Categoría: Firmas

Jorge E. Franco Jiménez.

En este este periodo de gobierno es posible advertir que los postulados constitucionales, con el tiempo han sido transformados en un esqueleto sin carne que los cubra y propicie que camine en la ruta que marca nuestro documento básico que los armoniza cuando dispone que el pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno vinculado a que su voluntad determinó, originalmente, constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Esta afirmación parte de un hecho incontrovertible que nos muestra la realidad de la forma sui generis que ha implementado el actual gobierno denominado de la cuarta transformación como algo inentendible e intangible en cuanto a su materialidad, pero efectiva en su planteamiento, gobernar mediante la repetición cotidiana del discurso sobre unas cuantas acciones que siempre tienen el mismo sentido y alcance, la corrupción, conservadurismo, medios de comunicación vendidos, enemigos de “nosotros” .

El alma de este gobierno es eso, el discurso de una misma persona, la del Presidente López Obrador, y su imagen sostenida, aun bajo un a crítica que le achaca el abandono de la salud, seguridad, economía, el secuestro de las instituciones y de la imaginaria voluntad del pueblo con la restricción de sus derechos humanos que retroalimenta día con día; se gobierna con la palabra, la imagen permanentemente difundida, lo que a su vez le sostiene con alto porcentaje aun de popularidad.

No se necesita ser experto en encuestas de opinión, para saber que las que se hacen sobre su persona, implican la renovación de su figura, sus palabras y el resultado de estas atados a los comentarios en los medios que destrozan la palabra oficial, por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche, tejido que acrecienta que el receptor tenga gran parte del día presente la figura presidencial, su discurso aun cuando sean huecos o incongruentes con las preguntas de algún periodista agresivo; este es un buen método para conservar la popularidad de su persona no de su corriente política.

Hoy que escribo esta colaboración me convenzo de lo afirmado y para ello, como muestra reciente vi y oí el video de la mañanera del viernes 10 en la parte que contestó diversas preguntas a una reportera de animal político. Se puede apreciar que los factores señalados, imagen, palabras y discurso son la forma de gobernar del Presidente, mismas que le permiten permanecer vigente, como tal, en la mente de lo oyentes, comentaristas y el pueblo en general.

En el video, el Presidente refleja ese propósito publicitario electoral, en sus palabras, sus gestos bien estudiados corresponden a lo que contesta, irradiando enojo, cambia cuando se mofa de lo que le preguntan y que además elude con habilidad, no se si con ayuda del telepromter o por propia iniciativa, para luego volver a una postura tranquila.

En esa mañera destaca como ante la pregunta acerca del espionaje por parte de Sedena a particulares, defensores de derechos humanos, le imprimió un sentido diverso a dicho tema, cuando dijo, que no era espionaje sino inteligencia para investigar al crimen organizado no para fines políticas como las que él había sufrido y de lo cual incluso exhibió un documento de los archivos en donde se informa de alguna de sus actividades en el pasado en Tabasco.

Arremetió contra la mayoría de los medios de comunicación, a los que alude invariablemente como corruptos al servicio de la corrupción y del conservadurismo del pasado que atribuye al Presidente Felipe Calderón y al Lic. Peña, así lo llamó que les pagaban a esos medios que hoy son enemigos de “nosotros” supongo los que gobiernan para el pueblo afirmó, agregando que mediante esa labor de inteligencia se supo anticipadamente de que el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México iba a sufrir un atentado y se le sugirió usar vehículos blindados.

Cuando se le preguntó si podría ir el general Adumaro a explicar lo relativo a la base legal del espionaje y transparentar la compra del programa pegasus para ese efecto; magistralmente replicó que no, porqué los periodistas no ponían la agenda para tratar lo que les convenía para golpearlos a “nosotros”; que, al día siguiente daría a conocer cuanto dinero les pagaban a esos medios los anteriores gobiernos que explicaría esta actitud, pero mediante su área de comunicación se les haría llegar la información.

Indicó que tienen todos los medios para atacarlo que no hay objetividad profesionalidad sino se trata de una prensa vendida alquilada al servicio de los corruptos y que no la verdad y no tenían porqué hacerles el caldo gordo a ustedes, los medios vendidos; es un golpe para “afectarnos” El periodismo sirve a los ciudadanos, ustedes no están cerca del pueblo, sino al servicio de la oligarquía, son piezas claves de ese grupo corrupto que tanto daño a la nación que tiene que ver con el poder económico.

