EL PAÍS
CARMEN MORÁN BREÑA
México – 27 SEPT 2022 – El Gobierno ha decidido consultar a la población sobre dos de los asuntos que han sido más polémicos en la política mexicana en las últimas semanas: la extensión hasta 2028 de la presencia del Ejército en las calles haciendo tareas de seguridad pública y qué secretaría debe hacerse cargo de la Guardia Nacional. No se tratará de una consulta popular tal cual está definida en la Constitución, ni será el INE, por tanto, el encargado de ella. El resultado, en consecuencia, no será vinculante. La organización quedará a cargo de la Secretaría de Gobernación y de un “comité ciudadano de carácter honorífico”, según lo ha anunciado esta mañana el segundo del presidente, Adán Augusto López. El secretario de Gobernación ha dicho que este “ejercicio participativo” se celebrará el domingo 22 de enero del año que viene. La presencia del Ejército en las calles hasta 2028 es una iniciativa que se ha aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados, pero ha quedado encallada en el Senado por falta de la mayoría calificada, dos tercios del pleno, por lo que ha sido devuelta a su debate en comisiones. Si no se consigue aprobar, como pretende el Gobierno, que no cuenta, por ahora, con el apoyo del PRI en el Senado, la iniciativa se volverá a presentar en febrero, una vez que se haya consultado al pueblo sobre ello.
Para la consulta a la ciudadanía se dispondrá un centro en cada una de las 68.989 secciones electorales definidas por el INE y se invitará a la población a sumarse a esta jornada, tanto en la promoción previa de la participación como en la recepción y vigilancia del voto. Los voluntarios se encargarán también del recuento, cuyo resultado se entregará en las oficinas de Gobernación de cada Estado y finalmente serán la secretaría y el comité honorífico quienes lo hagan público, dos días después, el martes 24 de enero. Los ciudadanos podrán votar mostrando su CURP y una identificación oficial con foto. Gobernación también abrirá un portal para el voto electrónico. La promoción de la participación en las plazas públicas se abrirá el 10 de octubre y concluirá el 16 de enero.
Habrá tres preguntas a consulta: la primera cuestionará sobre la creación y el desempeño de la Guardia Nacional hasta ahora. La segunda está redactada de la siguiente manera: “¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo su labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?”. La tercera dará tres opciones sobre dónde debe inscribirse la Guardia Nacional, si en la Secretaría de Defensa, volver a la Secretaría de Seguridad Pública o bien bajo el mando de Gobernación. El Gobierno va a reunir a los gobernadores de los Estados y a los presidentes municipales “para que coadyuven en la organización” y se les presentará al comité honorífico, cuyos integrantes no se han hecho públicos todavía.
Las reformas previstas por el Gobierno han abierto estas últimas semanas una auténtica tormenta política. Por un lado, se aprobó pasar a la Guardia Nacional bajo el mando de la Defensa, en lugar de dejarlo como un cuerpo de seguridad civil en el seno de la Secretaría de Seguridad Pública. Eso ha ocasionado numerosas quejas ciudadanas que alertaban sobre la “militarización del país”, habida cuenta de que en el mandato de Andrés Manuel López Obrador se han ido cediendo a los militares numerosas funciones, como la construcción de obras civiles de gran calado, el Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles, entre otras; también ha pasado al mando de la Sedena la vigilancia aduanera y la construcción de los bancos de bienestar.
Una iniciativa del PRI en el Congreso a primeros de septiembre destapaba otra vez la caja de los truenos. La diputada Yolanda de la Torre propuso en la Cámara baja extender las tareas de seguridad pública del Ejército en las calles hasta 2028, inicialmente prevista para 2024, debido a la inseguridad que recorre el país y considerando, dijeron, que la Guardia Nacional aún no estaba preparada para ello. La iniciativa ha resquebrajado a un PRI ya de por sí roto internamente, que ha sugerido la dimisión del presidente nacional, Alejandro Moreno. Las acusaciones fueron explícitas: los contrarios a Moreno interpretaron que se había vendido al Gobierno para no ser desaforado y poder mantenerse en pie ante las acusaciones por parte de la Fiscalía de Campeche de enriquecimiento ilícito.
El asunto ha sido, además, una bomba en la alianza que reúne a la oposición, conformada por el PRI, el PAN y el PRD. Los dos últimos exigieron a los priistas que no siguieran por ese camino, y acabaron por suspender temporalmente la coalición que les mantiene unidos en sus tareas opositoras. La iniciativa pasó por el Congreso con el apoyo del partido del presidente, Morena, y con los votos del PRI, donde Alejandro Moreno tiene su fuerza. Pero se ha atascado en el Senado. Los priistas en la Cámara alta no han dado su brazo a torcer y la semana pasada, por falta de apoyos, se devolvió la minuta a comisiones.
El Gobierno espera ahora contar con la fuerza emanada de una consulta popular no institucional que podría doblegar definitivamente la voluntad de los partidos opositores. La simpatía del pueblo hacia las Fuerzas Armadas se manifestó con rotundidad en el desfile militar el día de la Independencia, cuando los uniformados se dieron un baño de multitudes y se fotografiaron con los asistentes a la celebración, prestándoles sus armas y mostrándoles sus pertrechos de lucha. Paradójicamente, la llamada militarización de México, que tuvo una contestación interna en las filas de Morena, ha acabado por resquebrajar a la oposición, más proclive, tradicionalmente, a enarbolar las funciones del Ejército.