REFORMA
Martha Martínez y Claudia Salazar
Cd. de México (07 diciembre 2022).- Con prisa inusual, y una iniciativa presentada minutos antes de su discusión, Morena y sus aliados aprobaron esta madrugada reformas a seis leyes que restan facultades y compactan al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral federal.
Por tratarse de reformas secundarias que no requerían de votación calificada, la alianza oficialista avaló las iniciativas por mayoría simple.
La Oposición acusó un albazo y definió el proceso como desaseado e ilegal.
Distintos oradores presentaron mociones suspensivas para debatir en comisiones las iniciativas, pero fueron desechadas.
Luego de la ronda de oradores que fijó posicionamientos, los diputados del bloque opositor abandonaron el pleno de San Lázaro en protesta por el “desaseo legislativo” y no participaron presencialmente en la votación.
El panista Jorge Triana dijo en tribuna que AMLO impulsaba “un burdo sabotaje” al proceso electoral de 2024. Rodeado por diputados panistas, quienes taparon su boca con pegotes que tenían la leyenda: “Que hable México”, Triana encabezó la salida en silencio del recinto.
Los morenistas les gritaron “¡Afuera los traidores!”.
El morenista Leonel Godoy dijo que el abandono opositor era una actitud antidemocrática y afirmó que las reformas a 6 leyes secundarias pretendían ahorrar 3 mil millones de pesos.
Previamente, Salomón Chertorivski, de MC, señaló que la decisión no tenía precedentes.
“Es una reforma espuria, un trámite vergonzoso; les anticipo que el Senado no dispensará los trámites y se tendrá que discutir, y si es a favor, nos vemos en la Corte; ya hay precedentes y por unanimidad, nos van a volver a enmendar la plana”.
Carlos Puente, del Partido Verde, sustentó el voto a favor de su partido por el “Plan B”, “porque la oposición cerró los espacios” de un acuerdo. El PVEM enmendó la iniciativa gubernamental para garantizar disposiciones que no afectaran su registro y les permitieran guardar remanentes de financiamiento público por varios años.
Compacto, el bloque opositor (PAN, PRI, PRD y MC) había contenido previamente la intención del Gobierno federal de suprimir al INE mediante una reforma constitucional. Sin embargo, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, entregó desde el mediodía el denominado “Plan B” con modificaciones no constitucionales a leyes electorales secundarias.
Entre los cambios más importantes está la desaparición de direcciones del INE, la supresión de su estratégica Junta Ejecutiva, dar temporalidad a órganos electorales en las juntas distritales para que funcionen sólo 260 en lugar de 300.
El ajuste administrativo deberá estar listo en 2023 y los demás cambios de procedimiento electoral se aplicarán para las elecciones presidenciales del 2024.
La reforma modifica el inicio de la jornada electoral de septiembre a noviembre del año previo a una elección constitucional, para ahorrar en la insaculación de ciudadanos.
También se propone fusionar el PREP que hace conteo de actas de casilla con un escrutinio de votos en tiempo real para que los datos se conozcan la misma noche de la elección.
Avalan candidatos de minorías
El “Plan B” electoral amplía derechos electorales que hasta ahora no existían o sólo se implementaban a través de lineamientos del INE o en pruebas piloto.
Por ejemplo, en la legislación se establece la obligación de los partidos para garantizar candidaturas a cargos de elección a jóvenes, indígenas, afromexicanos, personas de la diversidad sexual, migrantes y discapacitados.
También se flexibiliza el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, al permitir que voten por internet no sólo con su credencial de elector, sino que se validaría su pasaporte y matricula consular.
Actualmente, el voto en el exterior se realiza de manera postal y por internet, pero los interesados deben iniciar el proceso con meses de anticipación.
También se plantea garantizar el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva. En las dos últimas elecciones, el INE ha implementado pruebas piloto.
Otro de los aspectos nuevos es que el órgano electoral lleve hasta el domicilio de personas con “discapacidad en estado de postración”, una urna, a fin de que puedan sufragar.