Cerro asegurando que también Estados Unidos también les da dinero a los medios que lo critican. Destaco que López Doriga, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Federico Arreola, Beatriz Pages, recibieron cantidades millonarias y que los jueces y ministros forman parte del grupo conservador por eso ampararon a Jacobito para que siga en el INE. Con todos estos argumentos evadió dar respuestas congruentes.

La respuesta de los medios será igual de agresiva y ello mantendrá la imagen del presidente en la mente de los mexicanos y a su vez conservará su popularidad.

jfranco_jimenez@hotmail.com

Jorge Eduardo Franco Jiménez.

Los poderes fundamentales del sistema mexicano tienen como esencia mantener, conforme dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el equilibrio de su ejercicio desglosado y dividido con el otorgamiento de facultades para ejercer esa actividad fundamental, de mandar y obedecer, bajo formas específicamente diseñadas que delimitan las actividades que cada una de ellos tiene a su cargo delimitado por el respeto a los Derechos Humanos del gobernado.

Lo que conocemos y oímos cotidianamente, como la división de poderes que ejercen, en representación de la voluntad originaria del pueblo, que despliegan los miembros del congreso de la unión, el presidente de la república y los juzgadores de acuerdo a las atribuciones o quehaceres que cada uno tiene, mimos que elegimos periódicamente, bajo un supuesto ideal que denominamos democracia y voto libre, con excepción de los integrantes del Poder Judicial Federal.

La cuestión democrática materializada en elegir libremente gobernantes, está en una etapa de crisis constitucional en México que requiere de un análisis profundo por parte del ciudadano común para definir que rumbo debe darse a tema electoral, el del acotamiento regresivo que se aprecia se pretende con el Plan B que conlleva devolver al gobierno cierto control del ejercicio del voto libre o, el de mantener y avanzar en sentido progresivo.

De ahí la relevancia de la división del ejercicio del poder, pues el tema electoral, en cuanto a su instrumentación posiblemente regresiva y opresiva, esta en manos de los poderes legislativo y ejecutivo federales y hecho efectiva con la publicación del plan B, defendido por los integrantes de esos dos poderes de manera mayoritaria y agresiva, frente a un INE y una minoría legislativa que la impugna institucionalmente.

A reserva de profundizar sobre este asunto trascendental, me parece que dicho plan es notoriamente regresivo en su finalidad y contrario al principio de progresividad de los derechos políticos tutelado, protegido y garantizado por el artículo 1º Constitucional.

Corresponde dilucidar el tema constitucional y la suspensión de la aplicación de la ley al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cabeza del Poder Judicial Federal, cuyos integrantes no son electos por el voto ciudadano, sino designados por los poderes ejecutivo y legislativo federales, mediante un procedimiento diseñado originalmente para mantener el control del ejercicio de su función de regulador constitucional de lo que hacen los legisladores y el presidente en el ámbito federal y que, la pluralidad política y su reforma constitucional trascendió a su composición y su calidad fundamental de ser el instrumento de mantener la Constitucionalidad de los actos de los otros dos poderes.

En Oaxaca, el esquema federal se reproduce, con modalidades, este esquema del poder dividido en su ejercicio. Por ello me llamo la atención que el pasado viernes se llevó a cabo un acto en el palacio de gobierno que representa, al menos en la forma y datos difundidos, una muestra de lo que debe ser la relación y comunicación institucional de los poderes que contrasta con la estrategia agresiva, inconstitucional y violenta del Poder Ejecutivo Federal contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Presidenta Norma Piña.

La reunión en Oaxaca es un gesto público del ejecutivo de su respeto hacia las magistradas y magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado que me parece indicativo de que evitará en lo sucesivo el abuso desmedido y ostentoso que efectuó Consejero Jurídico del gobierno pasado para someter a un poder mediante el nombramiento de magistrados a modo, lo cual parece ser un signo de que se evitara el atropello de los derechos adquiridos por las magistradas y magistrados en funciones.

Me informan que la reunión fue cómoda dentro de las formas oficiales, el gobernador trato cordialmente a las magistradas y magistrados asistentes, con la nota de que dos integrantes no asistieron al evento. El gobernador, su consejero y secretario general lo acompañaron en este seña oficial de una relación institucional que da un giro que debe reflejarse y mantenerse en lo relativo a la ratificación y designación de sus integrantes que inhiba los abusos del pasado gobierno y de su consejero jurídico.

