada adecuada a ese quehacer, limpiarle el camino de una oposición política debilitada y un pueblo que no sabemos que hacer ante los temores de ser considerados conservadores, corruptos o traidores a la patria sujetos a investigaciones.

Hoy es una realidad la inquietud patentizada por el ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, en un discurso pronunciado el pasado 10 de marzo en Madrid, España, durante el XII Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, en que advirtió sobre los riesgos de que el Poder Judicial pierda autonomía e independencia respecto del Ejecutivo, mediante una diversidad de iniciativas de reforma constitucional para transformar o capturar completamente la estructura del Poder Judicial.

Destacó que La reforma al Poder Judicial, propuesta por el actual Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, e impulsada por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ha servido para minar la independencia de jueces y magistrados que, además, cuenta con otras disposiciones que presentan el grave riesgo de que el Gobierno termine ejerciendo un control político de la función judicial, afectando gravemente la independencia judicial.

Esto es lo que está pasando respecto a una inquietud anticipada que, en la actualidad está desbrozando con paciencia y violencia de hecho y legal, su ruta en ese sentido.

La realidad que vivimos, debe motivarnos a reaparecer, a los ciudadanos críticos y defensores de lo que no es común a simpatizantes o no de la actual forma de gobernar, los Derechos Humanos de nosotros y de las futuras generaciones frente al Estado.

jfranco_jimenez@hotmail.com