Resalta que a este evento asistió una magistrada que acaba de obtener la protección de la justicia federal para el efecto de que se le tenga por ratificada tácitamente, a lo que tiene derecho constitucional, y es de esperarse que en este caso, la consejería jurídica y el poder legislativo asuman ese mandato y en congruencia encabecen la reforma constitucional y legal local que acote la relación del Poder Judicial del Estado con los otros poderes, en el plano institucional y de no afectación de su independencia y autonomía constitucionalmente garantizada.

Me parece que el acto del viernes puede ser un elemento que permita fijar ese parámetro. El Ejecutivo colaborando con el Judicial a fin de que tenga instalaciones adecuadas para su actividad en los distritos y la capital; incremento de percepciones del personal de primera instancia en el orden presupuestal, material y medios de comunicación electrónica; suprimir las injerencias y candados legales que limitan la independencia de magistradas, magistrados, jueces, secretarios y actuarios y la prioridad de la carrera profesional para ascender.

Es una esperanza que la voluntad política del Gobernador Salomón Jara se traduzca en resultados tangibles y objetivos de auspiciar un mejoramiento efectivo en la administración de justicia que, aun dentro, de la austeridad prevaleciente, es prioritario impulsar una justicia igualitaria para los Oaxaqueños que hoy no alcanza el objetivo constitucional previsto en el artículo 17 constitucional. Ese es un reto local.

jfranco_jiménez@hotmail.com

Jorge E. Franco Jiménez.

El tema de la corrupción oficial en el ejercicio del poder conlleva de manera natural el manejo de los ingresos que aportamos los mexicanos en impuestos, derechos, productos y explotación de bienes nacionales anualmente y sus remanentes, consecuencia de la austeridad pregonada, son los ingredientes que configuran la complicidad y la corrupción que se práctica de forma diversa en cada sexenio.

Ese mal habitual que conocemos como corrupción oficial, se hace notorio en el aprovechamiento del poder para beneficio de los que lo ejercen al gobernar en unión de las elites que, en cada época, son preponderantes para llevar a cabo actos que implican inversión pública, la que compartan en su beneficio, algún segmento del sector privado, favorecido en cada periodo del sector privado. Como el coronavirus se transforma periódicamente.

En ciertos periodos ha prevalecido el gobierno con las numerosas empresas que implemento en alguna época y que tuvo como efecto la queja del sector privado ante la expansión del estado empresario mexicano que propiamente monopolizó un buen número de actividades productivas, industriales, de comercialización.

Ante el fracaso de las empresas estatales convertidas en barril sin fondo para financiar campañas o enriquecer a determinadas elites, se dio un giro que impulso el incremento de la actividad privada en el área económica de la producción en todos sus aspectos, posibilitando la apertura comercial, la libre competencia y la firma de diversos tratados sobre esa materia que subsisten hasta la fecha.

Sin embargo, en este sexenio, el de López Obrador la transformación del manejo de la complicidad y corrupción, tiene sus propias características. Por una parte, se hizo de un socio mayoritario y poderoso para ello, las fuerzas armadas, entregándoles la administración de fondos públicos para inversiones cuantiosas bien conocidas y en paralelo utiliza a esas fuerzas para favorecer o doblegar voluntades; por otra vertiente, somete a los cómplices de pasadas administraciones real y mediáticamente, incluyendo a los comunicadores.

El elemento que modificó el gobierno del Presidente López Obrador, en el rubro de la complicidad y corrupción es la forma para hacerlo, la mediatización política. Es decir, de fondo está vigente la corrupción y complicidad en su gobierno, lo que cambio fueron los asociados.

Si se revisan, aun superficialmente, los acontecimientos relevantes que se han mediatizado, tenemos como muestras, el caso Lozoya, del Gobierno de Enrique Peña Nieto; el asunto de Genaro García Luna y Cárdenas Palomino, de los sexenios de Fox y Felipe Calderón; la detención del hijo del Chapo y Caro Quintero, maximizados de manera permanente; del sector privado el caso Alonso Ancira de altos hornos de México. Juan Lavalle, Anaya, el Bronco, Lavalle etc.

Le mediatización es intervenir dificultando o impidiendo la libertad de acción de una persona o institución en el ejercicio de sus actividades o funciones; la mediatización de la política guarda relación con una agenda y su entorno, para finalmente defender el concepto de transformación por medio de las mañaneras. En ese medio trabaja diariamente el Presidente López Obrador alcanzando hasta hoy un alto porcentaje de aceptación.

Su objetivo transformador ha sido ese mediatizar la política en beneficio de su programa sustentado en la complicidad y corrupción de nuevos socios, enclaustrando la voluntad mayoritaria del pueblo mexicano, irritado por la difusión de los actos negativos del Presidente Peña Nieto y de Felipe Calderón, los cuales repite día a día en su mañanera, convirtiendo en verdad lo que no corresponde a la realidad. Así reafirma día a día no soy corrupto no hay corrupción en mi administración, lo son los del pasado yo la erradico.

Ha creado una falsa realidad en la mente colectiva, mediatizando la política y la procuración y administración de justicia con esa estrategia mediática enfatizada con la de los miércoles denominado de las mentiras en las que califica cuales tienen esa carácter entre las publicadas o dichas por comentadores y críticos sobre actos de corrupción de su administración, sin que reparemos en los grandes montos de dinero que manejan las fuerzas armadas en inversiones y administración de aeropuertos aduanas; táctica que, por cierto, maneja con sarcasmo y habilidad su encargada de comunicación.

Esta estrategia mediatiza y contamina la política, y trasciende a los sistemas de procuración y administración de justicia, insertándolos, en algunos asuntos, como cómplices obligados del sistema. Esto ocurre cuando el presidente, la jefa de gobierno de la ciudad de México o el Secretario de Gobernación, desde la tribuna pública condenan como responsable de hechos delictuosos a determinada persona o como corruptos a servidores públicos contrarios a su corriente. Estas personas ya fueron juzgados y condenados por ellos no por un tribunal. En Oaxaca acaba de darse un caso.

Violentan, con esa mediatización política de acusación anticipada, los derechos humanos de las personas al debido proceso, presunción de inocencia y acceso a una justicia de antemano comprometida, por esas afirmaciones públicas, ante la línea dada por quien manda.

El Poder Ejecutivo y sus alfiles, son los actuales jueces de la vida de los mexicanos, condenan o absuelven, de acuerdo a su agenda transformadora de voluntades no de gobernar. La corrupción y complicidad es amplia ahora en el orden político, un Congreso comprometido con el poder ejecutivo, no con el pueblo, un poder judicial acosado por el poder que restringe de facto su elevada función de juzgar con imparcialidad. La desviación de los fines del ejercicio del poder también es corrupción

El estado a mediatizado esas funciones políticamente con el poder que ha desviado para su propia corriente. El INE y la Suprema Corte de Justicia son la fortificación de los derechos de los mexicanos.

jfranco_jimenez@hotmail.com

Jorge E. Franco Jiménez.

Estamos frente al enconado debate acerca de los efectos que tendrá la Reforma al régimen legal electoral que esta por ser aprobado en la Cámara de Senadores, en la parte relativa a la transferencia de votos entre los partidos, inserta la iniciativa que contiene el el Plan B propuesto por el Presidente López Obrador para buscar el control del Instituto Nacional Electoral y del voto de los mexicanos, tanto en su conformación como operación, que se asegura quedará sujeto, una vez publicada, a una disputa constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante la serie de comentarios que diariamente oímos y leemos en los diversos medios, a reserva de hacer por separado, alguna referencia al contenido del del Plan B electoral una vez aprobado y publicado, es necesario conocer cuáles son las vías con que se cuenta para impugnar lo que se considere que atenta contra los principios constitucionales que garantizan, para el ciudadano, los partidos y el propio esquema de la democracia en la República Mexicana la observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los Derechos Humanos de los habitantes.

De acuerdo al orden jurídico nacional, el control de constitucionalidad en la materia electoral, está a cargo de dos órganos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La primera realiza la revisión de la regularidad constitucional mediante las acciones de inconstitucionalidad y el segundo en ejercicio de la facultad que le autoriza determinar la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución cuyas resoluciones se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio.

La Constitución dispone que el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Plenos Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales Colegiados de Apelación y en Juzgados de Distrito, así como que los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo Federal justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público.

Establece que las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución; que ésta es la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales con la Constitución; al Tribunal Electoral le corresponde, resolver sobre la no aplicación de una Ley Electoral en un caso específico por estimarla contraria a la Constitución, con excepción de lo reservado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Son dos las vías para impugnar las leyes electorales. Una que es de trascendencia general, que es la acción de inconstitucionalidad que tramita y resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, a virtud de la declaratoria de inconstitucionalidad, deja de tener vigencia la ley por ser contraria a la Constitución, de manera total o en las partes que lo determine dicho tribunal.

La otra es como un amparo individual, es decir la que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejercer en los casos que, en concreto se le plantean en las refutaciones, y que solo se refieren al asunto que resuelven, pero no tiene efectos generales, porque únicamente decreta que una ley o un artículo de la misma, es contrario a la Constitución, y por eso lo inaplica únicamente respecto de esa cuestión.

De esta manera podemos prever la ruta que seguirán las impugnaciones al plan B electoral una vez aprobado y publicado, en cuya contra se anuncian las diversas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo a ello, de no suspenderse su entrada en vigor por la Corte al admitir las demandas relativas se podrán aplicarse de inmediato. De otorgarse la medida cautelar no podrá aplicarse el plan B electoral hasta que resuelva el alto tribunal.

De no suspenderse la vigencia de dicho plan aún queda expedita la ruta de la impugnación ante el Tribunal del Poder Judicial de la Federación para buscar que en casos específicos de las controversias electorales que se planteen ante él pueda determinar la inaplicación de la ley o de partes de ella en cada caso especifico en que se invoque como fundamento e informar a la Suprema Corte.

Queda abierta una interrogante en cuanto a si el ciudadano mexicano que estime que se lesionan sus derechos humanos con el plan B electoral ocurra en demanda de amparo para reclamar la inconstitucionalidad del mismo, tomando en consideración que algunos aspectos impliquen una violación a los principios de universalidad y progresividad de esa materia, con vista, en la nueva conformación de ese bloque a partir del dos mil once al carecer de una vía directa la reclamar la violación a su interés legítimo en preservar la regularidad constitucional del Sistema Federal Mexicano,

Además de ello están los principios en materia electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores, como se defenderán por el Ciudadano Mexicano, pues no tiene acceso a las acciones de inconstitucionalidad, sino únicamente al juicio de amparo o a marchar y protestar.

Bueno es de advertir que cada mexicano con vista en la información que se allegue en este relevante tema estará en posibilidad de reflexionar si se está ante medidas restrictivas de su libertad de escoger libremente a sus gobernantes o no y, en consecuencia, con base en esa reflexión orientar su opción.

jfranco_jimenez@hotmail.com

 Jorge E. Franco Jiménez.

El cinco de febrero tuvo lugar una singular remembranza, en la ciudad de Querétaro, con motivo de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, símbolo de la culminación de un movimiento revolucionario que reivindicó, en ese documento, los derechos de los mexicanos en lo individual y social siendo la primera en ocuparse del derecho al trabajo y el asunto agrario en los artículos 27 123 reestructurándose, con base en esos postulados, el sistema de un estado de derecho democrático republicano y representativo.

Hoy es palpable la transformación institucional de la República cuya conformación ha sido en respuesta a exigencias propias de los cambios globales en aspectos sobre todo económicos, políticos y jurídicos que provocaron la innovación de las políticas públicas vinculadas a un tratado de libre comercio, impulsando la adaptación del orden jurídico nacional como elemento esencial de la vida institucional del país.

No obstante, persisten rezagos sociales que se han acentuado a partir del inicio del periodo del gobierno de la transformación y la pandemia, sin que se avizore un mejoramiento en los servicios de seguridad pública, el sistema de salud, la educación y en lo político se pretende regresar al pasado hegemónico, a lo cual se agrega el tema económico, con una inflación alta y costo incrementado en los productos básicos.

Rodea todo este panorama la crisis institucional en que estamos inmersos provocada por la supresión o reforma de los organismos autónomos para hacerlos dependientes del poder ejecutivo en donde resalta la dependencia del poder legislativo al ejecutivo y el acoso que sufre la Suprema Corte, sus magistrados y jueces federales, acción que se manifiesta en los estados para encasillar el futuro de la reglamentación y administración de justicia y la restricción de las libertades de las mexicanas y mexicanos.

Contradictoriamente el sistema republicano atraviesa por periodo de enfrentamiento no de cooperación institucional, entre el Titular del Poder Ejecutivo Federal y la Suprema Corte y una parte minoritaria de los grupos parlamentarios en el Congreso que fractura la unidad de los mexicanos y el régimen del ciudadano de votar y ser votado, desmantela el equilibrio institucional del ejercicio del poder colocando en situación de riesgo las libertades de mexicanas y mexicanos, máxime cuando ha entregado al ejercito el manejo del presupuesto y la labor de perseguir delincuentes.

Este trance no es una especulación, se patentizó en la ceremonia llevada a cabo en Querétaro con la colocación y trato a las representaciones de los poderes legislativo y judicial, esencia de la República Democrática Nacional, descollando que la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Lucía Piña Hernández permaneció sentada cuando arribó el Presidente López Obrador, como corresponde a la titular de uno de sus poderes de la Unión, en igualdad Constitucional a la del Poder Ejecutivo.

Esa actitud plenamente republicana fue motivo de elogio frente a una débil crítica negativa. El discurso fue claro y enmarcado en las facultades que le corresponde ejercer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo como cabeza del Poder Judicial Federal, sino como garante de los Derechos Humanos y de la regularidad Constitucional de las mexicanas y mexicanos que, con motivo de la política oficial de debilitar el sistema electoral para controlar la nomina de votantes y orientar resultados, son un objetivo de la cuarta transformación.

En su discurso la Ministra Presidenta resaltó su preocupación ante las injusticias como elemento que incentiva la inconformidad, la irritación y la violencia que requiere ser enfrentadas con convicciones de lucha política, de fortalecimiento institucional.

Agregó, “Nuestra principal responsabilidad es garantizar el acceso a la justicia, viendo por la dignidad humana a través de la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución. Conforme al paradigma de la centralidad de los derechos humanos, el Poder Judicial -guiado por la Constitución— no sólo resuelve las controversias, no sólo pacifica los conflictos, sino que también promueve y cataliza el cambio social.”

Respecto a la independencia de los jueces y magistrados, la Ministra Presidenta apegada al mandato constitucional ratificó la defensa de la independencia judicial de los jueces y de los poderes judiciales, pues son el pilar de la democracia que debe ser preservada y fortalecida como garantía de una adecuada impartición de justicia y de las libertades de las y los mexicanos.

De acuerdo con este deber, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, está comprometido con la defensa del derecho a la estabilidad y ratificación en el cargo de sus magistradas, magistrados, juezas y jueces, para evitar que se erosionen estos principios. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia tiene el reto de ejercer sus facultades Constitucionales para fortalecer la garantía de imparcialidad, en beneficio de los Oaxaqueños.

En paralelo no olvidemos que, en cuanto al INE, las Oaxaqueñas y los Oaxaqueños tenemos el deber de defender nuestra garantía de libertad de votar y ser votado, para que no se convierta en una herramienta de cooptación de nuestra libertad de elegir o ser electo. La Constitución y la Ley son el baluarte de la defensa de nuestras libertades.

jfranco_jimenez@hotmail.com

Jorge E. Franco Jiménez.

Son momentos en que en nuestro Estado se reflejan las acciones, planes y programas, tendientes a allanar la ruta de un gobierno que inicia sus labores reproduciendo, en la forma de gobernar, la estrategia de la transformación, privilegiando un paradigma político sin contenido, la voluntad del pueblo, para suplantarla y asumir como tal, la de quien ejerce el poder a nivel nacional y lo disemina a sus delegados, los gobernadores de las entidades.

Esa actitud pretende encasillar al gobernado en el sendero de la férrea voluntad de mandar bajo la visión unilateral del gobernante, misma que es entendible cuando no afecte la esfera jurídica de las personas o la autonomía de los legislativo y el judicial que, constitucionalmente representan hipotéticamente, una parte de la voluntad del pueblo, no de quien gobierna.

Se aprecia el temor y preocupación en diversos segmentos sociales ante la conducta oficial de un gobernante que se adjudica como propia la voluntad del pueblo, para ejercer el poder de gobernar y eludir así, hacerlo de manera equilibrada ajustado a la división de su ejercicio, al inhibir dicha división sujetándola a las directrices que impone el titular del poder ejecutivo. Un ejemplo, el plan B en materia electoral.

Este modo se refleja en nuestro estado con la finalidad de adecuar el ejercicio del poder de gobernar a la voluntad del titular del poder ejecutivo, bajo la repetida frase de que se hace en nombre del pueblo, no obstante que éste, como constituyente trazó en la Constitución, lo contrario, es decir la división de la facultad de gobernar, para evitar el despotismo, el abuso del poder y la arbitrariedad que daña el ámbito de los derechos fundamentales del ser humano y el sistema federal democrático.

Las evidencias fueron objetivas en el procedimiento de designación de fiscal, no por la persona que tomó posesión del cargo, sino por el desaseo del procedimiento que implicó la violación al mandato contenido en la constitución del estado de Oaxaca, desaliño que se remeda, en cuanto a la de magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado está obligado a velar que la designación de Magistradas, se apegue a la Constitución del Estado de Oaxaca tutelando los derechos de las y los magistrados a la ratificación tácita y la ratificación ordinaria cuando la legislatura del Estado haya iniciado en tiempo ese proceso.

El orden constitucional y legal del Estado de Oaxaca impone al Poder Judicial garantizar la supremacía y el control de la Constitución Local y cuidar la independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones; establecer las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de sus servidores públicos; así como que las magistradas y magistrados no sean privados de sus cargos, sino mediante juicio político cuando se les pruebe una causa de responsabilidad.

Conforme al orden jurídico vigente, las magistradas y magistrados en funciones, tienen el derecho a permanecer en el cargo del cual solo pueden ser despojados cuando haya un motivo probado de responsabilidad previo juicio político; ello se vincula con el derecho a la ratificación tácita, cuando continúan en funciones sin que se les haya revocado el mandato y no hayan sido ratificados en tiempo por la legislatura del estado, que conlleva la estabilidad en el cargo como garantía de la imparcialidad del juzgador y autonomía del poder judicial.

El otro derecho adquirido, de magistradas y magistrados, es el de continuar en el cargo al término del periodo que fija la Constitución con atado a su ratificación, mediante el decreto de la legislatura, y no exista causa o motivo de responsabilidad probada previamente en el juicio político, que justifique que se le prive del derecho a ser ratificada o ratificado, lo cual es acorde con la finalidad de que se garantice la autonomía del poder judicial.

En síntesis, en mi opinión, son dos derechos los que asisten a las magistradas y magistrados, uno el de la ratificación tácita y, el otro a obtener la ratificación mediante el procedimiento ordinario cuando no haya operado la tácita; en ambos casos, me sustento en una interpretación racional y sistemática como es el de la permanencia en cargo, salvo renuncia voluntaria o por determinación en un juicio político por responsabilidad; argumentar en contrario me parece que no es un criterio congruente con el actual bloque de los derechos humanos que asiste a los servidores públicos de que se trata.

El pleno del Tribunal esta facultado por la Constitución del Estado y la Ley Orgánica para velar por la observancia de la regularidad en la observancia de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca que conlleva la autonomía del Poder Judicial, la estabilidad en el cargo y la imparcialidad del quehacer de los juzgadores, pues de otra manera quedan sujetos a una potestad diversa.

Existe el temor de que algún o algunos miembros del Consejo de la Judicatura Federal, este asesorando al área jurídica del gobierno del estado, para evitar que la justicia federal haga su labor, lo cual es muy peligroso, sin embargo, ya se están propalando algunos nombres en las redes y posiblemente lleguen a oídos de la presidenta de la Suprema Corte. Esperemos que estos rumores no sean realidad.

Sustento este criterio en un acuerdo, XX/2022, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia que ignoro por qué no se dio a conocer en el cual se hace mención de estos dos derechos y la forma de garantizarlos, espero hacer un desglose de su contenido más adelante.

Los gremios de abogados tenemos el interés legítimo de intentar vías para proteger el derecho a una administración de justicia conforme a lo dispuesto a los artículos 17 y 116 Constitucionales.

jfranco_jimenez@hotmail.com

Jorge E. Franco Jiménez.

La regularidad constitucional en un estado de derecho es esencial para que este se considere democrático, sustentado precisamente en la división del ejercicio del poder y el equilibrio que implica para evitar el desborde de los actos de gobierno que inextricablemente de materializan en el abuso de la potestad de mandar y en la arbitrariedad que no solo afecta las instituciones del estado gobierno sino que trascienden al ámbito de los derechos humanos que son inherentes a toda personas, de ahí la obligación del Gobierno, de mantener la observancia del orden constitucional.

Hoy advierto que, en nuestra entidad, la renovada administración inició su actuación, reproduciendo acciones semejantes a las del gobierno de la República, que no se ajustan a la regularidad constitucional nacional ni a la local al erosionar el esquema de la división de poderes y hacer suyas facultades que son materialmente del poder judicial y de procuración de justicia, que son instrumentos que fundamentalmente afectan el patrimonio o la libertad de los gobernados.

En cuanto al poder legislativo en el que, de manera obvia se aprecia, que comparte la línea que marcan los poderes ejecutivos, en Oaxaca no es preocupante su actividad, al saberse que los que los integran o son simpatizantes del gobernador en turno o, bien se vinculan a este, mediante ese esquema de la complicidad compartida que deriva de la distribución de recursos que impulsan las iniciativas que interesan al gobernante, es decir, un financiamiento que todos saben que se disimula en los trabajos de promoción que cada diputado hace en su distrito.

Las infracciones visibles por su notoriedad son las que afectan los ramos de la justicia, tanto en su fase de administración como de procuración y no así las legislativas que, de alguna u otra manera quedan sujetas a una decisión final en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como hoy sucede en el nivel federal y pronto lo veremos en el nivel de nuestro estado, por la forma en que vemos que se están dando algunas acciones de de gobierno.

Los actos son abiertos y públicos, por eso resaltan los asuntos en que ocurren actos de poder, al margen del orden constitucional, es decir, al igual que la federación, se esta fracturando la seguridad jurídica de los habitantes del estado dándose una serie de contradicciones en que la facultad de juzgar, exclusiva de los tribunales, se imparte por los medios de comunicación y autoridades que, sin estar facultades por la ley, influyen o distorsionan el quehacer judicial e incluso anulan la imparcialidad e independencia de los juzgadores. (recordemos el caso de Florence Cassez)

La muestra está a la vista en un asunto ampliamente publicitado del orden penal en el que se debate un tema de tentativa de femicidio y el otorgamiento de la revisión y sustitución de la prisión preventiva aun imputado por la de reclusión en casa para seguir el trámite del proceso que le fue otorgada.

El hecho penal como ocurrió es repugnante, sin embargo, la decisión judicial debe ser cumplida mientras no sea revocada por un superior del juez que la otorgó. Esta es la litis actual pues la medida fue de facto suspendida por la autoridad administrativa sin facultades supuestamente respaldada, a posteriori, por una decisión judicial que se difundió, que mantiene en el limbo el cumplimiento del mandato, de una juez de control asignada, cuestión que ahonda la distorsión del orden de la justicia penal oral pues de garantista se vuelve lo contrario, es decir inquisitorial.

No se trata de defender a un imputado o de lesionar los derechos de la víctima, sino de mantener la regularidad constitucional y no encubrir el cumplimiento de la ley y los mandatos judiciales sin que previamente sean revocados conforme al propio orden jurídico, pues ello propicia la arbitrariedad y el abuso del poder que agravia a todos los habitantes del estado y perjudicará en lo individual al que llegue a encontrarse en la misma situación que ahora se controvierte.

El Estado Mexicano, todo en su conjunto, Federación y entidades con sus poderes acaba de ser condenado por la Corte Interamericana respecto a la revisión en su legislación de las figuras del arraigo y la prisión preventiva y que la misma se arregle al orden convencional de los Derechos Humanos ya que resultan contrarias a la Convención Americana que los regula y a los criterios de ese tribunal.

De lo resuelto por la Corte Interamericana resalto algunas consideraciones que orientan la opinión vertida en esta colaboración. Dice, “De forma preliminar, corresponde recordar que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio, y que, en esa medida, deben emplear los medios necesarios para enfrentar la delincuencia y criminalidad organizada incluyendo medidas que impliquen restricciones o incluso privaciones a la libertad personal. Sin perjuicio de lo anterior, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines, independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus presuntos autores. En particular, las autoridades no pueden vulnerar los derechos reconocidos en la Convención Americana tales como los derechos a la presunción de inocencia, a la libertad personal, al debido proceso y no pueden llevar a cabo detenciones ilegales o arbitrarias, entre otros”.

La decisión es amplia y en diversa opinión la expondré como ingrediente que fortalezca el estado de derecho en Oaxaca.

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